Manuel Baeza/Grupo Cantón
Trabajadores de un juzgado federal en Cancún denunciaron presunto hostigamiento laboral, irregularidades y rezago de audiencias, solicitando la intervención de autoridades judiciales.
Cancún.- Un grupo de trabajadores de base denunció públicamente presuntos actos de hostigamiento laboral y diversas irregularidades al interior de un juzgado en Cancún, señalando directamente a la jueza titular del órgano jurisdiccional. La acusación ya fue presentada ante instancias competentes, en busca de una investigación formal sobre las condiciones laborales y el desempeño institucional.
Francisco Rafael Marín Gómez, secretario de base en el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en Quintana Roo, especializado en juicios orales y representante de los inconformes, indicó que las denuncias van dirigidas contra María de los Ángeles Sánchez Domínguez, quien se desempeña como jueza en la referida área.
De acuerdo con su testimonio, la funcionaria mantiene un patrón de conducta conflictivo que ha derivado en un ambiente laboral tenso y, en algunos casos, intimidatorio para el personal.
Entre las conductas denunciadas se encuentran presuntos encierros de trabajadores en oficinas, gritos constantes, despidos sin justificación y cancelación arbitraria de nombramientos. Los empleados también señalaron que existe un trato desigual en la carga laboral, donde algunos son sobrecargados, mientras que personal cercano a la jueza no cumpliría con sus funciones asignadas.
La denuncia fue interpuesta ante el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, solicitando una visita extraordinaria. Además, los trabajadores acusaron posibles irregularidades en el ámbito jurisdiccional, como el diferimiento injustificado de audiencias, resoluciones presuntamente ilegales y anomalías en expedientes, incluyendo firmas duplicadas.
El rezago en el juzgado es otro de los puntos críticos: estiman que al menos 800 audiencias han sido diferidas bajo el argumento de fallas técnicas, mientras el órgano opera con apenas 27 trabajadores, casi la mitad del personal habitual. Esta situación ha generado inconformidad entre litigantes, quienes también han comenzado a presentar quejas.
Finalmente, los denunciantes solicitaron la intervención de Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, para que se investiguen los hechos y se determinen posibles sanciones, que podrían incluir suspensión o inhabilitación. Advirtieron que el temor a represalias ha limitado que más trabajadores se sumen de manera formal a la denuncia.
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