Gerardo Reynoso / Grupo Cantón
Las detenciones de Lili Campos y Carlos Canabal reactivan el recuento de 11 exalcaldes de Quintana Roo que han enfrentado capturas o arraigos por diversas acusaciones.
CANCÚN.— La detención de la expresidenta municipal Lili Campos Miranda vuelve a poner a Quintana Roo en el centro del debate nacional. El caso se relaciona con presuntas irregularidades en el ejercicio del poder municipal.
En el estado, varios exalcaldes han enfrentado investigaciones penales. Algunos pasaron de los despachos de gobierno a las fiscalías, los juzgados e incluso las cárceles.
Con las detenciones de Lili Campos y Carlos Canabal, documentadas en ediciones recientes de Quintana Roo Hoy, suman 11 exalcaldes que han enfrentado detenciones o arraigos. Las acusaciones incluyen peculado y desempeño irregular de la función pública.
También abarcan delincuencia organizada y administración fraudulenta.
Esta historia volvió a cobrar actualidad con dos capturas registradas en menos de una semana.
El recuento histórico excluye los casos de Mario Villanueva Madrid y Gabriel Mendicuti Loría. De los 11 exalcaldes, cinco pertenecieron a Benito Juárez, tres a Solidaridad —hoy Playa del Carmen—, dos a Tulum y uno a Felipe Carrillo Puerto.
Los expedientes abarcan más de tres décadas e incluyen investigaciones por millones de pesos. Sin embargo, no todos los procesos terminaron en condenas. Algunos fueron modificados o desestimados por los tribunales.
Lili Campos y Carlos Canabal, las detenciones más recientes
La detención de Roxana Lili Campos Miranda ocurrió el 19 de noviembre en la Ciudad de México. La expresidenta municipal de Solidaridad gobernó de 2021 a 2024. La Fiscalía la señala por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General del Estado señala un presunto perjuicio superior a 62 millones de pesos. El caso se relaciona con contratos públicos para el lavado especializado de vehículos de Servicios Públicos Municipales.
Según la investigación, los servicios no se habrían cumplido conforme a lo pactado.
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Apenas tres días antes, el 16 de noviembre, detuvieron a Carlos Canabal Ruiz en Mérida, Yucatán. Canabal ocupó de manera interina la presidencia municipal de Benito Juárez entre 2004 y 2005.
Un juez de control de la Ciudad de México había emitido la orden de aprehensión. El exalcalde enfrenta una acusación de administración fraudulenta en perjuicio de una empresa.
No era su primer encuentro con la justicia. En febrero de 2024 también lo detuvieron por otra investigación. Esta se relacionaba con un presunto fraude de 531 millones de pesos.
Posteriormente, incumplió las condiciones de la prisión domiciliaria que cumplía en Nuevo León, según los reportes sobre ese procedimiento.
Cancún acumula cinco casos en el recuento
Los antecedentes de Cancún se remontan a 1993. Ese año encarcelaron a Arturo Contreras Castillo, quien sustituyó a Mario Villanueva en la presidencia municipal.
Las autoridades lo acusaron de peculado y operaciones financieras irregulares. El caso quedó en la memoria política local como el escándalo de los llamados cheques de hule.
Fue uno de los primeros procesos judiciales contra un presidente municipal de Benito Juárez.
Años después, Rafael Lara Lara también quedó bajo investigación. Gobernó Cancún entre 1996 y 1999 y apareció en las indagatorias federales conocidas como el Maxiproceso.
Las autoridades lo detuvieron y arraigaron por señalamientos sobre reuniones relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, posteriormente quedó exonerado de esas imputaciones, de acuerdo con los antecedentes del caso.
Su historia forma parte del recuento de privaciones de libertad, pero no representa un antecedente de condena penal.
Otro expediente corresponde a Juan Ignacio García Zalvidea, conocido como Chacho. Las autoridades lo detuvieron en noviembre de 2005 por una acusación de peculado de 97 millones de pesos contra el Ayuntamiento de Benito Juárez.
El caso quedó registrado bajo la causa penal 203/2005. Además, provocó una confrontación política entre el entonces dirigente perredista y el gobierno estatal.
El exalcalde recuperó después su libertad bajo fianza, aunque el proceso continuó.
La lista de Cancún también incluye a Gregorio Sánchez Martínez. Lo detuvieron el 25 de mayo de 2010, cuando competía por la gubernatura de Quintana Roo.
