En los conflictos familiares, pocas situaciones generan tanta preocupación como la retención indebida de menores. Este fenómeno ocurre cuando uno de los progenitores, familiares o incluso terceros impiden injustificadamente que una niña, niño o adolescente mantenga contacto con quien legalmente ejerce su custodia, patria potestad o régimen de convivencias. Más allá de las disputas entre adultos, el verdadero afectado suele ser el menor de edad, cuyos derechos pueden verse seriamente comprometidos.
La Constitución mexicana y la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen el principio del interés superior de la niñez como eje rector de toda decisión que involucre a menores. Esto significa que cualquier autoridad debe privilegiar el bienestar emocional, físico y psicológico de la infancia por encima de los desacuerdos personales de los padres.
Sin embargo, en la práctica, los procedimientos de separación y divorcio suelen derivar en conflictos donde uno de los progenitores utiliza al menor como instrumento de presión. En ocasiones, se incumplen resoluciones judiciales sobre guarda y custodia o convivencias; en otras, se traslada al menor a otra ciudad o entidad federativa sin autorización. Estas conductas no solo afectan el desarrollo emocional del niño, sino que pueden constituir infracciones legales e incluso delitos, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.
La retención de menores provoca consecuencias profundas. Diversos especialistas en psicología infantil han advertido que la interrupción abrupta del vínculo con uno de los padres puede generar ansiedad, inseguridad, sentimientos de abandono y dificultades en la construcción de relaciones futuras. El daño no siempre es visible de inmediato, pero puede manifestarse durante años.
En Quintana Roo y en el resto del país, los tribunales familiares cuentan con mecanismos para restituir derechos vulnerados y garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fortalece herramientas destinadas a proteger a niñas, niños y adolescentes, promoviendo soluciones más ágiles y centradas en su bienestar.
Es importante comprender que el derecho de convivencia no pertenece exclusivamente a los padres; constituye también un derecho de los hijos. La relación con ambos progenitores, salvo que exista una causa justificada que la limite, forma parte de su desarrollo integral y de su identidad familiar.
La retención de menores no debe analizarse como una victoria o derrota entre adultos. Cada día de convivencia perdido representa una oportunidad menos para fortalecer vínculos afectivos esenciales. Cuando el conflicto familiar convierte a los hijos en rehenes emocionales, la justicia tiene el deber de intervenir, pero la responsabilidad ética corresponde a los propios adultos.
Proteger a la niñez implica recordar que los hijos no son propiedad de nadie. Son personas con derechos propios, cuya estabilidad emocional debe prevalecer sobre cualquier disputa familiar.
