Redacción / Grupo Canton
Habitantes de cuatro comunidades cercanas a Isla Blanca aseguran que enfrentan negativas en trámites relacionados con sus propiedades y piden la intervención del Gobierno Federal.
CANCÚN.— Habitantes de las comunidades Francisco Javier, Santa Fátima, La Esperanza y San Ramón, ubicadas cerca de Isla Blanca, denunciaron que desde marzo enfrentan un presunto bloqueo administrativo por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Aseguran que esta situación les impide realizar trámites relacionados con sus propiedades.
Jaime Novelo, Edsel Davison y Carl Sonntag, representantes de las comunidades, explicaron que los problemas comenzaron cuando el Gobierno Federal anunció la construcción de la carretera que comunicará Cancún con Isla Blanca.
Aunque señalaron que la vialidad no fue planeada en beneficio directo de sus comunidades, reconocieron que el proyecto atraviesa terrenos de la zona.
Novelo aclaró que no están en contra de la obra. Sin embargo, pidió tomar en cuenta la fragilidad ecológica del lugar. También recordó que las familias tienen una larga historia en esa región.
«Nuestras historias empiezan a partir de los años 60 y estamos por cumplir 40 años de vivir ahí», expresó.
Afirman que sus propiedades cuentan con documentos
Por su parte, Edsel Davidson, presidente de la Asociación de Colonos Francisco Javier desde hace diez años, afirmó que la zona cumple con las disposiciones aprobadas por el Congreso estatal.
Explicó que los propietarios pagan el impuesto predial en Isla Mujeres y reciben las actualizaciones de las tablas catastrales que realiza la Legislatura cada tres años.
«Todas las propiedades de Francisco Javier son escrituras públicas debidamente registradas en el Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado. Tenemos cédulas catastrales, inclusive las que colindan con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), reconocidas por la autoridad», enfatizó.
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Añadió que la asociación surgió con fines organizativos. Sin embargo, ahora también representa a propietarios de predios que abarcan más de 300 hectáreas en la zona.
De acuerdo con Davidson, la Sedatu les ha negado diversos trámites, pese a que algunas familias llevan décadas viviendo en Isla Blanca y cuentan con uso de suelo habitacional.
Señalan negativas en el Registro Público
Carl Sonntag, propietario de un predio mediante un fideicomiso bancario, relató que a él y a su esposa les negaron un certificado de no gravamen en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Aseguró que no recibieron una explicación sobre el motivo de la negativa.
«Como nosotros, pasó con varios vecinos. Tenemos 44 años en la zona, nuestra propiedad la habitamos tiempo completo, nos encanta el lugar. Estamos tan cerca de Cancún, pero estamos en otro mundo», comentó.
Sonntag comparó esta situación con el desarrollo turístico de la zona de Costa Mujeres. Señaló que ahí existen cuatro kilómetros de playa y alrededor de nueve mil cuartos de hotel. Sin embargo, afirmó que a los propietarios de las comunidades les niegan documentos relacionados con sus terrenos.
Por ello, calificó la situación como un «bloqueo administrativo por parte de la Federación».
También informó que algunos vecinos no han podido concretar la venta de sus predios. Además, explicó que cuando el camino queda en malas condiciones, los propios habitantes reúnen dinero para contratar maquinaria y repararlo.
Buscan acuerdos para proteger sus propiedades
Los representantes coincidieron en que buscan negociar con el Gobierno Federal. Entre sus principales demandas está conseguir una audiencia con las autoridades responsables y alcanzar acuerdos para que la carretera avance sin afectar sus propiedades.
Asimismo, pidieron que se respete el derecho a la propiedad de los habitantes de Francisco Javier, Santa Fátima, La Esperanza y San Ramón.
Los vecinos también señalaron que desde hace décadas procuran proteger el entorno natural. Destacaron su cercanía con la laguna Chacmuchuc y las dunas costeras de Isla Blanca.
Finalmente, solicitaron la intervención del Gobierno Federal, de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad y de la presidenta de México. Su objetivo, dijeron, es ser escuchados y alcanzar acuerdos que den certeza a los habitantes de estas comunidades.
