LA PAZ.
Un presunto caso de feminicidio ha conmocionado esta semana a Bolivia, cuando una niña descubrió los cadáveres de sus padres y las pruebas apuntan a que el padre asesinó a la madre y posteriormente se suicidó.
El pasado fin de semana, la niña, de 8 años de edad, encontró los cuerpos guiada por una nota que indicaba el paradero de su mamá.
Al ir al lugar señalado, la niña halló a su padre ahorcado y luego localizó a su madre sobre un charco de sangre y con lesiones en la cabeza.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de en la región de Santa Cruz, Paul Saavedra, informó que la pareja, que tenía 3 hijos, se encontraba en proceso de divorcio.
También detalló que la mujer había presentado una denuncia por violencia doméstica a principios de año, pero que al final ella misma decidió que su marido permaneciera en su domicilio.
“El fiscal dio las medidas de protección a la mujer, pero ella no hizo cumplir la determinación y permitió que el hombre siguiera viviendo allí, porque la hija menor era apegada al padre”, explicó Saavedra.
Los investigadores sospechan que fue el hombre quien mató a su esposa y posteriormente se suicidó.
La investigación continúa y ya se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de feminicidio seguido de suicidio, añadió el funcionario.
PAÍS DE FEMINICIDAS
Según datos de la Fiscalía boliviana, al menos 104 casos de feminicidio se han registrado en lo que va del año, sin contar estos últimos hechos.
De los 104 feminicidios registrados este año, 21 tienen sentencia, 15 están en ‘etapa preliminar’ de investigación, 43 están con imputación, diez con acusación y uno con sobreseimiento.
De acuerdo con un informe de la Cepal, El Salvador, Honduras y Bolivia son las tres países latinoamericanas con mayor proporción de homicidios por cuestiones de género, con tasas de 6.8, 5.1 y 2.3 mujeres fallecidas por cada 100 mil, respectivamente.
Desde 2013, Bolivia cuenta con una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y castiga el feminicidio con hasta 30 años de prisión, la pena máxima de la legislación del país.
