Redacción / Grupo Cantón
La Suprema Corte revocó la suspensión otorgada a Xcaret, reafirmando la protección del patrimonio cultural maya y estableciendo un precedente en derechos colectivos.
CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió revocar la suspensión definitiva otorgada a la empresa Grupo Xcaret por un juez de distrito, negar la medida cautelar solicitada y establecer que el análisis de la apariencia de buen derecho debe realizarse con mayor rigor cuando están involucrados derechos colectivos.
Lo anterior se determinó en sesión del Pleno de la SCJN, que por mayoría de siete votos resolvió revocar el amparo promovido por la empresa para evitar sanciones por la presunta explotación ilegal de símbolos y signos mayas con fines comerciales.
Por mayoría, las y los ministros consideraron que el juez de distrito no aplicó correctamente dicho criterio al conceder la suspensión definitiva a la empresa, la cual le permitía continuar utilizando elementos del patrimonio cultural maya mientras se resolvía el fondo del asunto.
INDAUTOR y medidas precautorias
El caso tuvo su origen en las medidas precautorias impuestas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que ordenaban a la empresa retirar contenidos y abstenerse de explotar comercialmente elementos culturales mayas.
Sin embargo, la suspensión concedida en primera instancia frenó estas medidas, lo que derivó en la revisión del asunto por el máximo tribunal.
El fallo establece un precedente relevante para futuros casos, al precisar que los jueces deben evaluar no solo la posible afectación al quejoso, sino también el impacto en el interés social, especialmente en asuntos relacionados con pueblos y comunidades indígenas.
Precedente en derechos colectivos
La Corte determinó que el juez basó su decisión en un contrato celebrado con el llamado “Gran Consejo Maya”, sin verificar si este órgano contaba con la representación legítima de la totalidad del pueblo maya, integrado por múltiples comunidades en distintos estados del país.
Asimismo, el Pleno subrayó que la protección del patrimonio cultural indígena constituye un interés público de mayor jerarquía, por lo que no puede quedar subordinado a intereses comerciales.
