En Benito Juárez se estima que viven entre 180 mil y 200 mil perros en situación de calle. La cifra equivaldría a casi un animal abandonado por cada cinco habitantes del municipio o a uno por cada diez habitantes de todo Quintana Roo. Sin embargo, seguimos sin saber cuántos son realmente, dónde se concentran, cuántos están enfermos, cuántos pueden ser rehabilitados y cuánto nos cuesta atender las consecuencias.
Cuando un problema no se mide, no hay diagnóstico. Sin diagnóstico no existe una política pública eficaz y, sin ella, el problema seguirá creciendo.
No estamos únicamente ante una causa de bienestar animal. Es un asunto de salud pública, convivencia social, biodiversidad, seguridad urbana y economía turística. México registraba históricamente un promedio de 70 mil agresiones por perro al año; pero para la semana epidemiológica 26 de 2026 ya acumulaba 70 mil 39 mordeduras, 1.7% más que en el mismo periodo de 2025. Esto indica que el país podría cerrar el año muy por encima de aquel promedio.
Una consulta de urgencias de segundo nivel en el IMSS tiene como referencia para 2025 un costo unitario de 1,851 pesos. Aplicado únicamente a las 70 mil 39 mordeduras registradas hasta junio, el costo teórico superaría los 129 millones de pesos, sin incluir curaciones, antibióticos, cirugía, hospitalización, reconstrucción facial, incapacidades, vacunas ni inmunoglobulina antirrábica. Si el ritmo anual se acercara a 140 mil casos, la atención inicial podría representar alrededor de 259 millones de pesos. Es una proyección propia basada en registros epidemiológicos y costos oficiales, no un gasto consolidado reportado por el sistema de salud.
Tampoco todos enfrentan el mismo riesgo. La Secretaría de Salud señala que 40% de las personas mordidas por animales sospechosos de rabia en el mundo son menores de 15 años. En niñas y niños, por su estatura, las lesiones suelen alcanzar rostro, cabeza y cuello; en personas mayores, embarazadas o inmunosuprimidas, las infecciones y complicaciones pueden ser más difíciles de atender. Aunque México eliminó la rabia humana transmitida por perros mediante vacunación masiva, vigilancia y profilaxis posterior a la exposición, conservar ese logro también cuesta recursos públicos permanentes.
El costo ambiental tampoco puede ignorarse. Los perros libres cazan aves, reptiles y pequeños mamíferos, compiten con especies nativas y transmiten enfermedades a la fauna silvestre. En Quintana Roo, donde selvas, manglares, humedales y áreas protegidas sostienen tanto nuestra biodiversidad como nuestra oferta turística, permitir que el fenómeno crezca significa trasladar costos a los ecosistemas y, posteriormente, a la economía.
Para un destino internacional, la imagen urbana también importa. Un visitante no separa la playa de la ciudad que recorre: observa limpieza, seguridad, orden, animales enfermos, jaurías o cuerpos atropellados. No existe todavía un estudio que permita afirmar cuánto turismo pierde Cancún por esta causa, pero sí podemos advertir que una crisis visible de abandono deteriora la experiencia del visitante y debilita la reputación de un destino que compite con ciudades donde el bienestar animal ya forma parte de la calidad urbana.
Hoy tampoco sabemos cuánto gastan, en conjunto, los once municipios de Quintana Roo. El presupuesto de Benito Juárez contempla medicamentos y materiales veterinarios, pero no presenta en el documento general una bolsa consolidada que permita identificar el costo total de bienestar animal. El municipio reportó, en un año, casi cinco mil consultas veterinarias, 4 mil 120 desparasitaciones, 2 mil 100 esterilizaciones y 239 adopciones. Son acciones importantes, pero siguen siendo pequeñas frente a una estimación de 180 mil animales en las calles.
La gobernadora Mara Lezama ya abrió una ruta preventiva mediante las Caravanas del Bienestar Animal, con vacunación, desparasitación, consultas y una meta inicial de 1,200 esterilizaciones gratuitas. En el ámbito nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó la reforma constitucional que prohíbe el maltrato y obliga al Estado mexicano a garantizar la protección y el cuidado de los animales. Ahora corresponde convertir esos avances en información, coordinación y resultados medibles.
Bogotá ofrece una referencia cercana: para 2026 programó 52 mil esterilizaciones, microchip y seguimiento. Con un costo promedio anunciado por procedimiento, una intervención de esa magnitud representaría aproximadamente 46 millones de pesos mexicanos. Ámsterdam y los Países Bajos construyeron su modelo mediante registro, microchip, vacunación, responsabilidad del propietario y control del abandono. Calgary, por su parte, combina licencias obligatorias, sanciones, albergue, adopción, esterilización subsidiada y tarifas menores para animales esterilizados. No existe una campaña milagrosa: existe continuidad institucional.
Quintana Roo necesita seguir cinco pasos: medir, intervenir, gestionar, prevenir y evaluar. Primero, un censo estatal georreferenciado. Después, captura humanitaria, valoración médica y conductual, vacunación, esterilización e identificación permanente. Luego, rehabilitación y adopción para quienes puedan integrarse a un hogar; manejo especializado para animales no socializados, y eutanasia humanitaria únicamente cuando exista sufrimiento irreversible o riesgo conductual no rehabilitable, siempre bajo dictamen veterinario.
Finalmente, necesitamos un registro interoperable entre los once municipios y resultados públicos: cuántos animales fueron censados, atendidos, esterilizados, vacunados, adoptados o reintegrados; cuánto se gastó y cuánto disminuyeron las mordeduras, el abandono y los riesgos sanitarios.
La prevención no comienza construyendo más jaulas. Comienza construyendo información. Contar no es reducir a los animales a una estadística. Contar es saber dónde están, qué necesitan y cuánto nos cuesta seguir ignorándolos.
Porque para cuidar, primero tenemos que contar.
