Redacción / Grupo Cantón
Mientras el Ayuntamiento revisa las condiciones del contrato y rechaza un incremento en las tarifas, ciudadanos denuncian fallas, sanciones indebidas y falta de transparencia
Playa del Carmen.- Hace casi una década, el proyecto de parquímetros se presentó como una solución para ordenar la movilidad y mejorar la disponibilidad de espacios de estacionamiento en el centro de Playa del Carmen.
Sin embargo, lo que inició como una política pública durante el gobierno municipal de Cristina Torres Gómez terminó convirtiéndose en una de las concesiones más controvertidas en la historia reciente del municipio.
En noviembre de 2017, la administración encabezada por Cristina Torres impulsó la aprobación del Sistema Integral de Movilidad, del cual surgió la concesión otorgada a la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V. (Playaparq).
En ese momento, la entonces alcaldesa defendió el proyecto al asegurar que permitiría ordenar el estacionamiento, mejorar la movilidad y generar recursos para obras públicas, bajo el argumento de modernizar la ciudad y ofrecer una mejor experiencia tanto a residentes como a turistas. Posteriormente, el Congreso de Quintana Roo avaló la concesión por un periodo de 15 años.
Hoy el panorama es distinto. La actual presidenta municipal, Estefanía Mercado Asencio, ha cuestionado públicamente las condiciones en las que se otorgó el contrato y señaló que existen aspectos que deben revisarse a fondo.
“No podemos permitir que existan contratos que no beneficien a las y los playenses; todo aquello que represente un perjuicio para el patrimonio municipal será revisado con total transparencia”.
Además, su administración exigió a la concesionaria transparentar los ingresos obtenidos y rechazó cualquier incremento en las tarifas.
Entre ambas posturas existe un contraste evidente. Mientras la administración de Cristina Torres presentó los parquímetros como un proyecto de modernización urbana, el gobierno de Estefanía Mercado sostiene que la concesión dejó condiciones desventajosas para el municipio y mantiene abierta una revisión jurídica sobre su operación, distribución de ingresos y cumplimiento contractual.
Este reportaje reconstruye cómo nació la concesión, quiénes participaron en su aprobación, cuáles fueron los argumentos que justificaron su implementación y por qué, siete años después, los parquímetros continúan siendo motivo de inconformidad entre ciudadanos, comerciantes y autoridades.
Ayuntamiento y Playaparq: dos visiones sobre la concesión
En 2026, la discusión volvió a intensificarse luego de que la concesionaria Playaparq planteara un incremento en las tarifas para financiar la modernización del sistema, propuesta que finalmente fue retirada tras la negativa del Ayuntamiento.
La postura del gobierno municipal fue encabezada por el síndico José Agustín Aguilar Méndez, quien dejó claro que la administración de Estefanía Mercado nunca consideró autorizar un aumento en el costo del servicio.
“Nunca hubo, por parte del gobierno municipal, alguna intención de aumentar esta tarifa”.
Aguilar explicó que la empresa propuso sustituir los boletos impresos por un sistema digital, pero pretendía que esa transición fuera financiada por los usuarios.
“La concesionaria analizó el tema, pero propuso que para hacer este cambio se realizara un ajuste en las tarifas y que fueran los usuarios quienes costearan esa transición. En eso estamos en desacuerdo”.
El funcionario añadió que el Ayuntamiento no se opone a modernizar el sistema de parquímetros, pero considera que esa inversión debe ser absorbida por la empresa concesionaria.
“Playa del Carmen es una ciudad que merece aprovechar las nuevas tecnologías”.
También sostuvo que los ingresos que recibe Playaparq son información pública y que cualquier ciudadano puede valorar si la empresa cuenta con recursos suficientes para financiar esa modernización sin trasladar el costo a los automovilistas.
En contraste, el director general de Playaparq, Pedro de Velasco Garza, aseguró que la empresa decidió retirar voluntariamente la propuesta de incremento tarifario tras dialogar con el Ayuntamiento y reiteró que su intención es continuar con la modernización del servicio.
Según explicó, buscan implementar nuevas tecnologías que eliminen el uso de boletos de papel y hagan más eficiente el sistema de estacionamiento regulado, además de mantener una relación de colaboración con el gobierno municipal y respetar la decisión de conservar las tarifas actuales.
