CANCÚN.- Al no incluirse en el presupuesto de ingresos de la federación la zona libre de Chetumal para 2020, el único camino que queda para su implementación es la vía del decreto, aunque esto supone que no tendrá el impacto económico deseado.
Así lo consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal, Eloy Quintal Jiménez, quien explicó que al no aplicarse esta medida de manera generalizada como era lo deseable a través de su inclusión en la Ley de Ingresos de la Federación, su alcance será limitado al depender de una renovación periódica que no abonará a generar confianza y certidumbre para la atracción de inversiones y fortalecimiento de las empresas locales.
Explicó además que como ha sucedido en la frontera norte, el beneficio mediante decreto se acota a un determinado número o tipo de giros económicos, por lo que se reduce el impacto en cuanto a diversificación económica se refiere.
Adelantó que si se opta por la vía del decreto se tendrá que crear un padrón de beneficiarios al que las empresas tendrán que inscribirse como sucede en la frontera norte, para lo cual hay que cumplir ciertos requisitos como no pertenecer RIF (Régimen de Incorporación Fiscal) o no tener pendiente ningún adeudo con el fisco. “Esto en automático elimina como beneficiarios a micros y pequeñas empresas y por ende reduce el impacto positivo en un amplio universo de empresarios”, dijo. Quintal Jiménez añadió que sin embargo confían en que la medida se cumpla, pues fue un compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ante empresarios chetumaleños, con quienes se reunió el pasado 24 de febrero de este año para anunciar que a partir de 2020 se reduciría en la capital del estado del 16 al 8% y se reduciría del 30% al 20% el ISR.
Recordó que hace menos de un mes enviaron una carta al presidente López Obrador en la que exponen que en meses recientes los indicadores económicos de la ciudad y de sus zonas cercanas reflejan un escenario desalentador traducido en desplome del consumo en más del 25%, cierre de empresas, caída de empleos, “minusvalía” inmobiliaria y aumento de deudas bancarias, sin inversión pública ni privada que permita revertir esta situación.
Por Jesús Vázquez/Grupo Cantón
