Redacción / Grupo Cantón
A casi una década del inicio del gobierno de Carlos Joaquín González, su promesa de combate a la corrupción enfrenta cuestionamientos tras liberaciones de exfuncionarios, expedientes prescritos
Cancún.- Cuando Carlos Joaquín González —hoy embajador de México en Canadá— llegó al gobierno de Quintana Roo en septiembre de 2016, lo hizo con la promesa de hacer justicia, de que habría cuentas claras y de que los responsables del llamado saqueo borgista, que denunció durante toda su campaña, pagarían.
Su frase de cabecera, repetida en foros, entrevistas y actos de gobierno, era siempre la misma: “el que la hace la paga”. Diez años después, el saldo es otro.
El caso Borge y su impacto político
El exgobernador Roberto Borge Angulo está a punto de salir de la cárcel para cumplir prisión domiciliaria tras ser absuelto del delito de delincuencia organizada la semana pasada.
Todos sus colaboradores capturados con bombo y platillo salieron en libertad, luego de ganar en tribunales amparos e impugnaciones contra los procesos judiciales que les iniciaron y que, en su mayoría, estaban mal fundamentados.
Y lo más grave: 513 expedientes que documentaban desvíos de recursos públicos prescribieron por negligencia, haciendo jurídicamente irrecuperable una deuda de más de 7,000 millones de pesos con los quintanarroenses.
La supuesta “cruzada anticorrupción” de Carlos Joaquín fue más bien un ajuste de cuentas del hoy embajador contra un grupo político que trató a toda costa de impedir que llegara al poder, que lo acosó y ofendió a su familia.
El inicio de la cruzada anticorrupción en Quintana Roo
Desde el primer día, la administración de Carlos Joaquín vendió a la opinión pública la promesa de un combate frontal a la corrupción y la recuperación del patrimonio del estado. El discurso era contundente y se resumía en una frase que el entonces gobernador repitió hasta convertirla en su marca personal: “el que la hace la paga”.
Hoy, Carlos Joaquín González ocupa la Embajada de México en Canadá.
Y la frase quedó como epitafio de una promesa que nunca se cumplió. La realidad procesal fue otra.
Mientras el discurso oficial hablaba de castigo, las omisiones legales, la falta de seguimiento y la selectividad en las acciones judiciales alimentaron la percepción de que el objetivo principal no era recuperar el dinero de los quintanarroenses ni garantizar sentencias firmes, sino eliminar y humillar a la clase política anterior.
El propio Roberto Borge, durante sus audiencias, no dudó en calificarse como preso político, denunciando que la administración estatal operaba a través de jueces a modo y de estructuras paralelas —como la Consejería Jurídica— que funcionaban, según sus palabras, como brazo ejecutor de una estrategia de Estado para perseguirlo.
Señalamientos de fallas institucionales
La Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) lo reconoció sin eufemismos: la administración de Carlos Joaquín recibió 513 expedientes que evidenciaban desvíos significativos de recursos del gobierno de Borge, pero por actos de omisión y falta de seguimiento oportuno, no se procesaron a tiempo.
Los plazos legales prescribieron. Resultado: más de 7,000 millones de pesos desviados durante el gobierno de Borge que nunca podrán recuperarse por la vía judicial.
Ante esa realidad, la administración de Mara Lezama, iniciada en septiembre de 2022, tuvo que presentar nuevas denuncias, pero ya no contra Borge —ese capítulo quedó formalmente cerrado en el ámbito estatal— sino contra exfuncionarios del propio gobierno de Carlos Joaquín, señalados por esas omisiones.
La “cruzada anticorrupción” terminó, paradójicamente, generando una nueva capa de responsabilidades penales sobre quienes la encabezaron.
Liberación de exfuncionarios del borgismo
La “ola de detenciones” del inicio del sexenio joaquinista incluyó a diversas figuras del primer círculo borgista, presentadas como piezas clave de una red de corrupción. La mayoría salió libre por desvanecimiento de pruebas o incluso absuelta.
• GABRIEL MENDICUTI LORÍA
Exsecretario de Gobierno. Detenido en enero de 2018, acusado de desempeño irregular de la función pública por un presunto daño patrimonial de 534 millones de pesos relacionado con VIP SAESA. En marzo de ese mismo año obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue exonerado, evidenciando la falta de solidez de la acusación.
• MAURICIO GÓNGORA ESCALANTE
Exalcalde de Solidaridad y ex candidato a gobernador. Capturado en enero de 2018 con tres carpetas por peculado, desempeño irregular y delitos electorales. Tras casi dos años en prisión preventiva, obtuvo cambio de medida cautelar en 2020 mediante fianza y brazalete electrónico.
• MARIO CASTRO BASTO
Detenido en Mérida en febrero de 2018 por el caso VIP SAESA. Su proceso fue breve: obtuvo prisión domiciliaria semanas después por motivos de salud, tras múltiples amparos.
• CARLOS ACOSTA GUTIÉRREZ
Exdirector de VIP SAESA. Detenido en 2017, fue el primero en recibir sentencia condenatoria (2 años y 6 meses), pero salió libre tras pagar fianza y reparación mínima del daño.
• MAURICIO RODRÍGUEZ MARRUFO
Ex titular de SEDUVI. Detenido en 2017 por el caso del IPAE. Se declaró culpable mediante procedimiento abreviado y recuperó su libertad tras devolver 25 millones de pesos y un predio en Cozumel.
• CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA
Exdirectora del IPAE. Nunca pisó la cárcel; su defensa logró múltiples amparos que frenaron las órdenes de aprehensión y cerraron el proceso judicial.
• PAULINA GARCÍA ACHACH
Exsubsecretaria de SEDUVI. Detenida en 2017; su estancia en prisión fue breve y el caso se resolvió mediante procedimiento abreviado con fianza.
