Redacción / Grupo Cantón
La Ley PERRY buscaba proteger a adultos mayores de abusos inmobiliarios tras casos como el de Katy Perry y el empresario Carl Westcott.
Mundo.- En 2023, un grupo bipartidista de legisladores en Estados Unidos propuso la Ley PERRY, acrónimo de Protecting Elder Realty for Retirement Years Act, con el objetivo de prevenir abusos financieros contra adultos mayores en transacciones inmobiliarias. Aunque la iniciativa nunca fue formalmente discutida en el Congreso, sí generó gran atención mediática al estar vinculada indirectamente con la cantante Katy Perry.
La propuesta legislativa incluía un mecanismo de “período de reflexión” de 72 horas para contratos de compraventa de propiedades en los que una de las partes tuviera más de 75 años. Este lapso permitiría cancelar el acuerdo sin penalización, especialmente si existían condiciones médicas que pudieran afectar la toma de decisiones.
El detonante para la creación de esta propuesta fue el caso del empresario Carl Westcott, de 85 años, diagnosticado con enfermedad de Huntington. En 2020, tras una cirugía de espalda, Westcott firmó un contrato para vender su propiedad en Santa Bárbara a Katy Perry y Orlando Bloom por 15 millones de dólares. Sus abogados alegaron que se encontraba bajo el efecto de medicamentos y en estado de delirio posoperatorio, pero en 2023 un juez determinó que firmó en pleno uso de sus facultades. La transacción fue ratificada en mayo de 2024.
Este no fue el único caso controversial que relaciona a Perry con adultos mayores. En 2013, intentó adquirir un convento de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Los Ángeles. Aunque la arquidiócesis aprobó la venta, las monjas preferían a otra compradora. El conflicto escaló legalmente, y una de las religiosas colapsó y murió en plena audiencia judicial en 2018. La compraventa no se concretó.
La Ley PERRY fue alojada como propuesta cívica en un sitio web hoy inactivo, aunque aún persiste una petición en Change.org con más de 350 firmas de apoyo. El texto citaba no solo el caso de Perry, sino otros ejemplos de ventas predatorias a adultos mayores y proponía proteger legalmente a quienes enfrentan decisiones críticas en condiciones de vulnerabilidad.
En 2020, más de 93 mil personas mayores de 60 años denunciaron fraudes financieros, con pérdidas que superaron los 500 millones de dólares, según los impulsores de la iniciativa.
Pese a la atención mediática, Katy Perry nunca se pronunció públicamente sobre la ley que lleva su apellido. Sin embargo, el debate sobre la necesidad de mayores regulaciones para proteger a adultos mayores en transacciones inmobiliarias sigue vigente.
