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Lunes 17 Junio del 2019
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La silla del patrón

Sargazo, un enemigo de cuidado parte 2

Sorprendió nuevamente el sargazo, cuando pensamos que la “temporada” ya había pasado.

Diciembre nos dejó una terrible noticia, lejos de cualquier cálculo y pronóstico, recalaron fuertes cantidades del alga, lo hizo en fechas donde se supone que no debería.

Con esto, podemos presumir, que la “temporada” sargazera será todo el año.

Declaraciones como la del secretario de turismo de Solidaridad, Ernesto Bartolucci, donde afirma que “es un tema que se nos fue de las manos, no tenemos la tecnología adecuada para combatir. Es un asunto de límite conocimiento y nos queda adaptarnos a este fenómeno”, es una muestra clara de la suma ignorancia.

Esta torpe declaración deja claro dos grandes verdades:
1. Incompetencia municipal
2. Ignorancia del fenómeno

El sargazo sí se puede contener, podemos hacer que no recale en las costas, pero tendrá costos económicos altísimos.

Lo primero, a mi punto de vista, es instalar un sistema de monitoreo vía bollas con cámaras con sensores que puedan detectar cuando la alga marina se aproxime. En estos momentos tenemos las imágenes satelitales de la NASA; el problema con ellas es que no son en tiempo real y las fotografías son de tomadas días anteriores , por lo que un monitoreo de la trayectoria en tiempo real y posible cálculos de volúmenes, es el primer gran reto.

El segundo paso a seguir sería trazar las categorías del volumen y tiempos de llegada, con esa información se pude planear las medidas de prevención adecuadas que deben implementarse.

Si la masa que estaría por arribar es de mediana cantidad, las barreras funcionan.

Si la masa es de altos volúmenes, entonces hay que empezar a atajarlo mar adentro.

Imaginemos una gran embarcación succionando el alga desde alta mar y llenar una especie de “almacenes flotantes”, que después serían llevados a la costa para descargarlos.

En una fuerte arribazón no se logrará atajar en su totalidad, eso es claro, pero reduciría una cantidad muy considerable; de tal forma que lo que lo no se logre recolectar sea contenido por las barreras y con ellas re direccionado a un punto de confinamiento, hacer una especie de embudo, que lleve el sargazo a algún punto de la costa previsto y desde ahí sacarlo.

Tendríamos que crear una especie de categorías de clasificación, tal cual huracanes, cuando el arribazón sea incontenible, entonces entraría una tercera estrategia, ¿quién va a la playa cuando la autoridad comunica algún tipo de huracán o alguna tormenta tropical? ¡Nadie! Algo similar debemos crear, de modo que cuando el arribazón sea incontenible, avisemos con antelación, que ese día las playas no estarán en condiciones para disfrutarlas y que esperen al siguiente para asistir a ellas. Mientras tanto, debemos esperar la fuerte llegada del sargazo con las máquinas listas para limpiar la playa lo más pronto posible.

En las observaciones que hicimos durante la temporada anterior logramos confirmar que un fuerte arribazón del alga, puede ser limpiada a más tardar en 12 horas.

Lo que es completamente inaceptable es “adaptarnos” como se sugiere en Solidaridad, donde para rematar las autoridades declaran que “los turistas tienen que convivir con el sargazo, y que aunque los turistas siguen eligiendo Playa del Carmen, pero cambian las playas por los cenotes, la selva y los parques”.

Esta es otra declaración desafortunada e inaceptable.

La competencia turística mundial es altísima y nuestros visitantes no deberían convivir con esas cantidades de sargazo y mucho menos putrefacto expidiendo olores espantosos.
El sargazo, sin duda queridos lectores, es un enemigo de cuidado, de tanto cuidado que, municipios como el de Solidaridad se derrotan antes de luchar contra él.

Alto riesgo, el periodismo

“Nocturno en que nada se oye
En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte,
en esta soledad sin paredes
al tiempo que huyeron los ángulos
en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre
para salir en un momento tan lento
en un interminable descenso”.

-Xavier Villaurrutia

Desde el año 2000 a la fecha, han sido asesinados 136 periodistas, 14 de ellos mujeres; de 2005 a la fecha han desaparecido 21 periodistas, incluidas dos mujeres. Han ocurrido 52 atentados contra medios de comunicación del 2006 a la fecha.

México, según Reporteros Sin Fronteras, una de las organizaciones internacionales más respetadas en la defensa del periodismo, es el tercer país más letal para ejercer esta profesión, después de Siria y Afganistán.

Los visores de la CNDH han calificado al oficio como de ALTO RIESGO porque han advertido el incremento de las quejas, en especial las agresiones.

La criminalización del periodista tras su asesinato se vuelve también una forma de violencia severa, relacionada con justificar la ineficiencia del estado. “Es como decir ‘te pasó algo porque eras malo’, mencionó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.

“Cuando matan a un periodista las autoridades siempre siguen el mismo patrón: no han empezado ni a investigar y empiezan a soltar versiones que no tienen nada que ver con su ejercicio periodístico. Alegan que (su muerte) tenía que ver con su vida personal , que andaba metido en cosas raras o fue un crimen pasional, esto último lo dicen mucho en el caso de las mujeres”, destacó Olivia Zerón, reportera y conductora.

Luis Raúl González, presidente de CNDH, declaró que la falta de esclarecimiento de los crímenes, agresiones o amenazas, “es un caldo de cultivo para que se sigan propiciando y, que en el fondo, lo que está aconteciendo es que se está lesionando uno de los pilares de la democracia”.

La impunidad y la corrupción es el enemigo a vencer en la lucha para la protección de la libertad de expresión. ¡Urgen resultados! ¡Justicia!

Nuria Varela, escritora y reportera, lo dice bien: “la impunidad es el motor de la violencia, si matar asesina, torturar es gratis. ¿Por qué no hacerlo?”

“La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década. A pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos para la protección y persecución, la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, afirmaron David Kaye, de la ONU y Edison Lanza, de la CIDH.

Naciones Unidas ha lanzado dos comunicados para Quintana Roo en menos de un mes, uno por el asesinato del comunicador Guadalupe Chan, en Felipe Carillo Puerto, y otro por la ejecución del periodista Rubén Pat, en Playa del Carmen. Esto debe de ser atendido y debe de ser resuelto por el bien de nuestro bello destino.

Nuestro Quintana Roo, Nuestro hermoso estado, está crujiendo…

¡Ganamos todos!

En Quintana Roo podemos sentirnos muy satisfechos del proceso electoral, fue un proceso democrático ejemplar y pegado a la legalidad.
Debemos reconocer que el gobernador Carlos Joaquín González no metió las manos, como acostumbraban sus  antecesores.  Lo declaró en tono firme y lo cumplió: “¡Yo no tengo candidatos! Lo que sí tengo es el deseo de que haya orden, paz y tranquilidad a la hora de elegir”.
El mandatario prometió que todos los partidos y candidatos recibirían la total certeza de que las elecciones serán democráticas y abiertas y enfatizó que: “que gane aquel que la sociedad decida. Que así sea”
A los medios de comunicación no se les impuso una “línea” desde el gobierno del estado, como se acostumbraba en los sexenios anteriores, la realidad es que la forma de gobierno de Carlos Joaquín González  se apega más al respeto de las leyes, a las reglas. Sin duda, un gobernante demócrata.
Andrés Manuel López Obrador visitó varias veces Quintana Roo y  jamás tuvo obstáculos, de hecho  el mensaje siempre fue de “bienvenido”. Como el gran pueblo turístico que somos, también supieron traer al hoy presidente electo de México.
Sus candidatos operaron sus campañas libres y sin persecusiones. Carlos Joaquín  sabe lo que se significa la guerra sucia, las persecuciones, las amenazas los bloqueos, los insultos… Félix y Borge operaron sin piedad sobre él, ¿quién no lo recuerda?
Hoy Quintana Roo puede sentirse orgulloso de vivir una fiesta democrática la expresión ciudadana. En el sufragio se expresó en voz de cambio. Morena hoy gobierna las capitales de Quintana Roo y seguramente lo hará de la mano de un gobernador respetuoso de la ley.
Ganamos Todos

Barcos Caribe 

Dentro de las líneas de investigación que siguen los peritos respecto a la explosión en el ferry de Barcos Caribe está la del sabotaje.
Y es que la presencia del padre del exgobernador Roberto Borge en el barco siniestrado ha disparado las especulaciones sobre lo ocurrido.
Recordemos que en un primer momento la Apiqroo señaló que el estallido se debió a una falla técnica, más tarde se determinó que serían peritos especializados quienes investigarían las causas.
En las pesquisas interviene personal del Ejército Mexicano, la Secretaria de Marina e incluso personal estadounidense, debido a que algunos de los heridos son de esa nacionalidad.
Félix González de nuevo 
También conforme pasan los días ha salido a relucir el nombre del exgobernador Félix González Canto, quien en la recta final de su encargo como senador está viendo cómo se cierra el círculo a su alrededor.
Varios medios han consignado la existencia de al menos tres órdenes de aprehensión en contra del aún senador quien, aunque actualmente está protegido por el fuero, en unos meses más dejará de estarlo y podrá ser sujeto a señalamientos jurídicos.
Una de las acusaciones en su contra es por la comercialización de terrenos a precios muy por debajo de su valor. A ese respecto la asociación civil Somos Tus Ojos interpuso el pasado 14 de septiembre ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia en contra del senador Félix Arturo González Canto, quien fue gobernador de Quintana Roo de 2005 a 2011, por el remate de 165 predios que eran patrimonio del estado y que fueron entregados a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.
Otra versión señala a González Canto como el dueño del 51% de la naviera Barcos Caribe, uno de cuyos barcos sufrió una explosión en días pasados, hecho en el cual 24 personas quedaron lesionadas.
Una más de las acusaciones es por el acaparamiento del servicio de taxi, ya que tendría más de 200 concesiones. Para nadie es un secreto en la isla de Cozumel la gran cantidad de placas que acapara el senador y su familia. Las concesiones se remontan a 2005, cuando ya era gobernador del estado.
Veamos cómo se desarrolla la información en estos días venideros.

