Roberto Lemus/Grupo Cantón
El presidente del Comité General Étnico Pluricultural de Tulum A.C. aseguró que el proceso de regularización de tierras permanece estancado por fallas entre las autoridades.
Tulum.- El proceso de regularización de tierras en Tulum continúa sin avances debido a presuntas fallas de coordinación entre las autoridades involucradas, aseguró Atilano Aranda Rejón, presidente del Comité General Étnico Pluricultural de Tulum A.C.
El representante de la asociación civil afirmó que el organismo ha identificado los principales obstáculos que han frenado la regularización de diversos polígonos y sostuvo que, al inicio del proceso, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (Agepro) no contaba con información precisa sobre la situación jurídica de los terrenos en disputa.
Aranda Rejón señaló que Agepro habría utilizado planos elaborados por el Comité General Étnico Pluricultural de Tulum para atender el tema de la tenencia de la tierra, situación que, dijo, refleja las deficiencias con las que inició el procedimiento.
Asimismo, aseguró que, en lugar de impulsar un proceso integral de regularización, la dependencia ha convocado a personas que presuntamente son propietarias de los predios para que recuperen sus terrenos, debido al temor de enfrentar posibles demandas legales.
El dirigente también cuestionó el papel de Agepro al señalar que su función principal es desarrollar proyectos estratégicos, por lo que consideró que la regularización territorial no corresponde directamente a las atribuciones para las que fue creada.
Añadió que la desaparición del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) complicó aún más el proceso, ya que durante la transición surgieron problemas administrativos que retrasaron el avance de los expedientes.
Finalmente, Aranda Rejón informó que actualmente trabajan en la integración de la documentación correspondiente a 200 hectáreas cedidas mediante un decreto federal.
Explicó que 123 hectáreas ya se encuentran ocupadas, por lo que será responsabilidad de las autoridades determinar de dónde se obtendrá la superficie restante para cumplir con lo establecido en dicho decreto.
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