RAFAEL SANTIAGO
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- Similar a lo que hacían los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, Carlos Joaquín también tiene querencias especiales por terrenos de alta plusvalía, propicias para desarrollos inmobiliarios.
El más reciente es el despojo que se intenta realizar contra Maximiliano Romero Sierra, en el municipio de Tulum, cuya propiedad consta de 217 hectáreas con 18 kilómetros de playa.
El lugar se conoce como predio San Francisco y por su estratégica ubicación frente al Caribe Mexicano, está valuado en miles de millones de pesos.
Romero compró hace años una parte de ese predio a Pablo Kinil Canul, quien era posesionario de cinco predios ubicados en los kilómetros 243 a 244 del corredor turístico Tulum-Playa del Carmen, y/o Carretera Federal 307, son 485 hectáreas.
Se trata de una franja costera y a un costado de la Carretera Federal 307, en lo que era entonces municipio de Cozumel, según consta en el Archivo General Agrario, cuyo título de propiedad es el número 422072.
Este título también consta en el expediente 40795 del año 1993, firmado por el entonces secretario dela Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco.
Los otros terrenos, los vendió Kinil a los ahora dueños de Soliman, en la entrada donde está el hotel Oscar y Lalo, y otra parte entrega a su sobrino Víctor Mass Tah, actual presidente municipal, y que en ese entonces era presidente interino cuando cayó en desgracia política y fue metida a la cárcel a la ex presidenta Edith Mendoza Pino.
Todas las ventas quedaron debidamente legalizadas y no existió ningún problema.
En el año 1998, en la Notaría Pública número 28 de Mérida, Yucatán, a cargo del licenciado Carlos Gamboa, se firmaron las escrituras de compraventa de las tierras del lote San Francisco lote 1A, de 217 hectáreas, entre Pablo Kinil y Maximiliano Romero.
La compraventa quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de Chetumal, con el número 210-Bis, foja 423 y 424, el 10 de julio de 1998.
Desde entonces mantiene todo en regla, sus escrituras ante notario público, la libertad de gravamen y el pago puntual de los impuestos.
No existe ningún problema legal, hasta que aparece el brasileño Rogerio Dos Santos y empiezan jaloneos, invasiones, amenazas, balazos y secuestros.
Lo primero que hace es ponerse de acuerdo con el comisariado ejidal de Tulum, argumentar que esos terrenos son propiedad ejidal, y hace falsas escrituras a favor del brasileño en la notaría 52, que es donde el sudamericano realiza todos sus movimientos que buscan un darle un barniz legal a sospechosos actos delictivos.
EXTORSIONES Y SECUESTROS
El olor del fraude atrajo a los tiburones inmobiliarios, desató su voracidad y de repente todos quisieron esas tierras.
Surgieron otros personajes que desde el 2012 obligaron a Maximiliano Romero, por medio del secuestro y la tortura, a firmar pagarés por millones de pesos.
Después, con esos documentos firmados, interponían demandas en el Ministerio Público acusándolo de robo y estafa.
Uno de los demandantes era Gregorio Sánchez Martínez y unos supuestos socios de cocinas integrales, que lo acusó de tener una deuda por 185 millones de pesos, tal como aparece en el juzgado de distrito expediente 253/2013, que fue promovida por Diseño Integral de Negocios S. C.
Una más fue la del abogado Juvenal Reyes Marrufo quien le indica que debe hacer efectivo otro pagaré por 55 millones a Eugenio Gómez Lemus (juicio mercantil 231/2011), con importantes inversiones en Puerto Cancún y quien ha sido acusado en otros estados de apropiarse de predios.
La firma de este pagaré, fue sacada después de que fue secuestrado y torturado por un grupo de sicarios argentinos, que lo llevaron a uno de los edificios que está entrando por Bonampak, dando vuelta a la izquierda en Puerto Cancún.
El tercero fue un supuesto adeudo según juicio ejecutivo mercantil 132/2013, realizado por David Emilio dela Cruz Ordoñez Díaz, arrendadora de Combis en el aeropuerto, por el monto de diez millones de pesos.
Todo se llevó ante las autoridades, donde exigieron la venta de los terrenos para que les pagara; pero ante la autoridad ninguno de los demandantes pudo comprobar ningún depósito ni que le hubiera entregado ni de un solo peso a Maximiliano, por lo que el juicio no procedió.
Pero un terreno frente al mar turquesa es demasiado suculento. Ya con Carlos Joaquín como gobernador electo empiezan otro tipo de presiones. El 24 de agosto de 2016 el juez cuarto de distrito decreta aseguramiento e inmovilización de bienes.
Para el 10 de junio del 2019 el fiscal del Ministerio Público del fuero común, decreta aseguramiento e inmovilización de bienes. El 5 de agosto de 2019, el agente del ministerio Público del fuero común de Tulum, decreta aseguramiento de bienes.
Pero cuenta con todos los documentos legales, así que no ha sido fácil despojarlo de su predio. Aunque la ley tenga varias medidas y se estire a favor de la voracidad por los terrenos de alta plusvalía.
‘LEGALIZAN’ DESPOJOS
Entonces se cambió estrategia y empezaron las invasiones. Les falló el secuestro y la extorsión, pero quedaban otras mafiosas acciones, en contubernio con las autoridades estatales, y presuntamente con la venia del gobernador.
