La Ley Alberto no nació en un escritorio; nació del dolor.
Nació del nombre de Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, Chile, quien perdió la vida por una negligencia que nunca debió ocurrir: un conductor de microbús que manejaba bajo la influencia de las drogas.
Su muerte, como la de Paloma Ulloa, estudiante universitaria atropellada en circunstancias similares, encendió una indignación que se convirtió en movilización social y que hoy se transforma en ley.
Esta ley establece algo que parece de sentido común, pero que hasta hace poco no era obligatorio: la realización de exámenes periódicos y obligatorios de alcotest y narcotest a todos los conductores del transporte público mayor.
Cada cuatro meses, las empresas estarán obligadas a someter a sus choferes a estos controles, con el objetivo de prevenir que personas no aptas estén detrás de un volante, con la responsabilidad de transportar a decenas de vidas.
Y aquí es donde debemos hacer una pausa para reflexionar como sociedad. ¿Cómo es posible que hayamos necesitado la muerte de dos jóvenes para exigir lo mínimo? ¿Cómo es posible que un conductor de transporte público, que lleva a trabajadores, madres, niños y estudiantes, no tuviera controles antidrogas regulares?
La respuesta es incómoda: porque hemos normalizado la precariedad del transporte público y hemos puesto, en algunos casos, la ganancia de las empresas por encima de la seguridad de las personas.
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La Ley Alberto es, sin duda, un avance y debe ser reconocida como tal.
Es también una prueba de que la organización estudiantil, de padres de familia y de docentes puede ejercer presión sobre el poder político para lograr cambios que protejan la vida.
Que el nombre de Alberto no sea solamente el nombre de una ley en Chile, sino un principio universal: nadie debería morir por ir a estudiar o a trabajar.
“Ningún estudiante debería subir a un transporte público con miedo a no llegar vivo a su escuela.”
