Roberto Lemus/Grupo Cantón
Un ciudadano acusa a una empresa inmobiliaria de incumplir la entrega de un departamento en Tulum, pese a haberlo pagado en su totalidad; el caso permanece en proceso judicial.
Tulum.- Un ciudadano denunció públicamente un presunto fraude inmobiliario relacionado con un desarrollo ubicado en Tulum, luego de asegurar que, pese a haber pagado en su totalidad un departamento valuado en 97 mil dólares, nunca recibió la propiedad adquirida.
El afectado, Jorge Luis Ocaña Jiménez, explicó que el conflicto involucra a la empresa Menese, con sede en Playa del Carmen, la cual desarrolló un proyecto inmobiliario en este destino turístico. Según relató, el caso actualmente se encuentra detenido en un proceso de amparo judicial, por lo que deberá esperar la resolución de un juez para conocer el rumbo definitivo del litigio.
De acuerdo con su testimonio, el desarrollo debió entregarse originalmente alrededor del año 2020, en plena pandemia de COVID-19. Ante los retrasos, la empresa habría solicitado tiempo adicional para concluir la obra, situación que los compradores aceptaron. Sin embargo, posteriormente se firmó una cláusula en la que se establecía que, en caso de no cumplir con la nueva fecha de entrega, la empresa debería otorgar un porcentaje de compensación económica a los clientes.
Ocaña Jiménez afirmó que la constructora volvió a incumplir con el plazo acordado y, aunque algunos departamentos fueron entregados posteriormente, asegura que su unidad no le fue otorgada tras exigir el pago de la compensación estipulada en el contrato.
“No me quieren dar mi departamento. Lo único que hice fue exigir lo que ellos mismos ofrecieron cuando no cumplieron con la fecha, y a partir de ahí comenzaron a retrasarlo”, señaló.
El denunciante también indicó que, pese a no haber recibido ni ocupado la vivienda, comenzó a recibir cobros por servicios como agua y electricidad, lo que consideró irregular, ya que nunca tuvo acceso al inmueble.
Según explicó, al iniciar acciones legales la empresa accedió inicialmente a resolver el caso; sin embargo, problemas con su representación jurídica derivaron en un proceso que terminó prolongándose, hasta que la parte demandada promovió un amparo que actualmente mantiene el asunto sin resolución definitiva.
El afectado aseguró que durante este proceso ha detectado vacíos en la atención institucional a víctimas de fraudes inmobiliarios, señalando que las sanciones contra empresas involucradas suelen limitarse a multas administrativas que, en su opinión, no frenan estas prácticas.
El caso se suma a una serie de controversias legales relacionadas con desarrollos inmobiliarios en Tulum, donde inversionistas y compradores han denunciado retrasos en obras, incumplimientos contractuales y conflictos en la entrega de propiedades en distintos proyectos del destino.
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