Pocos estados de México cambian con la velocidad con la que cambia Quintana Roo.
Ésa es, quizá, la mayor fortaleza de nuestro estado. Pero también representa uno de los mayores retos para quienes tenemos la responsabilidad de construir las leyes que acompañen ese crecimiento.
Los datos ayudan a entender por qué.
En 1990, Quintana Roo tenía alrededor de 493 mil habitantes. Para el año 2000 ya superaba los 874 mil; en 2010 alcanzó 1.3 millones y, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI, en 2020 llegó a 1.86 millones de habitantes. En apenas treinta años, nuestra población prácticamente se cuadruplicó.
A ello debemos sumar una realidad igual de extraordinaria: cada año recibimos más de 20 millones de visitantes, contamos con más de 137 mil habitaciones hoteleras y el Aeropuerto Internacional de Cancún moviliza más de 32 millones de pasajeros. Somos uno de los principales destinos turísticos del mundo y una de las economías más dinámicas del país.
Ese crecimiento trae oportunidades, pero también enormes responsabilidades.
Más población significa mayor demanda de vivienda, movilidad, agua potable, servicios públicos, escuelas, hospitales, seguridad y justicia.
Más turismo significa nuevos retos en infraestructura, protección ambiental, desarrollo urbano, conectividad, inversión y competitividad.
Más inversión significa nuevas formas de hacer negocios, nuevos empleos, nuevas tecnologías y nuevas reglas para brindar certeza jurídica.
Por eso, el verdadero reto del Congreso no consiste únicamente en aprobar leyes.
Consiste en entender hacia dónde está evolucionando Quintana Roo.
Porque una ley que llega tarde puede convertirse en la respuesta para un problema que ya cambió.
Hoy el Congreso debe ser capaz de comprender fenómenos que hace apenas unos años ni siquiera formaban parte del debate legislativo: la inteligencia artificial, los delitos digitales, la movilidad inteligente, la ciberseguridad, el crecimiento acelerado de nuestras ciudades, la disponibilidad de agua, el cambio climático, la protección de nuestros ecosistemas, el desarrollo logístico y la competitividad económica.
Nuestra experiencia reciente demuestra que sí podemos avanzar en esa dirección. La actualización del marco jurídico estatal para incorporar nuevas modalidades de violencia digital relacionadas con el uso de inteligencia artificial es un ejemplo de cómo el Poder Legislativo puede responder a una realidad emergente antes de que los vacíos legales se conviertan en un problema mayor.
Ése debe ser el camino.
Un buen Congreso no espera a que los desafíos lleguen para comenzar a actuar.
Los estudia.
Los analiza.
Escucha a especialistas, universidades, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil.
Evalúa evidencia.
Construye acuerdos.
Y legisla pensando no solamente en el presente, sino en el Quintana Roo que tendremos dentro de diez o veinte años.
En esta visión resulta justo reconocer el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, quien ha impulsado un modelo de desarrollo con bienestar y una agenda de fortalecimiento institucional para nuestro estado. De igual manera, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado la importancia de contar con instituciones públicas más modernas, eficientes y preparadas para responder a los grandes desafíos del país.
Desde el Congreso también nos corresponde asumir esa responsabilidad.
En los próximos años, Quintana Roo iniciará una nueva etapa institucional. Más allá de quién ocupe los distintos cargos públicos, el verdadero desafío será consolidar instituciones capaces de acompañar el extraordinario crecimiento del estado.
Un Ejecutivo con visión necesita municipios fuertes.
Y ambos necesitan un Congreso moderno.
Un Congreso que comprenda la velocidad con la que cambia Quintana Roo y tenga la capacidad de actualizar nuestro marco jurídico con oportunidad, responsabilidad y visión de futuro.
Porque las obras transforman ciudades.
Los programas mejoran vidas.
Pero las instituciones sólidas son las que permiten que el desarrollo perdure generación tras generación.
Cada época plantea nuevos desafíos.
A la nuestra le corresponde construir las leyes que permitan que Quintana Roo continúe creciendo con orden, justicia, innovación, competitividad y bienestar para todas y todos.
Porque legislar no consiste únicamente en resolver los problemas de hoy.
Legislar también significa preparar a Quintana Roo para el futuro.
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