Los desvíos en SQCS y la UPQOO

Comienzan a aflorar los desvíos cometidos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) durante la administración de Roberto Borge. Allí, otro felixista que sirvió también a Borge, Jorge Acevedo, encabezó otras de las redes de corrupción que el ex gobernador urdió en varias dependencias. En el caso específico del SQCS, mientras los trabajadores carecían hasta de hojas en blanco para sacar copias, en la dirección se gestaba un millonario desvío que sobrepasa los 800 millones de pesos, producto de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los responsables directos de este saqueo al erario serían el ex director general del SQCS, Jorge Acevedo; el ex director general de administración, Gerardo Vázquez Handall y el ex director jurídico, Fabián Herrera. Los tres ya fueron entrevistados por la Auditoría estatal por el expediente que se integra por estos delitos, y tal vez muy pronto se ejerza un procedimiento judicial en su contra, pues los recursos recibidos no se utilizaron para la modernización tan necesaria del SQCS e, incluso, a la nueva administración apenas si le entregaron equipo técnico para llevar a cabo los programas.

Otro personaje que se inmiscuyó en la red de corrupción de Roberto Borge fue el ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, José Luis Pech Galera. En su caso recibió 97 millones de pesos de la Sedatu para realizar un estudio sobre la construcción de cuartos en el norte de la entidad que nunca se realizó; entonces… ¿dónde están los 97 millones de pesos? Pues la Auditoría ha detectado que fueron transferidos a ocho empresas contratadas irregularmente, una de ellas propiedad del ex rector junto a una de sus empleadas, lo que comprueba que la Universidad Politécnica fue uno más de los organismos gubernamentales utilizados para el desvío de recursos. Por cierto, José Luis Pech Galera es hijo del actual líder estatal de Morena, el Dr. Pech, quien también fue rector, pero de la Universidad de Quintana Roo.

En otro tema relacionado con el ex gobernador Borge, este fin de semana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió las actividades de Barcos Caribe, la naviera que nació bajo su patrocinio y que al acabar su mandato ha venido a pique. De acuerdo con las autoridades federales, la empresa no cuenta con seguros y documentos estatutarios vigentes.

En un documento dirigido a los representantes legales de la empresa, la Dirección General de Puertos y Marina Mercante destaca que en el caso de la embarcación Caribe III se detectó que se encuentran vencidos los permisos nacional de seguridad, nacional de francobordo y nacional de seguridad radioeléctrica.

Tampoco está vigente la póliza de seguro del viajero, que venció desde el mes pasado. La empresa deberá además esperar el peritaje sobre la explosión registrada en días pasados que dejó 24 personas heridas.

Se desató el escándalo

Hay un escándalo en puerta luego que el periódico Reforma publicó que a través de la Sedatu la titular Rosario Robles desvió recursos con empresas fantasmas en 2015, entre ellas el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Hay que recordar que durante la administración de Roberto Borge todas las secretarías y dependencias fueron parte de una gran maquinaria de despojo al erario público, y este caso es sólo uno de los muchos que hay por descubrir.

En el caso de Sedatu, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015, para el desvío de recursos durante la gestión de Roberto Borge.

Tras la publicación del medio nacional, la funcionaria retó vía Twitter al rotativo para que hoy al mediodía en la Procuraduría General de la República presenten las pruebas.
Hay que recordar que en esa época a la que hace referencia el reporte, a los colegas y trabajadores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no les daban ni siquiera papel para imprimir y les bajaron el sueldo entre 20 y 25% porque decían que no había recursos para pagarles.

El año pasado la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Contraloría estatal informaron que investigarían una asignación indebida de recursos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social del orden de 800 millones de pesos, para realizar dos contratos de producción.

También se detectaron algunas transferencias de recursos realizadas de forma extraordinarias y que se enmarcarían en un uso indebido de fondos federales.
El dispendio de recursos durante el mandato de Roberto Borge fue espectacular, pues se creó una estructura de medios privados que vendían la línea editorial a cambio de cientos de millones de pesos. Esos medios sirvieron para atacar a los enemigos políticos del ex gobernador, y para esconder el multimillonario desfalco al estado que aún hoy se investiga.

Parte de las irregularidades son que no todos los contratos que se hicieron tienen el soporte documental que muestre que esos convenios se cumplieron. O sea, se entregaba el dinero, pero no hay documentación de una contraprestación al respecto.

Próximamente C5

Descentralizar la policía estatal es una de las estrategias del gobierno del estado encabezado por Carlos Joaquín, es decir, que los elementos policíacos no solo se concentren en Chetumal sino en otros puntos del estado que así lo requieran.

Es por ello que se desplazaron agentes en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Tulum, así como próximamente Bacalar.

Es importante señalar que el gobierno del estado sí está tomando en cuenta el reclamo de la ciudadanía, que en un 70% o más ha señalado que su principal demanda es la seguridad, de allí que se trabaje no solamente en la coordinación con los otros órdenes de gobierno, sino que en el ámbito estatal se organiza la seguridad.

Está a punto de concretarse el proyecto de Seguridad Pública Estatal en el que a través de videocámaras se estarán vigilando las principales avenidas y acceso de los municipios de Quintana Roo; la vigilancia se realizará con alta tecnología a través del C-5, que se ubicará en el municipio Benito Juárez en el edificio del Auditorio del Bienestar.

Adicionalmente a este centro de mando, se tendrán otros en el centro y sur del estado donde se instalarán agentes de la policía estatal para reforzar a los policías municipales.

Desde del inicio del sexenio se señaló que serían tres mil las videocámaras que se instalarán en puntos neurálgicos de la entidad y se ha entregado patrullas y motonetas a los municipios para una mayor vigilancia.

Un punto importante a destacar es que la actual administración recibió el gobierno con 20 patrullas y ahora se cuenta con 600 patrullas para dar una mayor vigilancia a los quintanarroenses.

También se está preparando el atlas delincuencial del estado, para conocer las zonas más conflictivas de los diferentes municipios y definir estrategias de seguridad propicias para cada lugar.

Pese al despliegue de elementos, las autoridades policiales han mencionado que aún se requieren más agentes para cubrir adecuadamente todas las bases; por ello se han regionalizado los requisitos para ser policía, entre estos la estatura.

Es así como se trabaja para tener una mejor cobertura policíaca y garantizar la seguridad de la población.

Policías bien pagados

Parte del combate a la delincuencia va de la mano con que los elementos que enfrentan a los criminales cuenten con condiciones laborales y de vida adecuadas, que les permitan cumplir con sus obligaciones sabiendo que sus familiares estarán a salvo si llega a pasarles algo.

Es por eso que el gobierno estatal se ha ocupado en mejorar las condiciones de vida de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, pues tener un agente bien pagado evita que este sea tentado por la delincuencia organizada y le permite tener una mejor calidad de vida, lo que redunda en una mejor disposición para realizar su trabajo y un mejor trato a la ciudadanía.

Durante la reciente celebración del día del policía, los oficiales se vieron gratamente sorprendidos con los anuncios del Ejecutivo estatal, entre los que destacan un incremento mensual de cinco mil pesos para todos los niveles de la corporación policiaca, que se reflejarán también en el aguinaldo y en la prima vacacional a partir de este mes.

Además, el gobernador anunció una serie aumentos en las prestaciones a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, como un estímulo especial de mil 500 pesos para mil 238 elementos policiacos de confianza.

También por primera ocasión habrá 160 becas para los hijos de los elementos por la cantidad de mil pesos mensuales.

El seguro de vida para todos los policías será por un millón de pesos, por muerte natural. Antes el monto era por 500 mil pesos. Por muerte accidental, el seguro de vida se incrementó a millón y medio de pesos; anteriormente, era por un millón de pesos. Asimismo, se brindaron reconocimientos y ascensos a los miembros de la corporación

Esto se suma a las mejoras en equipamiento, infraestructura, salarios dignos y transparencia en la designación de ascensos; en suma, se reconoce y valora el trabajo de los agentes policiacos, que son fundamentales para mantener la seguridad de la ciudadanía.

