El reciente intento de linchamiento colectivo contra una persona de origen cubano, ocurrido en la Supermanzana 23 de Cancún, debería abrir el debate social, legal y político sobre la estancia de extranjeros en suelo mexicano. Este no es un hecho aislado. Algo similar, que terminó en tragedia, ocurrió el viernes 19 de mayo de 2017, cuando una turba atacó a Aleksei Makeev, ciudadano ruso de 42 años, señalado por haber ofendido a mexicanos.
A nueve años de aquel suceso, otro hecho parecido ocurrió en la calle Palmera, de la SM-23, cuando decenas de cancunenses llegaron a la casa de Rigoberto, de origen cubano, quien horas antes había agredido a un joven repartidor de comida rápida. El mexicano se encontraba en la vía pública cuando el perro del extranjero lo atacó. Posteriormente, acudió a la vivienda para preguntar si el animal contaba con sus vacunas, ya que había sido mordido y quería verificar la cartilla correspondiente.
Los detalles de la agresión son ampliamente conocidos. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y la Municipal para evitar que la gente tomara justicia por su propia mano.
Ambos hechos, aunque distantes en el tiempo, reflejan el hartazgo social que existe por la prepotencia de algunos extranjeros radicados en Quintana Roo hacia los mexicanos, no solo como vecinos, sino también como empresarios. Está suficientemente documentada la humillación y el maltrato laboral que sufren algunos connacionales que trabajan en el sector turístico, principalmente en destinos como Playa del Carmen, Tulum y Holbox.
Este caso también deja en evidencia la necesidad de una regulación más estricta sobre la posesión responsable de mascotas y la responsabilidad legal de sus dueños cuando los animales agreden a personas o provocan daños. Asimismo, las autoridades sanitarias municipales deben intervenir con acciones concretas, como la creación y fortalecimiento de centros de control animal que permitan atender la problemática de perros y gatos callejeros que abundan en diversas regiones y calles de Cancún.
También es un llamado de advertencia a las autoridades migratorias para que realicen las revisiones correspondientes y conozcan la situación legal de muchos extranjeros que viven en Quintana Roo. No se trata de una “cacería de brujas”, sino de mantener un control adecuado sobre quienes ingresan al país. No es un secreto que en las supermanzanas 22, 23, 24 y 25 habitan cientos de cubanos deportados desde Estados Unidos, principalmente desde Miami. Algunos aseguran que deben pagar alrededor de 5 mil dólares —unos 95 mil pesos— para permanecer un año en México sin ser molestados por autoridades migratorias.
Muchos llegaron a Cancún con la intención de establecer negocios y trabajar dignamente; sin embargo, entre ellos también hay personas que delinquen o extorsionan incluso a sus propios paisanos, aprovechándose de la hospitalidad del pueblo mexicano. Eso sí, “no deben pagar justos por pecadores”. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, ayer trascendió que durante los primeros días de junio el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo (2011-2016), podría salir de prisión, situación que ya tiene nerviosas a muchas personas, no solo por las deslealtades del pasado, sino porque algunas se quedaron con propiedades que él les confió.
Borge, como le decimos en Quintana Roo, no fue “santo de mi devoción”, pero nunca se atrevió a enviarme recaderos cuando publiqué información incómoda sobre su gobierno; fue respetuoso con quienes también lo fueron. Mantuvo el control político de su administración, pero la espiral de traiciones y venganzas terminó llevándolo a la cárcel. Como dice el dicho: “cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar”. Al tiempo…
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