El próximo domingo 31 de mayo vence el plazo para que todos los funcionarios públicos de confianza presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses. Para ello, los sujetos obligados deben tener a la mano su CURP, RFC, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículum vitae, recibo de nómina o declaración fiscal, escrituras públicas, facturas de vehículos, contratos y estados de cuenta, comprobantes de otros ingresos, actas constitutivas de asociaciones y cualquier otro documento que respalde su declaración.
Cabe mencionar que existen tres tipos de declaraciones: la declaración inicial, que debe presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión por ingreso o reingreso al servicio público; la declaración de modificación patrimonial, que debe entregarse durante el mes de mayo de cada año; y la declaración de conclusión del encargo, que se presenta dentro de los sesenta días naturales posteriores a la finalización del cargo.
Pero más allá de cumplir con la ley, hay funcionarios públicos que la evaden, no solo al mentir en sus declaraciones patrimoniales, sino también al adquirir propiedades y cuentas bancarias mediante los llamados “prestanombres”. En administraciones pasadas, estos solían ser amigos o personas cercanas; sin embargo, debido a conflictos donde algunos terminaban apropiándose de los bienes, la “nueva generación de políticos” ha optado por utilizar familiares directos.
No es extraño para los quintanarroenses observar cómo presidentes municipales, diputados, secretarios de Estado y directores municipales han cambiado radicalmente su estilo de vida. Durante campañas, muchos enfrentaban limitaciones económicas; hoy, tras meses o años en el cargo, poseen vehículos de lujo, viajan constantemente al extranjero y utilizan artículos de alto valor. Además, presumen en redes sociales sus bienes muebles e inmuebles, así como celebraciones ostentosas. Como dice el dicho popular: “hay dos cosas que no se pueden ocultar: el dinero y el embarazo”.
En los municipios es un secreto a voces la aparición de “nuevos ricos”: funcionarios que, de la noche a la mañana, construyen residencias que resultarían inalcanzables para un trabajador promedio.
Se espera que la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secretaría de Buen Gobierno) aplique la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El artículo 33 establece que, en caso de no presentar la declaración patrimonial en cualquiera de sus modalidades dentro de los plazos establecidos y sin causa justificada, se debe iniciar de inmediato una investigación por presunta responsabilidad administrativa, conforme al artículo 49, fracción IV, y requerir al servidor público el cumplimiento de dicha obligación.
Sin embargo, más allá del cumplimiento formal, sería pertinente investigar el posible enriquecimiento de familiares cercanos durante los últimos años, particularmente cuando alguno de ellos asumió un cargo público relevante.
SASCAB
Por otro lado, Quintana Roo enfrenta uno de sus mayores problemas medioambientales: la arribazón de más de 40 mil toneladas de sargazo en sus costas, mientras que los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno parecen insuficientes.
Desde Puerto Morelos hasta la Riviera Maya, la Secretaría de Marina (Semar) realiza labores de limpieza en playas y recolección en el mar, ante el notable incremento del recale en semanas recientes. De acuerdo con cifras actualizadas, se recolectaron 11 mil toneladas adicionales en apenas 15 días, lo que ha obligado a intensificar las acciones en el Caribe mexicano.
Con la llegada del verano, temporada alta para el turismo en Quintana Roo, tanto autoridades como la iniciativa privada deben priorizar la limpieza de destinos como Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, en Othón P. Blanco. Al tiempo…
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