¿Qué gana la sociedad cuando una persona pasa 36 horas en “El Torito” por cometer una
falta administrativa?
La respuesta parece sencilla: se castiga la conducta. Pero cuando termina el arresto, vale la
pena hacer otra pregunta: ¿el problema quedó resuelto?
Si alguien tiró basura en un parque, vandalizó una cancha, dañó una banca o afectó un
espacio público, el arresto cumple una función sancionadora. Sin embargo, cuando recupera
su libertad, la basura sigue ahí, el parque continúa deteriorado y el mobiliario debe repararse con recursos públicos.
Es decir, la falta se castigó, pero el daño permanece.
Detener, trasladar, custodiar y mantener durante horas a una persona en un centro de retención implica policías, instalaciones, personal y recursos públicos. Todo eso cuesta dinero que pagamos entre todas y todos. La pregunta es si ese mismo tiempo podría generar un beneficio para la comunidad.
La justicia cívica plantea precisamente esa posibilidad: que, cuando la naturaleza de la falta
lo permita, la sanción pueda convertirse en trabajo en favor de la comunidad.
No se trata de eliminar las sanciones ni de suavizar la aplicación de la ley. Se trata de
hacerlas más útiles para la sociedad.
En Quintana Roo esta discusión tiene una relevancia especial. Somos uno de los principales
destinos turísticos del país. Tan solo entre enero y julio de 2025 recibimos más de 12 millones de turistas y 4.5 millones de cruceristas; además, 66.1 % de quienes nos visitan provienen del extranjero. Nuestra imagen urbana también forma parte de la experiencia que ofrecemos al mundo, pero, sobre todo, de la calidad de vida de quienes aquí vivimos.
Imaginemos por un momento que, en determinados casos, las horas de arresto pudieran transformarse en horas de trabajo comunitario. Más personas limpiando playas, rehabilitando parques, recuperando camellones, pintando espacios públicos o contribuyendo a reparar aquello que dañaron, Eso no significa impunidad, Significa responsabilidad.
Cancún ya cuenta con un Reglamento de Justicia Cívica que contempla el trabajo en favor de la comunidad. Playa del Carmen también ha avanzado de manera importante en la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica. Son ejemplos de que existen
alternativas para que las sanciones no solo castiguen, sino también reparen. Por supuesto, no todas las faltas administrativas pueden resolverse mediante trabajo comunitario. Habrá conductas que ameriten arresto, multas u otras sanciones. Pero también existen casos en los que reparar el daño genera mucho más valor social que simplemente esperar a que transcurran unas horas de detención.
Las leyes no solo deben sancionar; también deben ayudar a reconstruir el tejido social y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana.
Porque una persona detenida representa un costo para el Estado.
Una persona reparando el daño representa una inversión para la comunidad.
Quizá la verdadera discusión no sea elegir entre Torito o reparación.
La verdadera discusión es cómo logramos que cada sanción deje algo positivo para Quintana
Roo.
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