Manuel Baeza/Grupo Cantón
Más de 250 mil familias en Cancún enfrentan incertidumbre legal por vivir en terrenos ejidales irregulares, mientras autoridades federales inician procesos de regularización en al menos 35 colonias.
Cancún.- Durante años, miles de familias en Cancún han construido sus hogares sobre terrenos adquiridos con esfuerzo, pero sin documentos que hoy les garanticen legalmente la propiedad de su patrimonio. La problemática afecta actualmente a más de 250 mil familias en Benito Juárez, donde continúa creciendo la incertidumbre en colonias asentadas sobre tierras ejidales.
Rafael Quintanar, coordinador en Quintana Roo de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), informó que ya comenzaron trabajos técnicos y censos para avanzar en la legalización de predios donde miles de personas compraron terrenos bajo esquemas irregulares, muchos de ellos marcados por fraudes y ventas múltiples.
El dirigente señaló que el compromiso fue asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum desde campaña y posteriormente ratificado ya en funciones, con el objetivo de brindar certeza patrimonial a familias que durante años han vivido sin acceso pleno a servicios públicos ni garantías jurídicas sobre su patrimonio.
Explicó que existen casos donde un mismo terreno fue vendido hasta 10 o 15 veces distintas, además de cobros considerados excesivos para intentar regularizar predios adquiridos hace más de dos décadas. Según indicó, algunos lotes comprados originalmente en 100 mil pesos hoy pretenden cobrarse nuevamente hasta en 400 mil pesos.
Quintanar detalló que recientemente sostuvieron reuniones en la Ciudad de México con autoridades del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, la Procuraduría Agraria y otras dependencias federales, donde se confirmó el arranque del proceso en al menos 35 colonias de Benito Juárez.
Añadió que la regularización contempla acuerdos con ejidatarios, procedimientos agrarios y acciones legales contra quienes hayan lucrado con la venta irregular de tierras. No obstante, aclaró que la organización rechaza cualquier posibilidad de expropiar terrenos para volver a pagar por predios que ya fueron comercializados anteriormente.
Finalmente, destacó que obtener certeza jurídica permitiría abrir la puerta a programas federales de vivienda y obras de infraestructura básica para colonias actualmente marginadas.
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