*Uno de los despojos reportado el pasado mes de mayo en Tulum fue en contra de la Operadora de hoteles El Mestizo, por un predio de 300 metros cuadrados

* Los operativos de despojo no solamente se han limitado a Cancún, también se han denunciado en Tulum y Playa del Carmen

* El Fiscal del Estado, opera integrando carpetas al vapor para realizar despojos ilegales de predios de alto valor comercial

• Roberto Damián Hernández Reyna, fue separado de su cargo días después del operativo en el hotel Generation

 

 

 

 

 

 

CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

CANCÚN. El intento de despojo del predio de Juan Gabriel en la Riviera Maya a la familia de Regil, quienes cuentan con el usufructo vitalicio, es sólo una pequeña muestra de la enorme cadena de corrupción que bajo el amparo del gobernador Carlos Joaquín González, encabeza el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca, ya que fueron revelados audios en donde sostiene una reunión con ministeriales quienes le reclaman que estuvieron un mes sin viáticos en Tulum y que Roberto Damián Hernández Reyna les pidió que realizaran tres despojos, sin embargo, el fiscal les asegura que es él quien los ordenó porque supuestamente son “predios del estado” y que buscan recuperarlos.
En los audios revelados por Fabiola Cortés Miranda, abogada y activista de “Somos Tus Ojos” por la Transparencia de Quintana Roo, se escucha el reclamo de los ministeriales a Montes de Oca por el proceder de Hernández Reyna quien por cierto fue separado de su cargo días después del operativo en el hotel Generation donde colocaron sellos y realizaron el aseguramiento del predio de Juan Gabriel sin presentar ninguna orden; en estos se escucha decir a Montes de Oca: “Son instrucciones que doy yo porque son predios del estado, son despojos flagrantes, nadie se mueve aquí sino hay un operativo que no lo ordene la fiscalía”, pero uno de los ministeriales le responde “no, no” refiriéndose a que no son flagrantes.
El modus operandi del “chilango” Montes de Oca es integrar carpetas al vapor para realizar despojos ilegales de predios de alto valor comercial, como el que intentó ejecutar el pasado 15 de septiembre en el predio de dos hectáreas denominado Muchin, propiedad del cantante Juan Gabriel y a donde asistieron nueve ministeriales comandados por Damián Hernández Reyna, brazo derecho del fiscal y quien ostentaba el cargo de director de Política y Estadística Criminal, para realizar el aseguramiento del lugar, colocando sellos hasta en los vehículos de Carlos de Regil quien fue representante artístico del “Divo de Juárez”, violando así las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales y las de libre tránsito.
Cabe mencionar que por testimonio de Carlos André de Regil, algunos elementos de la policía ministerial les manifestaron que “debíamos defendernos, pues la orden de desalojarnos venía de muy arriba y que ellos no traían ninguna orden escrita”, lo cual resultó cierto, ya que no les dejaron ningún documento ni notificación, por lo que al día siguiente (16 de septiembre) y ya ante la presión de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo), les quitaron los sellos.
No obstante que la familia de Regil se está defendiendo y que presentaron pruebas del usufructo vitalicio del lugar, la FGE ha mostrado una completa complicidad con Dolores López Lira, ya que no han querido actuar conforme a derecho.