La autoridad federal lo acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Su captura alteró el proceso electoral de aquel año. En julio de 2011, un tribunal determinó que no había pruebas suficientes para sostener el auto de formal prisión por las principales imputaciones. Por ello, ordenó su libertad.
Este antecedente debe distinguirse de una sentencia absolutoria definitiva sobre todas las acusaciones.
Solidaridad: expedientes por presuntos quebrantos millonarios
En Playa del Carmen destaca el caso de Mauricio Góngora Escalante. Fue presidente municipal entre 2013 y 2016 y las autoridades lo detuvieron el 25 de enero de 2018.
La Fiscalía estatal presentó diversas acusaciones por presunto peculado y desempeño irregular de la función pública. Las investigaciones señalaron posibles quebrantos que, en conjunto, alcanzaron cientos de millones de pesos.
Góngora permaneció encarcelado hasta 2020. Después obtuvo resoluciones favorables. Entre ellas figura una no vinculación a proceso, dictada en 2023, por una acusación de peculado.
El historial de Solidaridad también incluye a Rafael Castro Castro. Fue alcalde interino durante 2016 y antes ocupó el cargo de oficial mayor en la administración de Góngora.
Las autoridades lo detuvieron en abril de 2019 en Yucatán. Enfrentó acusaciones por presunto peculado y desempeño irregular de la función pública.
Entre las investigaciones figuró un probable quebranto de 5.3 millones de pesos, relacionado con el caso Finmart. También enfrentó otra carpeta por presuntas afectaciones financieras superiores a 111 millones de pesos.
Tulum y Felipe Carrillo Puerto también registran antecedentes
Tulum también registra antecedentes judiciales relevantes. Uno de ellos corresponde a Edith Mendoza Pino, detenida en diciembre de 2012.
Las autoridades la encarcelaron por acusaciones de desempeño irregular de la función pública. El caso derivó de un presunto daño patrimonial de 42 millones de pesos.
Durante esas investigaciones también enfrentó otra orden de aprehensión por cohecho. Esta se relacionó con un supuesto pago de ocho millones de pesos para autorizar operaciones inmobiliarias.
El segundo caso de Tulum corresponde a David Balam Chan, quien gobernó entre 2013 y 2016. Las autoridades lo detuvieron en octubre de 2019 y lo vincularon a proceso por desempeño irregular de la función pública.
La Auditoría Superior del Estado identificó un presunto daño patrimonial de 114.1 millones de pesos. El monto se relacionó con adjudicaciones y contrataciones cuestionadas.
El exalcalde quedó sujeto a medidas cautelares de resguardo domiciliario.
En Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, conocido como Chak Meex, fue detenido el 13 de febrero de 2024. La Fiscalía lo señaló por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
La Fiscalía Anticorrupción le atribuyó un quebranto de 2.6 millones de pesos. Según la acusación, simuló sesiones de Cabildo durante 2019 y 2020 para autorizar bonos de fin de año a integrantes del Ayuntamiento.
Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso.
Puerto Aventuras: un caso fuera del recuento de exalcaldes
A estos antecedentes se suma Gilberto Gómez Martínez, alcalde de la localidad de Puerto Aventuras. Las autoridades lo detuvieron en octubre de 2026 por presunta extorsión agravada contra comerciantes.
Su caso se contabiliza por separado. Esto se debe a que Puerto Aventuras tiene una alcaldía submunicipal y no forma parte de los 11 ayuntamientos constitucionales de Quintana Roo.
Las detenciones no equivalen a sentencias
El historial muestra que las investigaciones han alcanzado a presidentes municipales de distintos partidos y generaciones políticas.
También revela la complejidad de los procesos judiciales. Algunas acusaciones derivaron en prisión preventiva. Otras cambiaron por resoluciones de los tribunales. Además, varios casos no cuentan con sentencias definitivas verificadas públicamente.
La detención de Lili Campos y la captura de Carlos Canabal colocan otra vez bajo revisión el ejercicio del poder municipal en Quintana Roo.
Sin embargo, una acusación no demuestra por sí sola la responsabilidad de una persona. Los tribunales deben acreditar cada delito.
Más allá de cada captura, quedan preguntas pendientes: ¿cuántos presuntos quebrantos terminaron comprobados ante la justicia? ¿Cuánto dinero público recuperaron las autoridades? ¿Qué investigaciones siguen sin una resolución definitiva?