Sin embargo, tanto las corporaciones policiales municipales como la misma Secretaría de Seguridad Pública estatal han manifestado un déficit de elementos, por lo cual se trabaja en el reclutamiento de más agentes. Por ello el Centro de Control y Confianza en lo que va de este 2018 ha aplicado poco más de 455 evaluaciones de aspirantes para el ingreso a las diferentes corporaciones policiales.

Guerra en el PRI

Las puñaladas están al orden del día en el Partido Revolucionario Institucional, donde los antiguos aliados se han vuelto enemigos.

Resulta que al ver como las investigaciones por desvíos de recursos y otros delitos se acercan cada vez más a ellos muchos priístas han optado por el fuego amigo, como el que han enviado al actual presidente de su partido, Enrique Ochoa Reza.

En días pasados se dio a conocer que la mayoría de los casi 200 diputados federales priistas pidieron a su coordinador, Carlos Iriarte, que le exigiera al presidente Enrique Peña Nieto que “quitara ya” al dirigente nacional del CEN del tricolor.

Pero de inmediato fue desmentida esa versión, saliendo a la luz que fueron personajes como Ivonne Ortega y Félix González Canto, aliados del ex presidente priísta Manlio Fabio Beltrones quienes difundieron esa versión.

Lo cierto es que al ver como se les escapa de las manos el poder el grupo político de Félix González Canto, que no tiene ninguna posibilidad para 2018, ha optado por atacar mediante diferentes estrategias.

En el caso de Ochoa Reza, se sabe que les ha negado espacios por su histórica derrota en 2016, cuando el tricolor perdió varias elecciones.

En lo que respecta a Quintana Roo, se han especializado en difundir fake news o noticias falsas, para lo cual se han aliado con especialistas en guerra sucia. Su principal tarea es empañar la labor del gobernador del estado, Carlos Joaquín.

Para ello, el ex gobernador ha contratado al yucateco Hugo D’Urrutia, quien se ha encargado de hacer y difundir en redes sociales videos en los cuales se enfrenta al gobierno estatal y se intenta defender a los borgistas corruptos que saquearon al estado.

Y es que Félix González Canto está cada vez más desesperado conforme se acerca el fin de su periodo como senador pues bien sabe que perderá el beneficio del fuero y podría correr la misma suerte que Mauricio Góngora, Gabriel Mendicuti o su principal alumno: Roberto Borge.

Otra de las estrategias que ha sido denunciada por los mismos ciudadanos consiste en una serie de llamadas disfrazadas de encuestas telefónicas en las cuales se da información en contra del gobierno de Carlos Joaquín.

Las llamadas son realizadas de un número de la Ciudad de México que corresponde a la empresa Atento, una multinacional de customer relationship management (CRM) en el sector de business process outsourcing.

Ante tales ataques, el gobierno estatal estudia el interponer demandas contra esta empresa por prestarse a la guerra sucia contra la entidad.

Congruencia Política

En congruencia a su actuar en su vida política, el exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, renunció a su aspiración de ocupar una diputación federal. En una carta dirigida al presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados Covarrubias, el precandidato a diputado federal por el distrito 03 informó que, por motivos personales, deja la precandidatura. Esto le permitirá a Vergara Fernández concentrar todas sus energías en superar el proceso judicial que la Procuraduría General de la República sigue en su contra y una vez concluido este reincorporarse con nuevos bríos en la vida política.

Combate en corrupción 

Quintana Roo da un paso más en el combate a la corrupción: la Secretaría de la Contraloría del Estado firmó el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior del Estado, lo que permitirá contar con un mecanismo que permita una eficiente fiscalización de los recursos públicos utilizados en la entidad. Como hemos señalado en otras ocasiones, la rendición de cuentas y transparencia es una prioridad del gobierno de Carlos Joaquín y aunque en ocasiones la transparencia ha generado ataques de sus detractores, lo cierto es que ahora es posible acceder a información que en sexenios anteriores era casi imposible, por los malos manejos de quienes detentaban el poder.

Movimientos al interior

En días pasados se dio un cambio en la titularidad de la Coordinación de Comunicación Social; Felipe Ornelas Piñón pasó a la coordinación de asesores, quedando en su lugar Haide Serrano, quien se encargó de la prensa del entonces candidato Carlos Joaquín González y estuvo al frente los primeros meses de la administración del gobernador de lo que aún era la Unidad del Vocero. Haide Serrano, un elemento profesional, preparado y fuerte para el área, ha sabido aprovechar la oportunidad brindada, su dedicación, lealtad, responsabilidad y honradez la colocan hoy como el elemento de confianza del jefe del Ejecutivo en un área tan importante como la Comunicación Social. ¡Enhorabuena!

Un paso más contra la corrupción

Quintana Roo da un paso más en el combate a la corrupción: la Secretaría de la Contraloría del Estado firmó el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior del Estado, lo que permitirá contar con un mecanismo que permita una eficiente fiscalización de los recursos públicos utilizados en la entidad.

Como hemos señalado en otras ocasiones, la rendición de cuentas y transparencia es una prioridad del gobierno de Carlos Joaquín y aunque en ocasiones la transparencia ha generado ataques de sus detractores, lo cierto es que ahora es posible acceder a información que en sexenios anteriores era casi imposible, por los malos manejos de quienes detentaban el poder.

El papel de la Secretaría de la Contraloría ha sido muy destacado, al recabar toda la información e interponer todas las denuncias necesarias para que los exfuncionarios que saquearon las arcas del estado sean presentados ante la justicia. Aunque hay más de 80 borgistas y felixistas señalados en los expedientes de investigación, hasta ahora se ha detenido a 10 de ellos, incluyendo al exgobernador Roberto Borge, el excandidato a la gubernatura Mauricio Góngora y el exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti.

Por su parte, la Auditoría Superior se ha encargado de hacer las observaciones correspondientes a las cuentas públicas de los once ayuntamientos, las dependencias gubernamentales y los organismos descentralizados. Aún no se ha concluido con el sexenio borgista, por lo cual seguramente falta detectar más desvíos y malos manejos en diferentes dependencias.

La homologación de procesos entre la Contraloría y la Auditoría permitirá unir procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización; y una mayor ampliación de la cobertura de la fiscalización para privilegiar la transparencia.

Recordemos también que como parte de las acciones que se han realizado en Quintana Roo para combatir la corrupción se encuentra la puesta en marcha de la Línea de Denuncia Ciudadana “Tak Pool” con el número 01 800 849 77 84 y que está disponible para toda la ciudadanía que desee denunciar un acto de corrupción.

Asimismo, se instaló el Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas para darle seguimiento puntual y evaluar lo que se ha hecho bien, las metas que se deben trazar y alcanzar durante el gobierno.

Aspirantes.

El fin de semana se inscribió la mayoría de los aspirantes panistas a un cargo de elección popular. Actuales presidentes municipales y diputados que buscan repetir o una nueva encomienda se dieron cita en la sede de Acción Nacional en Chetumal para cumplir con el trámite correspondiente.

Se inscribieron como precandidatos las presidentas municipales de Cozumel y Solidaridad, Perla Tun y Cristina Torres, respectivamente, quienes buscarán la reelección. Otro presidente municipal de extracción panista, Luis Torres Llanes, de Othón P. Blanco, se inscribió por la diputación federal por el Distrito 2.

Quien también quiere repetir en la presidencia de su municipio, aunque no de manera consecutiva, es Trinidad García. Ella se registró para competir por Lázaro Cárdenas.

De los legisladores que buscan una presidencia municipal, Gabriela Angulo y Jesús Zetina esperan ser electos candidatos por Cozumel; ambos enfrentados desde el inicio de su mandato con la actual munícipe, Perla Tun.

Por su parte, Fernando Zelaya entregó su documentación para ser considerado candidato a la presidencia de Othón P. Blanco. Esta misma situación era pretendida por Mario Rivero, quien había citado para su registro este martes, pero que ayer mismo anunció que declinaba sus aspiraciones en favor de Zelaya.

Rivero Leal expresó que su determinación corresponde a que las condiciones no están dadas para su participación al estar por lo menos 15 puntos por debajo del diputado local en las encuestas. No sería la primera ocasión que contienda por la capital del estado, anteriormente fue derrotado por Eduardo Espinosa.

En los próximos días el Partido Acción Nacional dará a conocer quiénes serán sus candidatos, quienes harán campaña junto a sus candidatos a diputados federales; en el caso del Distrito 1, Cristina Torres, Perla Tun, Gabriela Angulo o Jesús Zetina harían campaña con Miguel Ramón Martín Azueta, precandidato único del Frente a la diputación federal.

En el caso del Distrito 2 y ante la ausencia de más contendientes, Fernando Zelaya haría equipo con el aún presidente municipal Luis Torres.

En la zona norte los hombres fuertes del Frente son perredistas: tal es el caso de Emiliano Ramos, aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez y Julián Ricalde, expresidente y precandidato a la senaduría.

Inocente hasta que demuestren lo contrario

“Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, es una máxima del derecho que garantiza la presunción de inocencia de todo ser humano.

