Este 30 de abril, México conmemora el Día del Niño en medio de avances normativos significativos y desafíos persistentes en la garantía efectiva de los derechos de la infancia.
Aunque el país cuenta con un marco jurídico sólido, la realidad evidencia que aún existe una brecha entre la ley y su aplicación cotidiana.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que los menores son sujetos plenos de derechos.
Bajo este enfoque, el principio del interés superior de la niñez se erige como eje rector de toda decisión que impacte su vida, obligando a autoridades y particulares a priorizar su bienestar en ámbitos como la justicia, la educación y la salud.
No obstante, diversos indicadores reflejan problemáticas estructurales.
La violencia intrafamiliar, el incumplimiento de obligaciones alimentarias y el trabajo infantil siguen presentes en distintas regiones del país.
En el sureste mexicano, particularmente en entidades como Yucatán y Quintana Roo, factores como la desigualdad social y los fenómenos migratorios incrementan la exposición de niñas y niños a contextos de vulnerabilidad.
Especialistas en derecho coinciden en que uno de los retos centrales es la correcta implementación de las normas existentes.
La falta de capacitación con enfoque de infancia en operadores jurídicos y la limitada coordinación institucional dificultan la materialización de los derechos reconocidos en la ley.
Asimismo, el derecho de participación de niñas, niños y adolescentes continúa siendo un aspecto pendiente.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de escuchar y tomar en cuenta sus opiniones en los asuntos que les afectan, un principio que en la práctica aún enfrenta resistencias culturales e institucionales.
En este contexto, el Día del Niño no solo representa una celebración simbólica, sino una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de garantizar condiciones dignas para el desarrollo integral de la infancia.
Más allá de los actos conmemorativos, la fecha invita a reforzar el compromiso con una justicia efectiva y una política pública que coloque verdaderamente a niñas y niños en el centro de las decisiones.
