Redacción/Grupo Cantón
La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa al asegurar que no existen pruebas contundentes, marcando un nuevo punto de tensión bilateral.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves la acusación emitida por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendívil, el senador Enrique Inzunza y otros siete exfuncionarios de Sinaloa.
Al inicio de su conferencia matutina, la mandataria insistió en que no existen pruebas contundentes para vincular a estas 10 personas con el Cártel de Sinaloa, como lo señala la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esta posición de Claudia Sheinbaum representa un punto de fricción entre los gobiernos de México y Estados Unidos en torno a investigaciones que tocan aspectos sensibles de soberanía nacional.
“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, señaló la mandataria en su intervención pública. Claudia Sheinbaum enfatizó que, sin sustancia legal sólida, las acusaciones carecen de legitimidad procesal y responden a motivaciones que trascienden lo estrictamente jurídico. La presidenta cuestionó así la metodología y los fundamentos que sustentaron las imputaciones emitidas desde territorio estadounidense.
La mandataria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el caso y debe recibir “pruebas contundentes e irrefutables” para poder proceder conforme a la ley. Esta declaración establece un parámetro claro: las investigaciones mexicanas se regirán por estándares nacionales de evidencia, no por requerimientos extranjeros. Claudia Sheinbaum subraya así la autonomía del sistema de justicia mexicano en decisiones que afectan a funcionarios nacionales.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, añadió la presidenta. Esta afirmación busca equilibrar la posición crítica hacia Washington con un compromiso declarativo con la legalidad. Sin embargo, la insistencia en que deben existir pruebas contundentes subraya las diferencias entre los estándares de evidencia que México acepta frente a los presentados por autoridades estadounidenses.
Sheinbaum afirmó que el pasado martes 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió de las autoridades estadounidenses 10 documentos solicitando la detención de 10 mexicanos. Esta comunicación oficial marca el punto de partida del proceso que llevaría a las acusaciones públicas horas después. La forma y contenido de esta notificación reflejan los protocolos diplomáticos entre ambas naciones, aunque el tiempo entre la notificación privada y el anuncio público generó críticas sobre coordinación y transparencia.
Al día siguiente, miércoles, la Cancillería turnó la información a la FGR para que evaluara las solicitudes ante la acusación en Nueva York. Ese mismo día, al mediodía, el Departamento de Justicia publicó la emisión de cargos contra las 10 personas, incluidos Rocha Moya y otros funcionarios. Esta secuencia temporal plantea interrogantes sobre la coordinación entre gobiernos y el proceso mediante el cual se formulan acusaciones que afectan a funcionarios de una nación soberana.
La posición adoptada por Claudia Sheinbaum en torno a la ausencia de pruebas contundentes representa más que una defensa circunstancial de los acusados. Refleja una crítica más amplia a los mecanismos mediante los cuales las autoridades estadounidenses formulan acusaciones contra funcionarios mexicanos. La insistencia en pruebas irrefutables sugiere que, desde la perspectiva presidencial, las acusaciones actuales se construyeron sobre bases débiles.
Las declaraciones de Claudia Sheinbaum evidencian tensiones crecientes en la relación bilateral respecto a investigaciones antidrogas y corrupción. Mientras el gobierno de México enfatiza su autonomía e independencia en decisiones judiciales, Estados Unidos mantiene su prerrogativa de perseguir delitos según su legislación. Esta fricción refleja diferencias fundamentales en cómo ambas naciones abordan la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.
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