Además de nuestra Constitución política hay instrumentos internacionales que salvaguardan el principio de presunción de inocencia, como: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De hech, el nuevo sistema de justicia penal se basa en esta premisa, que busca terminar con las injusticias que se cometían en el aspecto de que el señalado por un delito era culpable hasta que se demostrara lo contrario y se le detenía y encarcelaba desde el inicio de su proceso.

La responsabilidad de la autoridad es no exponer o divulgar los datos personales de los detenidos, en aras de no afectar su reputación. Diversas irregularidades quedaron de manifiesto en la detención de Juan Vergara Fernández; la identidad de Vergara Fernández se hizo pública al precisar su último cargo en el gobierno, como secretario de Finanzas, acción ilegal y difamatoria porque rompe la presunción de inocencia.

El objetivo era exhibir a uno de los hombres que fue pieza clave en la reconstrucción de las finanzas del estado, mismas que fueron heridas de gravedad por la anterior administración, por funcionarios que justamente son los mismos que han sido denunciados y detenidos por la Fiscalía del Estado.

La intención es desacreditar la lucha contra la corrupción iniciada por el gobierno actual.

Pero no es el primer caso en el que el gobierno federal, concretamente la PGR, comete arbitrariedades en Quintana Roo, exactamente lo mismo hizo en el caso de las cajas de First National Security en Cancún, abusos, excesos y criminalización a todos los que tenían alguna caja de seguridad fueron la constante en ese caso que aún no se ha resuelto totalmente.

Los clientes de First National Security sufrieron también extorsiones para poder recuperar sus legítimas pertenencias, misma receta que pretende utilizarse en esta ocasión, cuando se pretende extorsionar para evitar más detenciones y proteger a Roberto Borge y sus cómplices, evitando que haya más detenciones.

Para incriminar a Juan Vergara la PGR manipuló el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente.

El tema de Vergara se trata pues de un asunto de impuestos que pretendió “inflarse” para convertirlo en lavado de dinero, un delito que la PGR no pudo acreditar, tan es así que el juez del caso le negó la prisión preventiva para el exsecretario de Finanzas.

La revancha política del PRI al gobierno de Q. Roo

La afrenta no podía quedarse así. El que el exsecretario de Gobierno de Roberto Borge, Gabriel Mendicuti, fuese detenido solo un día después de haber aparecido fotografiado junto al precandidato priista José Antonio Meade fue una ofensa que este último no olvidó.

Era recordarle que se reunió y respaldó a lo más corrupto del priísmo, a un hombre que -ya era sabido- contaba con una orden de aprehensión en su contra. Recordemos que además se reunió con el “creador” de Borge, Félix González Canto.

La venganza se fraguó desde Los Pinos, donde se dio la orden de encarcelar a alguno de los que había estado cerca de Ricardo Anaya, precandidato panista la presidencia y el elegido fue Juan Vergara. El también acudió a apoyar a su candidato y él también apareció en la foto con Anaya.

La detención se dio basada en una orden de aprehensión archivada desde noviembre, que se cumplimentó dos meses y medio después y por actos que corresponden al actuar privado de Vergara durante 2015, antes de ser nombrado en el gabinete estatal de Quintana Roo.

La denuncia del SAT va más encaminada a un asunto de impuestos que a lavado de dinero, lo cual definirá el juez encargado del caso, pero al final de cuentas Juan Vergara fue puesto en libertad tras haber sido detenido acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerarse un delito no grave, por lo que enfrentará el proceso judicial en libertad.

El juez federal negó la prisión preventiva por no contar con los elementos necesarios para ser procesado, por lo cual Vergara podrá reintegrarse a sus actividades proselitistas, aunque será el próximo 11 de febrero cuando el comité directivo nacional del PRD defina su futuro político.

En todo este escándalo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) actuar imparcialmente y sin sesgos partidistas.

Confiaron en que esto no sea una acción contra el gobierno de Carlos Joaquín para intimidarlo e impedir que realice investigaciones contra los borgistas, como lo ha hecho desde que asumió la gubernatura.

Desde su llegada al poder Carlos Joaquín ordenó auditorías en todas las dependencias del gobierno producto de las cuales se han interpuesto diversas demandas ante la Fiscalía estatal. Tan sólo este fin de semana se anunció el descubrimiento de un nuevo desvío por 4 mil millones de pesos.

La investigaciones involucran a más de 80 exfuncionarios de la administración de Roberto Borge, un hecho inédito en Quintana Roo, pues siempre el gobernador entrante se encargaba de cuidarle las espaldas a su antecesor y “maquillar” los daños al erario.

Producto de estas demandas se ha logrado la detención de 10 exfuncionarios, incluyendo al exgobernador Borge, el excandidato a la gubernatura Mauricio Góngora y el exsecretario de Gobierno Gabriel Mendicuti.

 

Operativo Impunidad

En este 2018 las baterías están enfocadas en reforzar la seguridad en el estado y para ello el gobierno del estado hará equipo con la Federación. Parte de esta estrategia conjunta es el anuncio del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, de que cinco mil elementos federales serán enviados a diferentes puntos del país, entre ellos Cancún.

Se trata de una serie de acciones para atender las necesidades específicas de seguridad, las cuales incluirán operativos de investigación y cumplimiento de órdenes de aprehensión. Los agentes pertenecen tanto a la Policía Federal como a la Procuraduría General de la República.

Se establecerán grupos de trabajo de las siete divisiones de la Policía Federal para ser desplegados en ciudades clave para cumplimentar órdenes de aprehensión de alto impacto; además de Cancún irán a Colima, Los Cabos y Ciudad Juárez, entre otros lugares.

A los esfuerzos federales se une la estrategia estatal que consiste en tener un Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en el Auditorio del Bienestar, lo que dignificará este inmueble, construido por la administración de Roberto Borge y símbolo de la corrupción y el saqueo en Quintana Roo.

El Auditorio fue habilitado como un búnker con la capacidad de controlar, desde Cancún, la seguridad en toda la entidad, y en los próximos días podría ser inaugurado.

En el C5, que se integrará a los que ya operan en Puebla, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México, operarán los números de emergencias y denuncias 911 y 089, así como la Policía Cibernética que atiende casos de secuestros virtuales o extorsiones telefónicas, además de una central de monitoreo de más de 3,000 cámaras de vigilancia y 130 arcos carreteros instalados en lugares estratégicos.

Definir el uso que se le podía dar al Auditorio del Bienestar se había convertido en un problema por los defectos por mala planeación en la estructura que costó 244 millones de pesos, con un sobre costo de 60 millones de pesos.

La prioridad tanto para el estado como para el gobierno federal es el municipio de Benito Juárez, la joya de la corona, donde van enfocados todos los esfuerzos al tratarse del destino más conocido y visitado de Quintana Roo.

La instrucción es cero tolerancia a la delincuencia y cerrarle el paso a los criminales y a los delitos de alto impacto, que actualmente son el dolor de cabeza, así como garantizar la seguridad de la población.

La Medrano

Mientras suenan campanas de boda para la exesposa de Roberto Borge, Mariana Zorrilla, quien publicó en redes sociales su compromiso con el empresario libanés Luis Gerardo Chagra Nacif, su otrora rival en amores, Gabriela Medrano, salta a la palestra pública y en esta ocasión por un presunto desvío de recursos a través de la Fundación Borge, que habría sido creada expresamente por el exmandatario para tal fin.

Gabriela Medrano emanó de las filas del Partido Verde Ecologista de México y de la mano de Borge llegó incluso a ser diputada federal; en el ocaso de su mandato, Borge intentó hacerla presidenta municipal de Puerto Morelos, pero ya no le fue posible, su acotado poder y mínimo margen de negociación se lo impidieron.

Pero además de ideología política, Borge y Medrano compartieron su vida personal. Fueron protagonistas de una complicada relación amorosa que llegó incluso a afectar las decisiones que Borge tomaba sobre aspectos trascendentales para el estado.

Una vez divorciado de Zorrilla, y aún antes de eso Roberto Borge dio a conocer públicamente su relación con la verde logística, con quien viajaba frecuentemente al extranjero y lo acompañaba en eventos sociales. Ahora se sabe que para ella creó la “Fundación Borge”, una asociación fachada para el lavado de dinero.

Medios nacionales dieron a conocer que la fiscalía estatal ya investiga está fundación creada en 2016. Al perder la gubernatura, Borge Angulo y el ex candidato del PRI-PVEM, Mauricio Góngora Escalante, diseñaron y pusieron en marcha la institución.

Una de las líneas de investigación apunta que el ex gobernador Borge creó y desapareció la fundación que llevaba su nombre, con la que aseguraba que brindaría bienestar a los quintanarroenses.

La “Fundación Borge”, cuyo lema principal era “Realizando buenas acciones”, aseguraba tener un alto sentido de responsabilidad, cuyo principal enfoque sería solucionar problemas sociales asegurando que “la mejor inversión es combatir la pobreza”.

