Santiago Rodas / Grupo Cantón
Dos ciudadanos cubanos fueron detenidos en Puerto Morelos por lesiones y amenazas; la Fiscalía amplió las investigaciones.
Othón P.- La detención de dos ciudadanos de nacionalidad cubana en Puerto Morelos abrió una línea de investigación que mantiene bajo análisis a las autoridades del estado ante la posible existencia de una red vinculada a actividades ilícitas en Quintana Roo.
Durante la sesión de la Mesa de Seguridad realizada este lunes en Chetumal, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, confirmó la captura de Alexander “N” y Andys Luis “N”, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de lesiones y amenazas en agravio de una mujer de la tercera edad y su hijo.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 25 de mayo en el fraccionamiento Villas Morelos, donde la víctima llegaba a su domicilio cuando fue interceptada por uno de los ahora detenidos, con quien mantenía un conflicto relacionado con los límites de una propiedad contigua.
Las investigaciones señalan que durante la confrontación la mujer resultó lesionada en la cabeza. Su hijo intervino para auxiliarla, pero también fue agredido presuntamente por ambos sujetos. Tras el incidente, los involucrados abandonaron el lugar.
Video difundido en redes detonó la movilización ciudadana
El caso tomó relevancia después de que un video de la agresión fuera difundido en redes sociales, provocando la movilización de habitantes que convocaron a una concentración frente al domicilio de uno de los señalados. La intervención de corporaciones de seguridad evitó que la situación escalara.
La Fiscalía General del Estado informó que, tras la denuncia presentada por las víctimas, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control. Los dos investigados fueron localizados, detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
Durante la conferencia, López Salazar indicó que las investigaciones continúan y que las autoridades analizan información relacionada con el entorno y actividades de los detenidos, dentro de una línea de trabajo que busca determinar si existen más personas vinculadas con estos hechos o con otras conductas ilícitas en la zona.
Los detenidos permanecerán bajo proceso mientras se desarrolla la audiencia en la que será definida su situación jurídica dentro del plazo constitucional.
