Una niña de cinco años no sabe qué es una demanda de custodia. No entiende qué significa patria potestad. No conoce los artículos del Código Civil ni los criterios de la Suprema Corte. Lo único que sabe es que los adultos que ama están peleando y que una decisión tomada por otros puede cambiar el resto de su vida.
Por eso resulta sorprendente que durante décadas gran parte de las discusiones familiares se hayan concentrado en los derechos de los adultos y tan poco en una pregunta fundamental: ¿cómo determina el Estado cuál es el entorno más seguro para una niña o un niño cuando existe un conflicto familiar?
México ha cambiado profundamente. Tan solo en 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios y 161 mil 932 divorcios. En otras palabras, por cada 100 matrimonios se registraron 33.3 divorcios. Detrás de esas cifras hay miles de familias que enfrentan separaciones, disputas por custodia y decisiones que marcarán el futuro de niñas y niños.
Los datos muestran la dimensión del desafío. De acuerdo con cifras del INEGI, al menos 103 mil niñas, niños y adolescentes estuvieron involucrados en divorcios judiciales durante un solo año. Además, alrededor de 64 mil casos implicaron decisiones formales sobre custodia. Y esas cifras ni siquiera consideran los procedimientos independientes de convivencia, patria potestad o conflictos familiares que nunca llegan a una estadística nacional consolidada.
Sin embargo, la verdadera discusión no debería ser quién gana una custodia. La verdadera discusión debería ser quién puede proteger mejor a la niñez.
Aquí aparece un concepto que merece ocupar el centro del debate nacional: la idoneidad parental.
La idoneidad parental no determina quién es mejor persona. Tampoco busca favorecer a una madre o perjudicar a un padre, o viceversa. Su propósito es identificar quién puede ofrecer a una niña o un niño un entorno seguro, estable, afectivo, protector y libre de violencia. Evalúa capacidades de crianza, estabilidad emocional, corresponsabilidad, vínculos afectivos y condiciones de desarrollo.
Incluso parte de una realidad que pocas veces se menciona: en algunos casos la persona más idónea podría no ser ni la madre ni el padre. Podría ser una abuela, un abuelo, una tía, un tío o algún familiar cercano capaz de garantizar mejores condiciones para el desarrollo integral del menor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las decisiones relacionadas con la guarda y custodia no deben resolverse mediante prejuicios ni presunciones automáticas en favor de uno u otro progenitor. El criterio debe ser siempre el interés superior de la niñez. Sin embargo, durante años el sistema ha carecido de herramientas suficientemente claras para evaluar de manera integral el entorno en el que crecerá una niña o un niño.
Por ello resulta relevante la discusión que hoy se abre en Quintana Roo para incorporar mecanismos que permitan valorar de forma objetiva factores psicológicos, sociofamiliares e interdisciplinarios antes de tomar decisiones que pueden definir una vida entera. Más aún, porque todo indica que el estado podría estar construyendo un precedente nacional al llevar expresamente este concepto al centro de la legislación familiar.
La urgencia es evidente. UNICEF ha documentado que seis de cada diez niñas, niños y adolescentes han experimentado métodos de disciplina violenta. Diversos estudios sobre experiencias adversas en la infancia muestran que la exposición constante a violencia, abandono emocional, consumo de sustancias o entornos altamente conflictivos incrementa significativamente los riesgos de depresión, adicciones, abandono escolar, conductas violentas e incluso suicidio durante la adolescencia y la vida adulta.
Las consecuencias también tienen un enorme costo social y económico. La OCDE estima que los problemas de salud mental pueden representar entre 3.5% y 4% del Producto Interno Bruto. Por su parte, el impacto económico de la violencia en México se calcula en cerca de 4.9 billones de pesos anuales, equivalentes a casi una quinta parte de toda la riqueza que genera el país. Proteger mejor a la infancia no solo es una obligación moral; probablemente sea una de las inversiones públicas más inteligentes que una sociedad puede realizar.
En Quintana Roo, la visión impulsada por la gobernadora Mara Lezama ha insistido en colocar a la infancia en el centro de las políticas públicas. cuando hablamos de infancia no hablamos únicamente de justicia familiar; hablamos de seguridad, educación, salud mental, desarrollo económico y futuro.
Quizá la pregunta más importante sea por qué esta conversación no había ocupado antes un lugar central en el debate nacional. Durante años hemos discutido reformas políticas, electorales, fiscales y judiciales. Pero pocas veces nos hemos detenido a preguntarnos cómo garantizar que las decisiones sobre custodia, convivencia y patria potestad coloquen verdaderamente a la niñez en el centro.
En 32 estados y frente a más de 129 millones de mexicanos, el país había discutido durante años la custodia como un conflicto entre adultos. Hoy comienza a abrirse una discusión distinta: no quién tiene más derechos, sino quién puede garantizar mejor los derechos de una niña o un niño.
Porque cuando una decisión judicial falla, un adulto puede rehacer su vida. Puede reconstruir su patrimonio, volver a enamorarse o empezar de nuevo.
Una niña o un niño no.
La infancia ocurre una sola vez.
Y precisamente por eso, protegerla nunca debió ser opcional.