El modus operandi para “lavar” el dinero desviado del erario era hacer entrega de recursos que están exentos de impuestos o declaraciones ante las autoridades hacendarias, pero al ser controlada por su “pareja sentimental”, Gabriela Medrano, los recursos regresaban a las manos del ex mandatario.

A través de “Fundación Borge” era muy sencillo simular recibir millonarios donativos y al mismo tiempo, supuestamente destinarlos a obras que no se llevaban a cabo, como deportivos, escuelas y en los sectores salud y educación, donde lo mismo aseguraban haber entregado becas, computadoras y otros implementos, así como aparatos e instrumental médico.

Manipulación a través de la violencia y el miedo

Los sexenios de terror que se han vivido en diferentes estados de la república han dado pie para que corran ríos de tinta de periodistas e investigadores que buscan plasmar los métodos utilizados por estos “virreyes” en sus meteóricas carreras políticas.

El más reciente es el libro “Los incómodos: Los gobernadores que amenazan el futuro del PRI en el poder”, del periodista Ricardo Ravelo, editado por Grupo Planeta.

Allí Ravelo resume los sexenios de personajes como los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (ambos de Tamaulipas), Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), quienes enfrentan procesos judiciales por diversas acusaciones.

En su libro, Ravelo deja claro como el PRI manipula a la población con violencia y miedo; esto fue comprendido a la perfección por Félix González Canto e inculcado a su pupilo Roberto Borge Angulo, quienes utilizaron la fuerza y el dinero del estado para acallar a sus adversarios.

Por ejemplo, el narcotráfico jugó un rol bastante relevante en las elecciones de 2010 en las que se eligieron gobernador, nueve alcaldes y 25 diputados locales. Allí el gobernante en turno (González Canto) en su obsesión de lograr el ansiado “carro completo” echó mano de todos los elementos a su alcance.

Mismo ejemplo siguió Borge Angulo, para quien todo aquel que pensara distinto era objeto de acoso, burla y ataques de todo tipo. Se empeñó en tener el dominio total del estado y para ello invirtió millones de pesos en sus candidatos, muestra de ello es que una de las denuncias que se le sigue es en la Fepade, por el desvío de 200 millones de pesos a la campaña de Mauricio Góngora.

El llamado terrorismo electoral tuvo su momento más álgido con el incendio de vehículos y el empleo de células criminales para sembrar la inseguridad en el estado.

Ese grupo sigue preservando sus tácticas, con ataques armados, incendio de vehículos, intimidación, todo con la intención de sembrar pánico entre la población y dar la sensación de ingobernabilidad.

Borge no solo creó “grupos de choque” para desestabilizar en cuanta oportunidad se requiriera, también armó toda una red de corrupción con personajes cercanos a él y González Canto.

Prueba de ello es que su primer secretario de Gobierno fue Luis González Flores, tío de Félix González Canto y cuando cambió al tío de Félix de la Secretaría de Gobierno el nombramiento recayó en otro hombre ligado a su antecesor, Gabriel Mendicuti, señalado públicamente como el estratega de los negocios que realizó González Canto al amparo del poder.

Son 9 ex funcionarios detenidos y un ex gobernador: Red de Corrupción de Borge y Félix

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado excelentes resultados al estado, logrando la vinculación a proceso hasta ahora de nueve de los exfuncionarios borgistas que saquearon las finanzas de Quintana Roo.
Desde el pasado 5 de mayo de 2017, cuando fue detenido Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, uno a uno han ido cayendo los miembros de la red de corrupción creada por Roberto Borge para desfalcar al estado.

De los nueve detenidos, dos enfrentan su proceso en libertad y uno, el mismo Rodríguez Marrufo, ya recibió sentencia: se le condenó a pagar 39 millones de pesos al declararse culpable del delito de desempeño irregular de la función pública, con lo que quedó libre.

Mención aparte merece el exgobernador Roberto Borge Angulo, detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México a inicios de este año.

En este caso los fiscales lograron conjuntar un expediente lo suficientemente fuerte para que el juez dictara auto de vinculación a proceso y que Borge Angulo pase su proceso en prisión preventiva justificada.

En orden cronológico, la segunda en ser detenida fue Paulina García Achach, exsubsecretaria de Seduvi, quien fue capturada el 8 de mayo de 2017.

En su audiencia el juez determinó que podía seguir en libertad el proceso que se le sigue por el delito de desempeño irregular de funciones, para lo cual le fijó una garantía por 39 millones de pesos.

El 4 de julio de 2017 se capturó a Carlos Acosta Gutiérrez, exdirector de VIP Saesa, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en el expediente 151/2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Derivado del trabajo realizado por los fiscales adscritos al Tribunal de Juicio Oral, se obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en su contra, por lo que enfrenta su proceso en prisión.

Víctor Loyola, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fue detenido el 3 de septiembre de 2017 en el estado de Yucatán, relacionado con la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública. Se logró su imputación y actualmente enfrenta su proceso en prisión.

Erce Barrón, exdirector de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), fue detenido el 27 de noviembre en Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en la Carpeta Administrativa 151/2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Se le vinculó a proceso y pasó 50 días en prisión, hasta que sus abogados lograron hacer válido un amparo en su favor, por ello seguirá su proceso en libertad.

La exdirectora de recursos financieros de CAPA, Ana Alicia Rivera Galera, fue detenida el 28 de noviembre de 2017. Se le acusa del delito de peculado dentro de la Carpeta Administrativa 308/2017.

Fiscales del Ministerio Público lograron obtener de un Juez de Control auto de vinculación a proceso en su contra, además de embargarle un predio, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, y dos vehículos, como garantía para reparación del daño causado a la administración pública estatal.

Paula González Cetina, jefa de la anterior y exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), fue detenida el 3 de enero.

La Fiscalía General del Estado le solicitó al juez que le impusiera prisión preventiva justificada, la que fue otorgada, por lo que fue llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso) dónde permanecerá el tiempo que dure su proceso.

Gabriel Mendicuti, exsecretario de Gobierno, fue detenido el 21 de enero de 2018 al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

La Fiscalía estatal logró que el Juez de Control lo vinculara a proceso y decretara prisión preventiva justificada por dos meses para el cierre de la investigación complementaria, además de que se mantendrá el embargo de 19 bienes inmuebles y 21 automóviles de su propiedad.

Cuatro días después, en la Ciudad de México, se logró la aprehensión de Mauricio Góngora, expresidente municipal de Solidaridad.

El fiscal Miguel Ángel Pech Cen confirmó que son tres órdenes de aprehensión en su contra por tres carpetas de administrativas, la primera por Desempeño Irregular de la Función por el quebranto de 594 millones de pesos, la segunda por la Carpeta de Peculado por 5 millones de pesos y una tercera por peculado por 155 millones de pesos.

Se refugian en Morena

En un principio se le veía como la esperanza del cambio, pero poco a poco el mismo “dueño” de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se ha encargado de llenar su partido de todo lo que en un principio criticó.

Priístas, perredistas, petistas, panistas y todos aquellos que usted pueda imaginar han emigrado a Morena y peleado por candidaturas en los diferentes puestos de elección popular confiados en que el efecto peje les hará ganar.

Llama principalmente la atención el caso de los priístas, aquellos que son parte de los que López Obrador llama “la mafia del poder”, pero que ahora son parte de su partido, donde él mismo les ha abiertos la puerta.

A lo largo de todo el país se da este fenómeno de “reciclaje” de priístas, muchos con pasados de corrupción y que incluso fueron cuestionados y ahora son recibidos con los brazos abiertos.

En el caso de Quintana Roo, figuras como Marybel Villegas, Eduardo Ovando, Edgar Gazca, Lenin Amaro o Juanita Marrufo mostraron su apoyo a Morena. Algunos, como Marybel Villegas fueron parte de la Legislatura controlada por Roberto Borge, que votó por el paquete de impunidad y cómplice del mayor desvío en la historia de Quintana Roo.

El mismo dirigente estatal de Morena, José Luis Pech Várguez, es surgido de la cantera priísta, donde militó muchos años y estuvo bajo las órdenes de varios gobernadores hasta que decidió abandonar el barco e irse a Morena.

La llegada de priístas ha propiciado luchas internas al interior del partido, pues aquellos que lo fundaron y militaron en él desde el principio critican a los oportunistas que solo ven la posibilidad de conseguir un puesto de elección popular.

Es innegable que para muchos ciudadanos Morena es o era una opción contra el gobierno federal priísta, pero el haber aceptado a tantos políticos de oscuro pasado les ha restado puntos y no falta quien se pregunta si no terminará siendo igual o peor que el PRI al que tanto critica.

Habrá que ver si este descontento interno y la desconfianza de la ciudadanía se ve reflejado el día de la elección, pues muchos van perdiendo, cada día más la esperanza puesta en el partido de López Obrador.

Bajo la lupa

Los ex presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3 con sede en Cancún, así como el de la Junta Especial de Playa del Carmen pronto tendrán que rendir cuentas a la justicia luego de que fueran denunciados por la actual administración estatal por la serie de despojos y juicios apócrifos ocurridos durante la administración de Roberto Borge.