SOLAPADOS POR EL GOBERNADOR

Los operativos de despojos ilegales en Tulum, Playa del Carmen y Cancún, orquestados por Oscar Montes de Oca, con el respaldo del gobernador Carlos Joaquín, quedaron en evidencia en los citados audios que fueron grabados a principios de este mes durante una reunión entre agentes ministeriales y el fiscal.
En dicha reunión uno de los ministeriales menciona que Hernández Reyna se reunía los fines de semana con Jorge Portilla Mánica, quien era el director general de Ordenamiento Ambiental Urbano y Cambio Climático de Tulum, para supuestamente realizar prácticas en su campo de tiro, pero todo indica que era para acordar los despojos en la zona costera del municipio donde los predios son de un altísimo valor.
Uno de los despojos que se concretó el pasado mes de mayo en Tulum fue en contra de la Operadora de hoteles El Mestizo por un predio de 300 metros cuadrados, ubicado en avenida Cobá norte entre calle 2 Oriente y calle 4 Oriente, en el primer cuadro de Tulum y a quien denunció el licenciando Francisco Javier Siman Carpio, ante la Fiscalía de Tulum como apoderado legal de Carmen de Jesús Díaz Sánchez.
La supuesta afectada a través de su apoderado legal, sólo presentó copias simples ante la fiscalía el pasado 19 de mayo a las 9:43 horas y sólo eso bastó para que a las 12:00 horas del mismo día (dos horas después), el fiscal Jeans Gaspari Chablé Yupit diera la orden del aseguramiento que quedó asentado en la carpeta FGE/QROO/TUL/05/474/2020. Finalmente y con una rapidez inaudita, una semana después de este aseguramiento, el fiscal ordenó la entrega del terreno a Carmen de Jesús Díaz Sánchez.
En el oficio presentado por los agentes ministeriales para realizar este aseguramiento, el fiscal de la mesa de delitos patrimoniales señala lo siguiente: Que el bien inmueble descrito en la denuncia de hechos constituye el objeto del delito, de tal modo que para indagar si dentro del mismo existen huellas o sea un medio que nos proporcione algún indicio para el esclarecimiento de los hechos como pudiera ser los ocupantes, resulta oportuno desahogar la técnica de investigación denominada aseguramiento (…)”.
Ahora bien, en autos se tiene la comparecencia del ciudadano Francisco Javier Siman Carpio quien su calidad de apoderado legal de la ciudadana Carmen de Jesús Díaz Sánchez ofrece diversas documentales a fin de acreditar el interés jurídico de esta última para demostrar el derecho de propiedad con respecto al aseguramiento, cobrando relevancia las siguientes documentales: 1.-copia simple del título de propiedad número 339/99 a nombre de Carmen de Jesús Díaz Sánchez 2.- la copia simple de la orden de ocupación a nombre de Carmen de Jesús Díaz Sánchez (…). 3.- La copia simple del certificado de libertad de gravamen número 246827 a nombre de Carmen de Jesús Díaz Sánchez (…).
En lo que va del presente año, la Fiscalía General del Estado, ha realizado el aseguramiento de un total de seis predios ubicados en Akumal, Chemuyil y Tulum donde realizaron en agosto pasado el aseguramiento de un predio de gran plusvalía, localizado a la entrada de la zona arqueológica, luego de que se interpusiera una querella por parte del gobierno del estado por el delito de despojo, cuya dimensión es de 650 metros cuadrados.
El predio marcado con el número de lote 10, manzana 001, localizado sobre la avenida Ruinas de Tulum entre avenida Tulum y calle Nicte-Há, fue reclamado por la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), del gobierno del estado, quienes fueron los que levantaron la querella por el delito de despojo quedando asentado en la carpeta de investigación FGE/ QROO/TUL/08/762/2020, en contra de quien resulte.
En toda esta red de corrupción, también tiene complicidad el Registro Público de la Propiedad y Comercio en Quintana Roo, ya que avala procesos exprés para despojar de manera ilegal y clandestina a cientos de ciudadanos, principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde los terrenos son de un alto valor adquisitivo.
En tela de juicio también está la honorabilidad de notarios públicos, ya que un ciudadano de nombre Daniel Rodríguez Rosado acudió en diciembre del año pasado a pagar su predio en la tesorería de Tulum, se llevó la sorpresa de que ya no estaba registrado a su nombre por lo que interpuso una denuncia en contra de Julio César Traconis Varguez y Adrián Samos Medina, auxiliar y titular, respectivamente de la Notaría 41, por la presunta complicidad con la FGE para concretar el despojo del lote 002, manzana 89, región 004, ubicada sobre la avenida Cobá, de la reserva territorial del IPAE.
La carpeta de investigación con el número FGE/QROO/TUL/06/520/2020 abierta ante el ministerio público de Tulum, sugiere una presunta complicidad de los propios notarios y la FGE para concretar el despojo de predios de alta plusvalía en ese destino turístico.