En toda democracia moderna existe una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿cómo trata el Estado a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad?
La respuesta está y se fortalece cuando somos capaces de legislar para quienes menos tienen voz.
Durante décadas, el sistema penitenciario mexicano fue construido desde una lógica predominantemente punitiva. Sin embargo, los nuevos enfoques internacionales en derechos humanos nos obligan a reconocer una verdad elemental: ninguna persona pierde su dignidad humana por encontrarse privada de la libertad.
Mucho menos una mujer embarazada.
A nivel nacional, la realidad es contundente. Al cierre de 2024, existían 268 mujeres privadas de la libertad embarazadas y/o en periodo de lactancia, mientras que 307 mujeres vivían con sus hijas e hijos dentro de los centros penitenciarios, lo que representaba a 311 niñas y niños menores de seis años compartiendo la reclusión con sus madres. Detrás de cada una de estas cifras hay una historia de doble vulnerabilidad: la de una madre que enfrenta su proceso penal y la de una infancia que crece entre rejas.
Además, se estima que alrededor del 85% de las mujeres en prisión en México son madres, y muchas de ellas eran las principales responsables del cuidado de sus hijas e hijos antes de ser privadas de su libertad. Sin embargo, solo 37 de las 360 prisiones en el país cuentan con espacios diseñados para la estancia de menores, lo que evidencia una carencia estructural que el Estado está obligado a resolver.
Frente a esta realidad, presente en equipo con fundación desde cero una iniciativa en el congreso de Quintana Roo para incorporar medidas de protección integral a mujeres gestantes en reclusión representa una transformación de paradigma: pasar de un modelo que únicamente administra sanciones, a uno que entiende la obligación institucional de garantizar condiciones de humanidad.
La propuesta legislativa advierte una doble condición de vulnerabilidad: ser mujer y enfrentar un embarazo en reclusión. Por ello, adiciona disposiciones específicas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, incorporando atención médica especializada, acompañamiento psicológico, alojamiento digno y mecanismos efectivos de acceso a la justicia para mujeres embarazadas privadas de su libertad.
Pero más allá del alcance jurídico, esta reforma tiene una dimensión política y social mucho más profunda.
México atraviesa un momento histórico en materia de políticas públicas con perspectiva de género. La llegada de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al gobierno federal no solamente simboliza un avance en representación política femenina; también consolida una visión de Estado que ha insistido en atender las causas estructurales de la desigualdad, la exclusión y la violencia.
El concepto de “atender los orígenes”, impulsado desde la narrativa nacional, nos obliga a mirar fenómenos que durante años permanecieron fuera del debate público: mujeres atravesadas por ciclos de violencia, pobreza, abandono institucional y contextos de vulnerabilidad que terminan reproduciéndose dentro del sistema penal.
Entender esta realidad no significa justificar conductas delictivas. Significa reconocer que la política pública contemporánea no puede limitarse únicamente al castigo, sino que debe incorporar prevención, reinserción social y protección para grupos de especial vulnerabilidad.
En Quintana Roo, esta visión encuentra armonía con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, cuya administración ha colocado el enfoque humanista y la justicia social como ejes centrales de gobierno.
La relevancia de esta iniciativa radica precisamente en eso: reconocer que existen sectores históricamente invisibilizados, incluso dentro de las propias políticas de género.
Porque la legitimidad de un sistema de justicia no solamente se construye con sentencias firmes. También se construye con sensibilidad institucional, visión de derechos humanos y la capacidad de reconocer que, incluso en los espacios más duros del Estado, la dignidad humana debe seguir siendo el límite ético de toda autoridad.