Recordemos que en el borgismo las Juntas de Conciliación fueron utilizadas como herramientas para el despojo de predios y construcciones de alta plusvalía, principalmente en la Riviera Maya.

El modus operandi era no notificar al dueño de la propiedad -hoteles boutique en la mayoría de casos- de uno o más juicios laborales en su contra para luego proceder al embargo, bajo la exigencia de una indemnización laboral 10 o 15 veces superior a lo que en realidad correspondía al supuesto empleado demandante de acuerdo con su sueldo.

Aunque la autoridad no dio a conocer los nombres, se sabe que estos actos fueron legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos fue Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio, a quien la anterior legislatura nombró magistrado a propuesta directa del gobernador Borge.

Otros funcionarios implicados son el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.

La secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, indicó que también se le está dando seguimiento a 12 juicios de amparo pendientes de resolución por parte de los tribunales colegiados y juzgados de distrito federales.

Todos son por despojo de inmuebles de alta plusvalía, principalmente a extranjeros que invirtieron en Quintana Roo.

Los montos de los despojos varían pues faltan fianzas, títulos de crédito, cheques y efectivo.

Esta red gubernamental de despojos operó principalmente en Tulum, donde se quedaron con varios hoteles boutique; los operativos se realizaban en medio de la noche y sobre varias propiedades, el más famoso fue en contra de 16 hoteles de la franja costera, realizado el 17 de junio de 2016 que provocó que los consulados de cuatro países europeos se pronunciaran y pidieran una profunda investigación del caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Otro ejemplo es el de la torre Maioris, en Cancún, donde ya un juez federal ordenó dar posesión legal a los legítimos propietarios de cuatro departamentos ubicados en esa zona residencial.

Doble discurso del PRI

La realidad va sepultando cada vez más el discurso priísta. Aunque ahora intentan erigirse en un monumento anticorrupción, lo cierto es que cada vez son más las figuras impresentables que recuerdan las viejas prácticas de ese partido, actualmente -todavía- en el poder. PRI

Claro ejemplo fue la visita de su precandidato presidencial José Antonio Meade a Quintana Roo, donde se codeó con cuestionadas figuras que son ejemplo de corrupción, como el exgobernador Félix González Canto, “creador” del también exmandatario Roberto Borge, actualmente preso en Morelos por desvío de recursos.

Otro que departió con Meade fue el exsecretario de Gobierno borgista Gabriel Mendicuti Loría, quien tan solo un día después fue detenido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acusado de daño patrimonial por 534 millones de pesos, al cual acaban de embargar 19 inmuebles y 21 vehículos, aparte de dictarle prisión preventiva justificada.

Mención aparte merecen los casos del presidente estatal del partido, Raymundo King, y del delegado en Quintana Roo Manuel Andrade, quienes pasaron un vergonzoso momento cuando fueron separados del candidato mientras éste daba su discurso en un desangelado evento en la zona hotelera de Cancún, donde por cierto a la prensa se le encerró en un “corral”, haciendo aún más inalcanzable al precandidato.

Meade jugó al doble discurso, pues mientras en público se separó de ellos, en privado les tomó la mano, platicó con ellos y se tomó decenas de fotos que fueron presumidas por esos personajes en sus redes sociales.

Fue a este doble discurso al que hizo mención en su visita a Cancún el domingo pasado el precandidato de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, quien destacó que al mismo tiempo que plantea estrategias anticorrupción, el aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, se rodea de corruptos.

“¿Con qué cara anuncian una estrategia de combate a la corrupción si justamente la gente de la que están rodeados son los personajes corruptos que en este momento están inclusive ya detenidos?”, cuestionó el panista.

Anaya expuso que, de ganar la Presidencia, castigará la corrupción y recordó que en los estados donde ha ganado el PAN se ha roto el pacto de impunidad, que consistía en que el gobernante entrante le cuidaba la espalda a su antecesor; puso como ejemplo a Quintana Roo, donde el gobierno actual, encabezado por Carlos Joaquín, ha interpuesto las denuncias necesarias para recuperar lo robado al estado.

Romanillos quintuplicó su fortuna

Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, multiplicó por cinco las propiedades a su nombre en el sexenio de Roberto Borge, se dio a conocer ayer en medios nacionales.

La exfuncionaria fue pieza clave en la red de corrupción del exgobernador Roberto Borge, al estar al frente de la dependencia que administraba el patrimonio inmobiliario del estado y desde donde habría operado la venta ilegal de 22 terrenos del patrimonio estatal, algunos de ellos al 6 por ciento de su valor.

Vinculan a proceso al empresario Carlos Mimenza

Este sábado el juez especializado del centro de justicia federal, Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, decidió vincular a proceso al empresario Carlos Mimenza por las amenazas hechas hacia mi persona.

Además, se le reiteraron las medidas cautelares fijadas con anterioridad, como no acercarse a mi persona, familia o domicilio, ni salir del país.

El caso contra Carlos Mimenza sienta un precedente para todo aquel que quiera lastimar, insultar o amenazar de muerte a un periodista; estas personas que se creen todopoderosos solo por tener poder o dinero deben entender que la libertad de expresión es una garantía y un derecho humano, incoercible y que debe ser garantizado y fomentado.

Ahora, la Procuraduría General de la República cuenta con dos meses para efectuar la investigación pertinente, previo al arranque del juicio oral. Hay que destacar que las amenazas son un delito previsto en el Código Penal Federal, en su artículo 282.

Allí estipula que se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días multa “al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo, y al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer”.

Estará de acuerdo conmigo en que Mimenza cumple con todos esos requisitos que prevé la ley, pero será el juez quien determine su castigo y quien haga justicia, porque si creo en la justicia y las instituciones de mi país y se que me asiste la razón y este agravio no quedará impune.

Carlos Mimenza cobró notoriedad el año pasado en el estado de Quintana Roo al realizar una serie de denuncias mediáticas en contra de funcionarios de las administraciones anteriores y en funciones.

No obstante, al aflorar sus lazos con figuras ligadas al ex gobernador Roberto Borge Angulo y que dimos a conocer puntualmente en el portal ElQuintanaRoo.mx, medio de mi propiedad, el empresario reaccionó con violentamente.

Fue una noche del 8 de julio, cuando al regresar en mi coche de Cancún a Playa del Carmen me envió varios mensajes de WhatsApp con amenazas de muerte para mi y mi familia: “Ten cuidado por donde te mueves. Te tengo vigilado.

Lo que tú haces por la espalda yo te lo voy a hacer de frente”.

En un segundo mensaje se leía: “Primera advertencia”. Y un tercer mensaje: “Y guarda la pantalla. Para que guardes las pruebas de mi promesa”.

También me aseguró que me tendría vigilado y lanzaría ataques cibernéticos. Que sabría lo que es “amar a Dios en tierra ajena”. “Duerme, esto apenas comienza”, me advirtió.
De hecho, pese a que el fallo del juez ha sido bien recibido por colegas, mis amigos y familia, así como por mis compañeros desplazados, con quienes hice grandes y fuertes lazos durante el tiempo que al igual que ellos estuve desplazado de mi hogar, las amenazas han resurgido vía redes sociales.

En Twitter algunos perfiles a todas luces falsos han proferido una serie de insultos y amenazas en mi contra y contra algunos otros periodistas que al igual que yo luchan por hacer escuchar su voz. Seguiremos en pie de lucha, seguiremos pugnando para que haya justicia y una cosa si les aseguro: no nos callarán.

¡Pido justicia!

Ayer tuve la oportunidad de ver cara a cara a mi agresor. Carlos Mimenza, quien me envió mensajes amenazadores en mi contra y contra mi familia, fue requerido por un juez federal con base en la denuncia que presenté ante la Procuraduría General de la República.

Con ese halo de soberbia que lo caracteriza, Mimenza se presentó a la audiencia en la cual desahogaríamos las pruebas contenidas en mi expediente de 594 hojas, en las cuales expongo y pruebo las amenazas de las cuales fui objeto.

Mi agresor alegó desconocer la razón de su comparecencia, ante lo cual el juez, en todo momento conforme a proceso, le dio un plazo de 24 horas para que prepare su defensa, para ello Leonardo Kumul, representante legal de Mimenza recibió copia de la carpeta de investigación y de las evidencias presentadas por la parte acusadora por parte del fiscal federal.

A mi salida del juzgado, varios compañeros de los medios me preguntaron qué busco; repito lo que les respondí: “pido justicia.

Cada día tenemos más agresiones, más muertos. Pertenezco a un grupo de periodistas desplazados en Ciudad de México, que quede claro que no quiero una indemnización.

Quiero justicia, que el próximo que amenace a un periodista, entienda que existe una consecuencia legal y hay un castigo por ello”.

Ese es mi objetivo, que estos seis meses que he pasado fuera de mi casa, alejado de mi familia, valgan la pena, que mi caso sea un antecedente para aquellos que se creen con el derecho de agredir a los periodistas. Confío en la justicia y las instituciones y sé que estas me darán la razón.

