La Ley Alberto no nació en un escritorio; nació del dolor. Nació del nombre de Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, Chile, quien perdió la vida debido a una negligencia que nunca debió ocurrir: un conductor de microbús que manejaba bajo los efectos de las drogas. Su muerte, como la de Paloma Ulloa, estudiante universitaria atropellada en circunstancias similares, encendió una indignación que se convirtió en movilización social y que hoy se transforma en ley.
Esta ley establece algo que parece de sentido común, pero que hasta hace poco no era obligatorio: la realización de exámenes periódicos de alcotest y narcotest a los conductores del transporte público mayor. Cada cuatro meses, las empresas estarán obligadas a someter a sus choferes a estos controles, con el objetivo de prevenir que personas no aptas estén detrás de un volante y tengan bajo su responsabilidad la vida de decenas de pasajeros.
Y aquí es donde debemos hacer una pausa para reflexionar como sociedad. ¿Cómo es posible que hayamos necesitado la muerte de dos jóvenes para exigir lo mínimo? ¿Cómo es posible que un conductor de transporte público, que lleva a trabajadores, madres, niños y estudiantes, no tuviera controles antidrogas regulares?
La respuesta es incómoda: porque hemos normalizado la precariedad del transporte público y hemos permitido que, en ocasiones, la rentabilidad de las empresas se coloque por encima de la seguridad de las personas.
Queremos hacer una breve pausa para invitarlos al Instituto Pericial Judicial a conocer nuestra amplia oferta educativa en ciencias humanas. Contamos con Preparatoria, Licenciaturas y Maestrías, además de diversos diplomados.
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La Ley Alberto es un avance, sin duda, y debe ser reconocida como tal. Es también una muestra de que la organización de estudiantes, padres de familia y docentes puede ejercer presión sobre el poder político para impulsar cambios necesarios.
Que el nombre de Alberto no sea solamente el nombre de una ley en Chile, sino que se convierta en un principio universal: nadie debería morir por ir a estudiar o a trabajar.
Porque ningún estudiante debería subir a un transporte público con miedo de no llegar con vida a su escuela.
