Redacción / Grupo Cantón
Cobros de hasta 3 mil pesos por un uniforme, jornadas de hasta 24 horas, descansos sujetos a la decisión de una coordinadora y presuntos malos tratos, forman parte de las inconformidades que trabajadores de la empresa de seguridad privada Control y Rastreo denunciaron, al señalar que estas condiciones han provocado la salida constante de elementos y generado incertidumbre entre quienes todavía permanecen en el servicio.
Roberto, guardia de seguridad que laboró durante aproximadamente año y medio en la compañía, explicó que, a diferencia de otras empresas del ramo, donde habitualmente se entregan dos uniformes, en esta únicamente reciben uno.
Pero cuando necesitan reemplazarlo por desgaste, deben pagar 3 mil pesos por otro conjunto, integrado por playera y pantalón. Incluso, aseguró que en ocasiones la empresa argumenta no tener prendas disponibles y termina entregándoles uniformes usados, sucios o de tallas inadecuadas.
A esta situación se suman las jornadas laborales. De lunes a viernes, los elementos trabajan 12 horas, mientras que sábados y domingos deben cubrir turnos de hasta 24 horas.
Aunque tienen un día de descanso semanal, este no está establecido de manera fija, sino que depende de la programación que realiza la coordinadora.
Además, reciben 100 pesos para alimentos durante las jornadas, cantidad que consideran insuficiente para cubrir sus necesidades durante tantas horas de servicio.
El trabajador también señaló que el trato de la encargada de seguridad genera inconformidad entre el personal, al grado de que algunos elementos abandonan el empleo después de una semana o un mes de haber ingresado.
Según su testimonio, alrededor de 20 o 25 guardias han pasado por situaciones similares, aunque muchos prefieren no denunciar por temor a posibles represalias o a que se les señale públicamente y se afecten sus oportunidades de conseguir otro empleo.
En su caso, aseguró que fue separado del servicio después de recibir una llamada de extorsión mientras vigilaba unas bodegas en la carretera hacia Puerto Morelos.
Explicó que una persona le exigió abrir las instalaciones y cooperar, a cambio de supuestos beneficios económicos. El guardia afirmó conservar el audio de la llamada y el número telefónico, además de haber buscado orientación ante Seguridad Cibernética.
Tras ese episodio, fue dado de baja y, aunque apenas lleva una semana desempleado, aseguró que todavía no recibe el pago que le corresponde.
Indicó que desde oficinas de la empresa en Ciudad de México le solicitaron presentarse a firmar su renuncia con la promesa de entregarle su liquidación, situación que mantiene pendiente.
Con más de 25 años de experiencia en labores de seguridad, Roberto considera injusto que quienes se encargan de proteger instalaciones y bienes tengan que enfrentar condiciones que, desde su perspectiva, afectan su economía, estabilidad y dignidad laboral.
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