Las posturas reflejan dos visiones distintas sobre el futuro de la concesión. Mientras el Ayuntamiento sostiene que cualquier mejora debe realizarse sin afectar la economía de los ciudadanos y bajo una revisión integral del contrato, la empresa considera indispensable la modernización tecnológica para garantizar la eficiencia del servicio.
Ciudadanos denuncian fallas y sanciones
Mientras autoridades y concesionaria mantienen posturas encontradas, quienes utilizan diariamente el sistema aseguran que el principal problema no es el costo del servicio, sino su funcionamiento.
Durante los últimos meses se multiplicaron las denuncias por fallas en los equipos, errores en la aplicación móvil y sanciones impuestas aun cuando los usuarios intentaban cumplir con el pago correspondiente.
Uno de los casos que mayor indignación generó ocurrió en mayo de 2026, cuando un automovilista denunció que personal de Playaparq colocó un inmovilizador a su vehículo pese a que el boleto de estacionamiento seguía vigente.
“Mi boleto vencía a las 6:57 de la tarde y la araña me la pusieron a las 6:49”.
Semanas después, otros usuarios denunciaron que las propias máquinas les impedían realizar el pago cuando el tiempo contratado estaba por concluir, dejándolos expuestos a recibir multas.
Un automovilista afectado explicó que el problema no solo consiste en que los equipos fallen, sino en que los inspectores aplican sanciones pese a conocer las deficiencias del sistema.
“Lo que pedimos es que primero garanticen un servicio eficiente antes de aplicar sanciones”.
Las quejas también se centran en la falta de mantenimiento de los parquímetros. Erwin, usuario frecuente del sistema, relató que encontrar una máquina fuera de servicio se ha vuelto algo cotidiano.
“Ya encontraste un lugar para estacionarte, pero si la máquina no sirve tienes que caminar para buscar otra que funcione y eso te hace perder tiempo”.
Comerciantes y prestadores de servicios sostienen que estas fallas afectan tanto a residentes como a turistas y deterioran la imagen del destino.
La concesión y los números
El contrato fue otorgado a Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V., empresa que opera bajo la marca Playaparq.
Entre sus principales características destacan:
- Vigencia de 15 años (2018-2033).
- Operación del sistema de estacionamiento regulado y bicicletas compartidas.
- Cobertura aproximada de 5 mil 600 cajones de estacionamiento.
- Reposición obligatoria de cajones eliminados por obras públicas dentro del polígono concesionado.
Asimismo, establece que:
- El 25% de los ingresos por estacionamiento corresponde al Ayuntamiento para obras de movilidad.
- El 100% de los recursos obtenidos por inmovilizadores pertenece al Ayuntamiento.
- La empresa debe publicar mensualmente sus ingresos durante los primeros quince días del mes siguiente.
Hasta julio de 2025, Playaparq reportó ingresos acumulados por 9 millones 171 mil 412 pesos, de los cuales 6 millones 175 mil 252 pesos corresponden al cobro del estacionamiento.
Se estima que el sistema genera alrededor de 14 millones de pesos anuales, aunque esta cifra ha sido objeto de debate debido a periodos en los que la empresa dejó de publicar sus reportes financieros.
Durante varios años la dirección general estuvo encabezada por Diego Gracidas Martínez. Desde finales de 2025, el cargo es ocupado por Pedro de Velasco Garza.
La identidad de los accionistas mayoritarios de la empresa no ha sido transparentada públicamente, situación que ha alimentado cuestionamientos sobre una concesión que administra espacios públicos y genera millones de pesos cada año.
Después de casi siete años de operación, los parquímetros continúan dividiendo opiniones. Mientras la empresa sostiene que el sistema requiere modernización e inversión para mantenerse vigente, el Ayuntamiento revisa jurídicamente la concesión y cientos de ciudadanos siguen denunciando fallas, sanciones indebidas y falta de transparencia.
El resultado es una concesión que nació con la promesa de mejorar la movilidad, pero que hoy permanece en el centro del debate sobre la gestión del espacio público en Playa del Carmen.
