Recientemente, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se insiste en confundir “justicia social” con “voracidad fiscal”. La propuesta de cobrar Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las herencias y a los recursos de las Afores cuando son recibidos por los herederos no solo resulta cuestionable: también plantea un debate sobre su justicia y sus efectos económicos.
Primero, las herencias ya pagaron impuestos. Quien construyó un patrimonio lo hizo con recursos sobre los cuales el Estado ya aplicó diversas cargas fiscales: ISR, IVA, predial, tenencia e incluso IEPS. Cobrar nuevamente al momento del fallecimiento representa, desde esta perspectiva, una doble tributación.
Es decir, sería como si el Estado esperara al titular del patrimonio para volver a gravar un esfuerzo económico que ya fue sujeto de impuestos durante años.
Segundo, las Afores representan el ahorro del trabajador. Cada peso acumulado proviene de ingresos que ya pagaron ISR al momento de generarse. Además, los rendimientos han tenido sus propias retenciones fiscales. Gravar nuevamente esos recursos cuando son recibidos por el viudo o los hijos significa castigar la previsión y el ahorro.
El mensaje para los ciudadanos sería preocupante: “¿para qué ahorrar si al final parte de ese esfuerzo será retenido?”. Una medida así podría desincentivar el ahorro formal y fortalecer la informalidad.
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Se argumenta que esta medida sería una forma de hacer que “paguen los ricos”. Sin embargo, la realidad puede ser distinta. Los grandes patrimonios suelen contar con fideicomisos, estructuras internacionales y mecanismos de planeación fiscal.
En cambio, quienes podrían resentir más este tipo de medidas serían familias de clase media que, después de años de trabajo, lograron dejar un patrimonio como una vivienda o algunos ahorros en una cuenta de retiro.
México no necesita más impuestos sobre el esfuerzo familiar. Necesita mayor eficiencia en el gasto público, transparencia y una relación distinta entre el Estado y los ciudadanos.
Gravar herencias y Afores no representa necesariamente una redistribución de riqueza; desde esta postura, significa cobrar nuevamente sobre recursos que ya fueron generados y gravados.
Y ahí está el debate: no se trata solo de recaudar, sino de analizar si la vía elegida es la correcta.
Porque cuando el impuesto alcanza el patrimonio construido con años de trabajo, existe el riesgo de que el SAT termine convertido en el heredero forzoso del esfuerzo ajeno.