Algunos de los mensajes intimidatorios que recibí fueron: “Ten cuidado por donde te mueves. Que te tengo vigilado. Lo que tú haces por la espalda yo te lo voy a hacer de frente”, “Primera advertencia”, “Y guarda la pantalla. Para que guardes las pruebas de mi promesa”, con tan solo segundos de diferencia entre ellos.

Además de una llamada telefónica en la que me advirtieron: “Vas a valer ver… tú y tus hijos, bájale de huev… o te vas a morir”, todo esto está consignado en la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000789/2017.

La tarde de este miércoles se reanudará la audiencia y en caso de que el empresario Carlos Mimenza no asista, el juez federal podría ordenar el uso de la fuerza pública para su localización y presentación ante la autoridad.

El gremio periodístico confía en que no habrá más impunidad contra aquellos que atenten contra la libertad de expresión en México.

Más denuncias contra borgistas

Los ex titulares de las secretarías de Infraestructura y Transportes (Sintra), Fernando Escamilla, y de Medio Ambiente (SEMA), Rafael Muñoz Berzunza, estarían involucrados en un escándalo más, en este caso en el basurero de Othón P. Blanco.

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco promueve nuevas denuncias en contra de estos ex funcionarios por presuntas irregularidades en la estructura del Relleno Sanitario Intermunicipal.

El problema quedó en evidencia con una nueva falla en la estructura del relleno que impidió el inicio de operaciones la semana pasada.

Al intentar cruzar la rampa, el camión recolector de basura quedó atorado y sufrió daños, pues esta se rompió.

Así como en este caso hubo muchas obras de la pasada administración estatal en las que se utilizaron materiales de mala calidad y se inflaron los precios.

No debe perderse de vista que dicho lugar se invirtieron 130 millones de pesos y durante la anterior administración estatal se presumió como una obra innovadora.

Pero recordemos quienes son estos personajes: Rafael Muñoz Berzunza, exsecretario de Ecología y Medio Ambiente, es uno de los 17 funcionarios que la PGR ha señalado como cómplices del exgobernador Roberto Borge y es parte de las 84 denuncias que realizó el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Cuenta, por el despojo de bienes de Quintana Roo, tanto muebles, inmuebles y millonarios montos de dinero.

Mientras que Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), está incluido en la demanda contra los prestanombres del ex gobernador.

En esa denuncia, se lo acusa de desviar 80 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación para pagarle a empresas fantasma para la construcción de caminos sacacosechas que nunca se realizaron.

Ahora, por la incapacidad operativa del relleno no se puede recibir la basura de la capital del estado y comunidades aledañas.

Por mes las comunidades de Mahahual, Xcalak y zonas aledañas generan por lo menos 30 toneladas de desechos sólidos. Bacalar por lo menos una cifra similar.

Por la necesidad de espacio para depositar los desechos sólidos, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco quedó obligado a rentar un terreno en la Costa Maya, que genera a la Comuna un gasto no contemplado.

Por lo pronto, la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Othón P. Blanco recaba elementos para promover una nueva denuncia penal.

Nuevo ombudsperson, en suspenso

Esta semana es crucial en la definición de quién será el nuevo ombudsman de la entidad, o debería decir ombudsperson, pues el término se ha adecuado para que tanto un hombre como una mujer puedan aspirar al cargo.

El Congreso inició ya el proceso de elección y será esta semana cuando se verificará que los candidatos hayan presentado los documentos requeridos.

En caso de haber algún requisito por subsanar, tendrán dos días para cumplimentarlo.

Posteriormente se definirá el calendario para que se presenten, dentro de los 10 días siguientes, a entrevistas de carácter público con el fin de conocer los objetivos de sus aspiraciones, así como un planteamiento general de porqué buscan ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

El calendario, así como los nombres de quienes acudan a las entrevistas, serán publicados en estrados del Congreso.

El ombudsperson es el defensor del pueblo, es decir, quién se encarga de defender a la ciudadanía en caso de que sufra algún abuso de parte de la autoridad de los diferentes órdenes de gobierno.

Ante el inminente término del período de Harley Sosa Guillén, el congreso el estado, mediante la Comisión de Derechos Humanos se prepara para evaluar los currículum de los aspirantes al cargo.

Entre los aspirantes destaca la joven chetumaleña Claudette Yanell González Arellano, quién ha sonado mucho en los últimos días.

González Arellano es licenciada en Derecho por la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, cuenta con una maestría en Derecho por la universidad de estudios de postgrado en derecho, de la Ciudad de México.

Cursa actualmente una maestría en derechos humanos en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos en Chetumal, por lo cual tiene a su favor la preparación académica necesaria para cumplir con una encomienda tan importante como presidir la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo.

En cuanto a su experiencia laboral, Claudette Yanell González Arellano se ha desempeñado como jefa del departamento de quejas y denuncias en la Contraloría del municipio Othón P. Blanco, directora general del Instituto de Atención a la Juventud, también en la capital del estado.

Asimismo, ha sido catedrática en la materia de Derecho Ambiental en la Universidad de Quintana Roo campus Chetumal.

También ha sido directora de Desarrollo Social del ayuntamiento capitalino y actualmente se desempeña como subsecretaria técnica de la Secretaría de gobierno del estado.

Cuenta también con diferentes diplomados, cursos y talleres que sin duda hacen de Claudette Yanell González Arellano la candidata idónea para ser la titular de Derechos Humanos en Quintana Roo.

Me refiero en especial a ella, puesto que la semana pasada ha sido objeto de crítica, una campaña de desprestigio inició contra ella solo por el simple hecho de “aspirar a ser”.

Debemos recordar que son 17, pero sólo ella ha sido objeto de crítica.

¿Por qué? Sencillo, sus credenciales y su actual posición la ponen como la principal aspirante a ocupar el cargo.

Como dato, hace 16 años no ha ocupado el cargo una mujer.

Veremos.

Quintana Roo, un destino seguro

Las gestiones del gobernador Carlos Joaquín González ante las autoridades de Estados Unidos rinden sus primeros frutos, al actualizar la información para viajeros internacionales sobre México que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, conocida comúnmente como “Travel Advisory” y destacar a Quintana Roo como un destino seguro.

La dependencia precisó que NO existe ninguna restricción de viaje para el Estado de Quintana Roo haciendo mención expresa de las áreas turísticas como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya.

Como se recordará, en octubre pasado, el gobernador realizó una gira de trabajo por el vecino del norte en la cual llevó a cabo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cámara de Comercio y la Embajada de México.

Ahí destacó el reforzamiento de la seguridad que se está haciendo en Quintana Roo para que tanto los turistas como la población del estado tengan la tranquilidad de disfrutar de un destino pacífico.

En esa ocasión se estableció una agenda de comunicación, información y trabajo que permitió un seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas y que concluyó con la adecuación de la alerta.

Quintana Roo es destino de millones de turistas estadounidense que ponen sus ojos en esta parte del Caribe mexicano para vacacionar en sus principales periodos de asueto.

En general, el turismo extranjero a México aumentó un 12 por ciento en 2017.

Alrededor del 60 por ciento de los visitantes extranjeros al país provienen de Estados Unidos.

Los destinos turísticos quintanarroenses aparecen frecuentemente en los tops de las diferentes operadoras y portales turísticos como Expedia o Trip Advisor.

Hay que destacar que en 2017 Cancún y Los Cabos registraron su mayor crecimiento en actividad hotelera desde 2010, según reporta el diario El Financiero.

Estos dos centros de playa -junto con Huatulco, Nuevo Vallarta, Ixtapa y Loreto- incrementaron 12 por ciento en promedio diario el número de habitaciones de hotel ocupadas en los primeros 11 meses de 2017, respecto al mismo perÍodo del año pasado, según datos del sistema Datatur de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Ambos son Centros Integralmente Planeados (CIP) impulsados por el Fonatur en la década de los 70 con el afán de tener centros turísticos con un desarrollo ordenado, aunque en el caso de Cancún, rompió todas las expectativas.

Un enorme fraude fue el que se detectó en la Secretaría de Salud de Quintana Roo, donde durante las últimas dos administraciones estatales los empleados sufrieron grave quebranto económico y en muchos casos perdieron su patrimonio por deudas impagables con entidades financieras.
Resulta que durante los últimos diez años trabajadores del sector salud obtuvieron créditos de diferentes financieras, pero a la hora de los pagos se les hacía el descuento correspondiente y su deuda no disminuía.

Muchos terminaron pagando hasta cuatro veces más del monto original del crédito, además de ser objeto de acoso escolar intimidaciones de parte de sus acreedores.

Gran parte de los trabajadores de la Secretaría de Salud fueron afectados, se estima que el 70 por ciento de los tres mil cien trabajadores tuvieron este tipo de problemas, es decir, más de dos mil cien padres y madres de familia sufrieron cobros excesivos de este tipo de empresas.

Cómo es posible que los gobiernos estatales hayan permitido este atropello a los derechos de los trabajadores durante más de una década (entre los sexenios de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo) una muestra más del desprecio y desamparo hacia la clase trabajadora de ambos gobernantes.
Cada vez aflora más del cochinero que se tenía en casi todas las dependencias estatales. Ahora, el sindicato de Sesa informa que canceló los convenios con 22 empresas financieras que ofrecían préstamos a los trabajadores del sector salud, entre ellas Total Crédit, Independencia, Crédito Maestro, Crecicuentas, Patronato del Ahorro, Crediméxico y Credifácil, entre otras.

