Redacción/Grupo Cantón
La XVIII Legislatura aprobó una nueva ley para fortalecer al sector artesanal en Quintana Roo, con enfoque en desarrollo económico, protección cultural y bienestar de las personas artesanas.
Chetumal.- La XVIII Legislatura del Estado aprobó la nueva Ley de Fomento, Protección y Desarrollo Artesanal, un ordenamiento que busca saldar una deuda histórica con el sector, al reconocer a las artesanías no sólo como expresiones culturales, sino también como motores de desarrollo económico y social.
Esta ley, impulsada por las diputadas Euterpe Gutiérrez García, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, y María José Osorio Rosas, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, tiene como propósito principal fomentar el bienestar de las personas artesanas y proteger sus conocimientos tradicionales.
Para las y los integrantes de la XVIII Legislatura, la artesanía representa una fuente vital de empleo para mujeres, jóvenes y adultos mayores en comunidades rurales y zonas marginadas. Al fortalecer este sector, se busca elevar la calidad de vida de las familias que preservan la memoria colectiva del estado a través de sus creaciones.
Entre los puntos clave de este nuevo ordenamiento destacan el reconocimiento patrimonial para salvaguardar las técnicas y habilidades que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la región, así como el impulso al desarrollo económico mediante la regulación y el apoyo a los procesos de producción, distribución y comercialización de los productos artesanales.
De igual manera, la ley pone énfasis en la seguridad jurídica, al brindar protección legal y orientación administrativa a las personas productoras para dignificar su oficio.
Cabe mencionar que, en el marco de la aprobación de esta nueva ley, se contó con la presencia de personas artesanas de diversos municipios de Quintana Roo, quienes expusieron parte de sus productos en el vestíbulo del Congreso del Estado.
Por otra parte, se aprobó una minuta federal de reformas a la Carta Magna en materia de feminicidio, que otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en esta materia, con el fin de unificar las normas en todas las entidades federativas.
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