¿Puede una potencia económica y militar imponer su voluntad sobre otro país sin vulnerar el derecho internacional? Esta interrogante define uno de los principales desafíos de México frente a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, caracterizadas por presiones comerciales, exigencias migratorias y amenazas de intervención contra los cárteles del narcotráfico.
El llamado imperialismo trumpista describe, desde una perspectiva crítica, una política exterior que busca ampliar los intereses estadounidenses mediante su poder económico, político y militar. Sin embargo, la superioridad de una nación no le concede derechos ilimitados sobre otra.
¿Qué dice la ley mexicana? El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. El artículo 40 define la naturaleza republicana y federal del Estado mexicano, mientras que el artículo 89, fracción X, dispone los principios de política exterior, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la igualdad jurídica de los Estados.
Estos principios no impiden la cooperación entre México y Estados Unidos; establecen sus límites. Combatir el narcotráfico, atender la migración y fortalecer la seguridad fronteriza son objetivos que pueden abordarse mediante acuerdos bilaterales, siempre dentro del marco jurídico aplicable.
¿Y si Estados Unidos decide intervenir militarmente en territorio mexicano sin autorización? La situación adquiriría una dimensión jurídica mucho más grave. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, sujeto a las excepciones reconocidas por el derecho internacional.
En materia económica, los aranceles y las amenazas comerciales también deben analizarse a la luz de los tratados vigentes y de los mecanismos de solución de controversias. La dependencia comercial puede convertirse en una herramienta de presión, pero no elimina los derechos ni las obligaciones de las partes.
¿Qué puede hacer México? Fortalecer su diplomacia, recurrir a los mecanismos jurídicos internacionales disponibles, diversificar sus relaciones comerciales y consolidar sus instituciones. La defensa de la soberanía requiere firmeza, pero también estrategia, legalidad y capacidad de negociación.
El desafío no consiste en rechazar toda relación con Washington, sino en impedir que la cooperación se transforme en subordinación. México comparte con Estados Unidos una frontera, una intensa relación económica y problemas comunes; precisamente por ello, el respeto mutuo debe ser la base de cualquier acuerdo.
La pregunta final es inevitable: ¿la fuerza crea derechos o son las leyes las que limitan el ejercicio del poder? En el orden jurídico internacional, ningún Estado adquiere automáticamente autoridad sobre otro por ser más poderoso.
La soberanía mexicana no significa aislamiento ni confrontación permanente. Significa que las decisiones sobre México deben adoptarse conforme a su Constitución, sus instituciones y el derecho internacional. Porque la cooperación entre naciones puede ser necesaria, pero el respeto a la independencia de los pueblos no es una concesión: es un principio jurídico fundamental.