El líder del sindicato de Sesa dijo que las empresas incurrieron en graves abusos a los trabajadores, como ocultarles los informes de sus pagos y negarles el acceso a sus expedientes e historiales de pago.

Se pidió el apoyo de la administración de la Secretaría de Salud para verificar el estatus de cada trabajador, y se confirmó que efectivamente había personas que habían terminado de pagar sus deudas y las financieras les seguían cobrando.

Ahora habrá que ver en qué acaba la investigación pertinente pues se afectó el patrimonio de decenas de familias quintanarroenses que cuentan con un sueldo austero y que vieron en un crédito la posibilidad de solventarse.

Desplazamiento forzado de periodistas

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Ser periodista en México es sinónimo de asumir riesgos en tu vida, con tu equipo de trabajo e, incluso, con tu familia.

Una labor apasiónate sin duda, pero peligrosa en este país.

Hacer periodismo inteligente, ha pasado a ser en México, del ejercicio de una profesión, a un trabajo casi penado.

Doce periodistas asesinados en el 2017 dan ejemplo de las sentencias.

En un país violento, impune y corrupto como el nuestro, el ejercicio periodístico delira, está herido y el desplazamiento forzado es un fenómeno cada vez más recurrente.

Son muchos los profesionales de la pluma quienes dejan el lugar donde residen en busca de seguridad.

A veces lo hacen solos; otras, lo hacen con sus familias.

Lo que buscan es salvaguardar vidas: la de compañeros, la de fuentes que se negaron a ocultar la verdad, la de hijos que han sido amenazados.

Así, abandonan sus hogares, buscan otra trinchera, una plaza más tranquila.

Muchos ya no quieren saber nada de las letras; dejan atrás la profesión y a los conocidos, quienes no vuelven a saber más de nosotros.

Así se deja todo cuanto se ha construido, para volver a comenzar.

Antes de dar vuelta a la página, quedan las amenazas de muerte como puntos suspensivos que nunca tendrán final. Hay periodistas que viven con el testimonio más cercano de la muerte de un compañero, un mejor amigo.

Los que tienen suerte relatan como al atestiguar una ejecución salieron con vida.

Son periodistas que saben el significado de “delincuencia organizada”. Una sentencia.

Martín Durán, en una entrevista que le hiciera el portal español ElDiario.es, dice: “Los que trabajamos en estos temas tenemos siempre la conciencia de que algún día nos van a matar”.

Martín era compañero y amigo de Javier Valdez, reportero asesinado en 15 de mayo de 2017 en Sinaloa.

Hoy Martín es víctima del desplazamiento forzado en México.

El pasado 4 de diciembre tuve la oportunidad de reunirme con Edison Lanza, quien es un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

De origen uruguayo, carismático y experto en temas de libertad de expresión, hizo un compromiso no sólo con México, al decirme: “Los periodistas desplazados son una denominación que no sabíamos que existía, no la teníamos en el mapa, agradezco profundamente saberlo ahora, porque iré en su búsqueda en estos países latinoamericanos”.

Conocemos la represión, la Ley Mordaza, las amenazas, el pago de favores, el precio del silencio; ahora México vive un nuevo fenómeno social que atañe a los que ejercemos el periodismo, un tipo de exilio.

El desplazamiento forzado de periodistas existe y el gobierno mexicano lo oculta.

Los que lo vivimos en carne propia sabemos que aunque debamos dejar atrás un lugar, nunca nos alejarán de la pluma.

Seguimos en busca de esa libertad que nos dan las palabras, la escritura, la reflexión, las charlas con los camaradas.

Sabemos que no somos los únicos, que las amenazas del narco junto con las dictaduras de gobernadores –aunque hoy estén prófugos o encarcelados–, nos relegaron al punto en el que ahora nos encontramos, dispersos en el mundo.

Sé que existimos y cada vez somos más.

El 5 de diciembre de 2017 leí el tweet de Edison (@EdisionLanza) al salir de México: “Nunca olvidaré las reuniones con familiares de periodistas que perdieron la vida en el ejercicio y con los periodistas desplazados por la violencia en #México que perdieron sus trabajos y su vida cotidiana. Toda nuestra solidaridad y compromiso con ellos”.

Exgobernadores priistas encarcelados en gobiernos panistas

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Hasta hace poco era una regla no escrita que el gobernador que llegaba al leer le cubría la espalda a su sucesor, máxime cuando ambos eran del mismo partido.

Así ocurrió durante muchos sexenios con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde los mandatarios se sucedían sin que el nuevo hiciera siquiera algún comentario crítico sobre la labor de su sucesor.

Aunque en muchas de las administraciones se dieron todo tipo de excesos, el que el mandatario electo fuese del mismo partido garantizaba impunidad.

Esto ha estado cambiando desde que en la mayor parte del país se ha dado la alternancia, principalmente con el Partido Acción Nacional (PAN).

Un ejemplo de lo anterior es que en los estados donde cambió el gobierno por un abanderado de la coalición “Por México al Frente”, se han denunciado los desvíos de los exgobernadores, algunos de los cuales además ya están en la cárcel.

Casos específicos el de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge.

Allí los nuevos gobernadores, Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín, respectivamente, se fueron por la vía jurídica para que sus antecesores pagaran por todos los delitos cometidos contra el patrimonio estatal.

Es así como en Veracruz en abril del año pasado tras casi seis meses prófugo de la justicia, el priista Javier Duarte de Ochoa fue aprehendido en Guatemala, por la Procuraduría General de la República (PGR), en colaboración con la Policía Nacional Civil guatemalteca.

Dos meses más tarde, en junio de 2017, el exmandatario quintanarroenses, Roberto Borge, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando trataba de tomar un vuelo a París.

Se espera que los procesos no solo concluyan con la detención y consignación de los políticos, sino que se logre recuperar el patrimonio de los estados saqueados por ellos y sus cómplices.

Esto no solo es una promesa de campaña, también es una sentida demanda de la ciudadanía que en gran medida votó por el cambio para acabar con esos regímenes caracterizados por el ratocinio y la opresión.

Hasta ahora los gobernadores emanados de la alianza México al Frente han dado muestras de cero impunidad.

Los triunfos de Acción Nacional acabaron con los pactos de impunidad mientras que en los estados donde ganó el PRI este “pacto” sigue vigente.

Terminó la espera, Borge está en México

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Finalmente, y tras una espera de siete meses el ex gobernador Roberto Borge Angulo fue extraditado por las autoridades panameñas.

El ex mandatario permaneció en el país centroamericano desde el pasado 4 de junio, cuando fue detenido en el aeropuerto de Tocumen mientras pretendía abordar un vuelo con destino a París.

Mucho más delgado que cuando estaba en el poder -su abogado asegura que perdió 20 kilos-, con una mirada penetrante y su acostumbrado gesto de cruzar las manos para evitar que se le vean las esposas, Borge llegó a las instalaciones de la base aeronaval panameña.

Allí fue revisado médicamente y se hicieron los trámites legales correspondientes para que abandonara el país canalero.

Llamó mucho la atención el rosario que colgaba de su cuello, por encima de su camisa.

Con 30 minutos de retraso Borge abordó el Bombardier Challenger 605 que lo trajo a México.

Dos horas después aterrizó en la Ciudad de México, donde ya era esperado por su defensa, las autoridades mexicanas y decenas de reporteros.

Horas después y tras cumplir con una serie de trámites, el convoy federal trasladó al ex gobernador al penal Neza Bordo, en el Estado de México.

Allí quedó a disposición del juez de su causa.

Trascendió que su primera audiencia será el día sábado, cuando se determinará si enfrentará su proceso en libertad o se le dicta prisión preventiva.

Hay que recordar que Borge Angulo está acusado por la Fiscalía estatal de los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado en agravio del estado de Quintana Roo, por un monto de más de 3 mil millones de pesos.

Además, la justicia federal lo investiga por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por los primeros delitos se le había fijado en un principio una fianza de 89 mil pesos y la Fiscalía logró que fuesen 85 millones; ahora se busca que esa cantidad se multiplique por tres, es decir, que la fianza alcance los 255 millones de pesos.

Asimismo, el fiscal general del estado, Miguel Pech Cen, advirtió que los fiscales solicitarán que el exgobernador sea traído al Centro de Reinserción Social de Chetumal para enfrentar las denuncias en su contra por peculado y afectación al erario público por 3 mil millones de pesos.

En Quintana Roo las reacciones no se han hecho esperar y tanto políticos como empresarios y miembros de la sociedad civil se manifestaron a favor de que prevalezca la justicia en el caso del ex gobernador.

Seguramente durante los próximos meses seremos testigos de un intenso proceso legal que culminará con la sentencia de Roberto Borge; habrá que ver también quienes de sus subalternos caen junto a su jefe.