Redacción/Grupo Cantón
El sector empresarial del Caribe mexicano advierte que los recientes criterios judiciales sobre el uso de símbolos mayas podrían generar incertidumbre jurídica, afectar al turismo y poner en riesgo miles de empleos.
Quintana Roo.- El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe expresa su profunda preocupación ante los recientes criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso de símbolos de la cultura maya, al considerar que generan un precedente que pone en riesgo la operación de miles de empresas en la región.
Lo que hoy ocurre no es un caso aislado. El criterio adoptado abre la posibilidad de sancionar o incluso clausurar establecimientos por el simple uso de elementos culturales mayas, sin que existan reglas claras, lineamientos definidos ni certeza sobre quién tiene la facultad legítima para autorizar su uso.
Este escenario impacta directamente a destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la cultura maya no solo es parte de la identidad regional, sino también un componente esencial de la oferta turística y del sustento económico de miles de familias.
Además, este precedente no se limita únicamente a la cultura maya. Hoy impacta directamente a una de las raíces más importantes de nuestra identidad regional; sin embargo, de mantenerse este criterio, mañana podría extenderse a cualquier otra expresión cultural que forma parte de lo que nos define como país.
La falta de claridad en su aplicación pone en riesgo no solo a un sector o a una región, sino a la forma en que México entiende, protege y proyecta su propia identidad cultural. Casos como el de Grupo Xcaret evidencian la gravedad del problema. A pesar de haber celebrado acuerdos con instancias reconocidas en el marco legal, hoy se enfrentan a resoluciones que desconocen dichos esfuerzos y generan un estado de indefensión jurídica.
El riesgo es claro: bajo este precedente, cualquier empresa, desde grandes desarrollos turísticos hasta pequeños comercios, podría ser objeto de denuncias, sanciones o clausuras, abriendo la puerta a la discrecionalidad, la incertidumbre e incluso posibles actos de abuso.
En este contexto, es fundamental subrayar una postura clara y responsable del sector empresarial: reconocemos y respaldamos plenamente la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como un avance necesario y positivo.
Durante años existieron abusos en el uso de la identidad y del patrimonio de estas comunidades, por lo que contar con un marco legal que los proteja es un paso correcto que apoyamos. Sin embargo, proteger no puede significar generar ambigüedad ni incertidumbre jurídica.
La correcta aplicación de esta ley debe sustentarse en reglas claras, criterios uniformes y mecanismos bien definidos que otorguen certeza tanto a las comunidades como a quienes participan en la actividad económica.
Desde el sector empresarial reiteramos con firmeza: no estamos en contra de la protección de la cultura maya; por el contrario, hemos sido aliados en su promoción, difusión y en la generación de beneficios económicos para las comunidades.
Hoy es indispensable establecer lineamientos claros, procesos transparentes y definiciones precisas sobre las figuras de representación legítima, que permitan proteger el patrimonio cultural sin poner en riesgo la inversión, el empleo y la estabilidad económica de toda una región.
En este sentido, resulta urgente trabajar en la elaboración y publicación del Reglamento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, ya que su ausencia es precisamente lo que hoy genera un estado de indefensión.
Es indispensable que dicho reglamento establezca con total claridad las reglas del juego para todos, brindando certeza jurídica tanto a las comunidades como a los actores económicos.
Por ello, deseamos participar activamente en la construcción de estas reglas, convencidos de que, sin lineamientos claros, esta ley puede ser utilizada para fines muy distintos a la preservación del patrimonio cultural de las comunidades.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades para revisar este criterio y abrir un diálogo incluyente que permita construir soluciones viables. La falta de definiciones no solo pone en riesgo a una empresa o a un sector, sino a toda la economía del sureste mexicano.
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