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21 abril, 2024

Letras de cambio

El irrenunciable derecho a ser periodista que olvidan en Q.Roo

Julián Ricalde nos recordó, en días pasados, uno de los pendientes de este gobierno: La investigación sobre los “bufones” Heriberto y Alberto Millar.

Creo que el calificativo no les hace justicia, y menos todavía en lo legal. Porque a cambio de prostituir su medio de comunicación y crear una red de ataques, de clonación de otros medios, recibieron millones de pesos provenientes del erario.

¿Así se hacía periodismo en Quintana Roo?  Así y peor, mucho peor.

Lo grave del mensaje de impunidad consentida a estos personajes nefastos es que no se contribuye a que cambie la realidad del periodismo local. Antes, al contrario.

De cara a la detención de Juan Vergara Fernández, tal vez la primera gran crisis de imagen y/o comunicación del actual gobierno regresamos a los peores días del peor periodismo. No solamente a la lapidación pública, sistemática, de un protagonismo del poder local que días antes era casi venerado por los dueños y directores de los medios, así como por muchos “reporteros”, sino al manejo interesado, tal vez incluso con dinero de por medio, de información.

Y todo esto no tenía sino un destinatario: Carlos Joaquín.

Porque a final de cuentas no pareció interesarles qué sucedía en la investigación abierta contra Vergara, ni en las certificaciones políticas nacionales, declaradas por el líder local del PRD, sino referirse a quien hasta hace pocas semanas fungió como Secretario de Finanzas, pero, sobre todo, antes, fue una figura central en la campaña política del ahora gobernador.

El tema contra Vergara Fernández no tiene vinculación alguna con la función pública que desempeñó, es decir con el gobierno de Carlos Joaquín.  Y su detención, dos dedos de frente para entenderlo, no puede desvincularse del proceso electoral donde el gobierno de la República está utilizando a la PGR para intentar modificar el rechazo social al PRI.

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Sin embargo, se desataron los demonios.  Y casi todos los medios utilizaron sus primeras páginas, sus editoriales, sus notas informativas para mandar un mensaje clarísimo a Carlos Joaquín: Vamos detrás de ti y de tu gente.

Ignoro si esa sea la lectura primaria en Casa de Gobierno, pero sí que lo fue en toda la sociedad. Ir contra un gobierno es perfectamente lícito si esa es la línea editorial, pero no es el caso.  De lo que hablamos es de intereses económicos, de una forma inmoral de “apretar las tuercas” para mejorar los “convenios de publicidad oficiales”.

O sea, el peor estilo del pasado.  Los usos y costumbres de los que los señores Millar fueron líderes.  Publicaciones a cambio de dinero.  Publicaciones que amenazan. Publicaciones a gusto del poderoso que pague más. Publicaciones aparentemente políticas que se venden.  Publicaciones donde el manejo de las “fake news” es privativo. Publicaciones lapidarías como amenaza al gobierno.

Esto va a seguir sucediendo si no hacemos caso de lo que dice Julián Ricalde y el gobierno investiga, en serio, a los Millar, y a otros dizque “empresarios” de medios de comunicación…

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