Adrián Sosa Ramírez / Grupo Cantón
Los videojuegos y las aplicaciones digitales forman parte de la vida cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes. Plataformas como Roblox, TikTok, Discord, Fortnite y otras permiten jugar, conversar y hacer amistades, pero también pueden ser utilizadas por delincuentes para captar víctimas mediante engaños.
El problema no es el videojuego en sí, sino el uso criminal de sus herramientas de comunicación. Un agresor puede crear un perfil falso, hacerse pasar por otro menor, ganar la confianza de la víctima y posteriormente trasladar la conversación a otras plataformas. Este proceso, conocido como grooming, puede derivar en amenazas, extorsión, abuso sexual o explotación.
Desde el punto de vista jurídico, la situación puede adquirir una gravedad mucho mayor cuando la captación tiene como finalidad la explotación. La legislación contempla diversas conductas relacionadas con la trata de personas, y dependiendo de las circunstancias se crean otros delitos como corrupción de menores, abuso sexual, pornografía de personas menores de edad, amenazas o extorsión.
Este año, la Fiscalía de Chihuahua informó sobre la vinculación a proceso de un hombre acusado de trata de personas, quien presuntamente habría captado a una adolescente de 15 años mediante una plataforma de videojuegos. El caso evidencia que el contacto digital puede convertirse en el primer paso de una conducta criminal que posteriormente se materializa fuera de Internet.
La dimensión jurídica del problema también plantea interrogantes sobre las plataformas. Empresas como Roblox han desarrollado sistemas de moderación, controles parentales y mecanismos de denuncia; sin embargo, ninguna herramienta tecnológica elimina completamente el riesgo. La responsabilidad penal del agresor y la eventual responsabilidad de una plataforma son asuntos distintos que deben determinarse a partir de las circunstancias concretas de cada caso.
La respuesta tampoco puede limitarse a prohibir los videojuegos. Se requiere educación digital, supervisión familiar, mecanismos eficaces de denuncia y autoridades capaces de investigar delitos cometidos mediante tecnologías que no reconocen fronteras.
Lo ocurrido detrás de una pantalla no deja de ser real. La conversación puede ser virtual, pero la víctima, el daño y las consecuencias jurídicas son reales. Por ello, proteger a niñas, niños y adolescentes también significa protegerlos en los espacios digitales donde hoy conviven, juegan y construyen relaciones.
La pantalla no debe convertirse en el nuevo territorio de impunidad