Fue entonces que Rogerio intentó fallidamente de apropiarse del predio en el 2018, y Maximiliano Romero, propietario legal de San Francisco, interpuso una denuncia, según la investigación FGE/QR/AMPTUL/UITUL/10/865/2018.
Lo único que le quedó al carioca fue lanzar amenazas de muerte al propietario y toda su familia.
En plena epidemia del Covid, en marzo del presente año, otro grupo de choque encabezado por Rogerio Eduardo Dos Santos, invadieron a balazos el predio.
Bajo la Carpeta de Investigación FGE/QROO/TUL/03/348/2020, quedó asentado que la tarde del 18 de marzo de este año, al amparo de la noche, llegaron en varios vehículos, 14 sujetos encapuchados y armados, irrumpiendo en el predio San Francisco.
Inicialmente se identificaron como agentes de la Policía Ministerial, pero después sometieron violentamente a 12 trabajadores, los ataron, torturaron y fueron sacados en un vehículo Van, según quedó asentado en la denuncia. Desde su camioneta Titán, Dos Santos orquestó todo el operativo.
Este extranjero sudamericano de apellido Dos Santos, es representante legal de CREWS Yucatán Properties S.A de C.VTiene departamento en zonas exclusivas, entre las que se incluyen los que tiene en Playacar, en Playa del Carmen y el de Puerto Cancún y es representante del hotel Gran Xel-Ha.
Su poder lo demuestra construyendo residencias en zonas ecológicas protegidas de Tulum, que le fueron vendidas por el director de Desarrollo Urbano, Jorge Portilla Mánica, al que por cierto, hoy frente a sus oficinas, ejecutaron a su guardaespaldas a balazos.
Días después, en abril, Mildred Victoria Espinosa Trujillo, Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, autonombrándose juez de juicio, y da posesión “legal” a Rogerio Dos Santos del terreno que había tomado a punta de bala, nombrándolo como el legítimo propietario del inmueble San Francisco, sin tener ninguna autoridad sobre esos asuntos agrarios.
Y el gobernador Carlos Joaquín, dónde estaba, qué hizo: nada. Con cinismo, Rogerio siguió con la farsa concertada, y en varios diarios publicó, como una burla o cinismo, el aval de la Fiscalía hacían a su persona.
Solamente falta que se haga un documento apócrifo en el Registro Público de la Propiedad y Comercio en Quintana Roo, dirigido por Humberto Pereira Vázquez, quien ha sido acusado reiteradamente de que es la continuidad de despojos que realizaron los gobernadores Félix González , Roberto Borge Angulo y ahora con Carlos Joaquín González.
Se recordará como intimidaban, presionaban, e incluso avalan juicios que están inconclusos dentro de la juntas de Conciliación y Arbitraje, compras irregulares, a los que por medio de procesos express se les da el zarpazo final, ahora pasa exactamente lo mismo.
En el lote San Francisco, en el paradisiaco Tulum, se trata de 217 hectáreas en manos de un anciano, todo un suculento manjar inmobiliario par el cártel inmobiliario que opera despojando terrenos costeros de la Riviera Maya y Cancún, y que involucra a diversas autoridades federales, estatales y municipales.
Este predio es un pequeño botón de innumerables despojos que han realizado y que realizan con total impunidad.
La fastuosa residencia que construye dentro del Parque Nacional de Tulum Rogerio Eduardo Dos Santos, un brasileño nacionalizado, es solamente la punta de lanza con la que se pretende dinamitar todos los espacios ecológicos. Se le conoce como la “Casa Kilómetro 8” y es un monumento a la impunidad y la corrupción.
Al denunciar la construcción de este inmueble se pensó que se había llegado al fondo de una acción evidentemente ecocida, pero solamente era el hilo de la madeja, porque se destapó la cloaca de una gigantesca trama inmobiliaria que opera en Quintana Roo para realizar todo tipo de despojos al amparo del poder del dinero y de quien se deje corromper.
Es una madriguera de corrupción que solamente puede operar si cuenta con la complicidad de autoridades federales de la 4T, estatales y municipales.
Este extranjero sudamericano de apellido Dos Santos, pasó desapercibido varios años. Y de repente surge como un potentado. Ahora es representante legal de CREWS Yucatán Properties S.A de C.V., ubicada en el kilómetro 232-233 del tramo Tulum-Playa del Carmen, de la carretera federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez. Tiene departamento en zonas exclusivas, entre las que se incluyen los que tiene en Playacar, en Playa del Carmen y el de Puerto Cancún y es representante del hotel Gran Xel-Ha.
Es una especie de agente inmobiliario que tiene como profesión despojar terrenos. Cuenta con el apoyo de grupos de choque que le permiten invadir propiedades o secuestrar personas.
Para fines operativos, cuenta con el respaldo de autoridades corruptas y de la notaría 52, cuyo titular es Javier Rivero, ubicada en la calle Kabah de Cancún, donde realiza la “legalización” de las propiedades que obtiene.
Su negocio es más amplio, participa en una red inmobiliaria que identifica terrenos de los que puede apropiarse o despojar a sus dueños. Hoy tiene en la mira 227 hectáreas de terreno junto al mar turquesa del caribe mexicano.
Y son propiedad de un hombre de la tercera edad sin ningún poder que lo ampare de los tiburones inmobiliarios. Lo que significa para él que es un platillo demasiado suculento para no tragárselo completo.
