La ley del más fuerte amenaza el orden internacional cuando las potencias dejan de justificar sus decisiones y actúan únicamente con base en su poder.
El derecho internacional se construyó durante siglos con un objetivo central: establecer reglas para limitar el uso de la fuerza entre los Estados. Sin embargo, sus principios han sido cuestionados en numerosas ocasiones por las grandes potencias.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas intervenciones militares fueron acompañadas por argumentos políticos y humanitarios. Estados Unidos y sus aliados justificaron acciones en países como Irak y Afganistán bajo la promesa de combatir dictaduras, defender derechos y llevar democracia.
Con el paso de los años, esas justificaciones también fueron cuestionadas por sus consecuencias y por el enorme costo humano de las guerras.
La misma discusión aparece en conflictos como Siria, Ucrania y Gaza, donde las potencias occidentales han asumido posiciones que sus críticos consideran contradictorias con los principios que dicen defender.
Otro caso polémico es el de los gasoductos Nord Stream. Existen acusaciones y teorías sobre la responsabilidad estadounidense en su destrucción, pero atribuir el ataque directamente a Joe Biden como un hecho probado requiere distinguir entre señalamientos, investigaciones y evidencias verificadas.
Ahora, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca plantea un escenario todavía más delicado. Sus críticos cuestionan su política exterior y advierten sobre el riesgo de que Estados Unidos privilegie sus intereses estratégicos sobre las reglas internacionales.
En este contexto también aparecen las tensiones sobre Venezuela y Groenlandia, territorios que han quedado vinculados al debate sobre seguridad, recursos y poder geopolítico.
El problema no es únicamente quién tiene más fuerza. El verdadero riesgo aparece cuando la fuerza sustituye a las reglas.
Una sociedad que abandona su marco moral y jurídico queda expuesta a la arbitrariedad. Si los gobiernos consideran innecesario explicar sus decisiones, el poder termina imponiéndose sobre el derecho.
La historia demuestra que ese camino puede tener consecuencias graves.
Por eso, defender el derecho internacional no significa respaldar a una potencia o a un gobierno. Significa defender un principio básico: ningún país debería estar por encima de las reglas que exige a los demás.
Si la ley del más fuerte se convierte en la nueva norma, nadie estará realmente protegido.
FIN
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