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diciembre 02, 2024

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Texas ofrece terreno en la frontera para construir centro de deportaciones masivas en el gobierno de Trump

REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN

Austin, Texas. – El estado de Texas ha ofrecido un terreno rural de 566 hectáreas, ubicado en el condado de Starr, en el Valle del Río Grande, para la construcción de una instalación destinada a procesar y detener a migrantes en el marco de una posible campaña de deportaciones masivas bajo la administración del presidente electo Donald Trump. La propiedad fue adquirida por el estado el mes pasado, y la oferta fue formalizada el jueves en una carta enviada por Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, al equipo de transición de Trump.

Este terreno, recientemente adquirido, se encuentra en una región clave a lo largo de la frontera con México y es visto por las autoridades de Texas como un paso crucial para avanzar en los planes del presidente electo de llevar a cabo una de las operaciones de deportación más grandes en la historia de Estados Unidos. Buckingham expresó que la oferta de las 1,400 acres busca facilitar la construcción de una instalación para el procesamiento y la detención de migrantes, en lo que sería una parte fundamental de los esfuerzos de Trump para deportar a criminales violentos, particularmente a aquellos que se encuentran en el país sin autorización.

“Al ofrecer esta propiedad recién adquirida al gobierno entrante de Trump para la construcción de una instalación para el procesamiento, detención y coordinación de lo que será la mayor deportación de criminales violentos en la historia de nuestra nación, me uno al presidente Donald Trump para asegurar que las familias estadounidenses estén protegidas”, señaló Buckingham en un comunicado.

El anuncio es el más reciente ejemplo de la creciente división entre los gobiernos locales y estatales sobre la implementación de políticas migratorias. Mientras que algunos estados y ciudades, como Los Ángeles, han optado por convertirse en “santuarios” para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración, Texas ha respaldado firmemente medidas más agresivas, como la construcción de barreras en la frontera y la implementación de leyes que permiten arrestos de migrantes que cruzan ilegalmente.

En su campaña electoral, Trump prometió implementar una fuerte estrategia de deportaciones, mencionando que iniciaría sus esfuerzos desde el primer día de su presidencia. Durante su mandato, vinculará la inmigración ilegal con problemas como el tráfico de drogas, el crimen y los altos costos de vivienda, una postura que continúa siendo un tema central en su agenda.

Se estima que en Estados Unidos hay cerca de 11 millones de personas viviendo sin estatus migratorio legal, lo que ha generado interrogantes sobre cómo se identificará a los migrantes a deportar y dónde serían detenidos. A pesar de la oferta de Texas, el equipo de transición de Trump no ha confirmado si aceptará el terreno ofrecido, aunque un portavoz de la campaña de Trump reiteró que el presidente movilizará todos los recursos necesarios para asegurar la frontera y llevar a cabo una operación de deportación masiva.

“El presidente Trump movilizará todas las palancas de poder para asegurar la frontera, proteger sus comunidades y lanzar la mayor operación de deportación masiva de criminales inmigrantes ilegales en la historia”, afirmó Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump.

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La oferta de Texas también subraya el enfoque estatal en la construcción de infraestructura fronteriza. En 2021, el gobernador republicano Greg Abbott supervisó la construcción de un tramo de muro fronterizo de 2.4 kilómetros en la misma área, y la reciente adquisición del terreno sugiere que el estado está evaluando nuevas oportunidades para expandir la infraestructura de seguridad en la frontera.

Por ahora, la Oficina General de Tierras de Texas no ha respondido a solicitudes sobre el monto que pagó por la tierra, pero Buckingham ha señalado que el propietario anterior se había opuesto a la construcción de un muro fronterizo en el terreno.

Este desarrollo marca otro capítulo en la tensa relación entre los estados y el gobierno federal sobre cómo abordar el tema de la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza, mientras se prepara el terreno para la administración de Trump.

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