¿Qué cambia con la nueva reforma?
La reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2026 y modifica los artículos 82, 116 y 122 constitucionales. Su aplicación electoral está prevista a partir de 2028.
¿Significa que los mexicanos deberán renunciar a su segunda nacionalidad?
No. La disposición no elimina de manera general la doble nacionalidad ni obliga a todas las personas mexicanas a renunciar a otra ciudadanía. La restricción se dirige a quienes pretendan ocupar los cargos ejecutivos expresamente contemplados en la reforma.
Por ello, una persona mexicana con nacionalidad estadounidense, canadiense o de otro país no pierde automáticamente sus derechos por conservarla.
¿Cuál es el argumento jurídico de la reforma?
El planteamiento gubernamental sostiene que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o los poderes ejecutivos locales deben mantener un vínculo exclusivo de nacionalidad con México.
Sin embargo, la medida abre una discusión constitucional sobre los requisitos de elegibilidad, la igualdad de derechos políticos y la relación entre nacionalidad y ejercicio de cargos públicos.
¿Qué derechos podrían verse afectados?
El debate central consiste en determinar si exigir una sola nacionalidad resulta una condición proporcional para acceder a esos cargos. Quienes respaldan la medida destacan la exclusividad del vínculo nacional; sus críticos advierten que puede restringir las aspiraciones políticas de personas mexicanas que adquirieron otra nacionalidad sin perder la mexicana.
¿Qué consecuencias tiene para Quintana Roo?
En Quintana Roo, la reforma será relevante para las personas con doble nacionalidad que contemplen competir por la gubernatura. No supone, por sí misma, una prohibición general para trabajar en el servicio público ni para participar en otras actividades políticas: deberán revisarse los requisitos específicos aplicables a cada cargo.
¿Es definitiva la discusión jurídica?
La publicación del decreto formaliza la reforma constitucional, pero su aplicación práctica dependerá de las disposiciones correspondientes y de la interpretación de las autoridades electorales y jurisdiccionales.
El reto será conciliar los requisitos para ocupar cargos ejecutivos con los principios de igualdad, participación política y seguridad jurídica.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta dónde puede el Estado establecer condiciones de nacionalidad para garantizar el vínculo de sus gobernantes con el país sin restringir
injustificadamente los derechos políticos de sus ciudadanos? La respuesta deberá encontrarse en la Constitución, la legislación electoral y el control judicial.
