Redacción/Grupo Cantón
El Senado avaló por unanimidad una reforma constitucional para crear una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de unificar criterios, sanciones e investigaciones en todo el país.
Ciudad de México. El Senado aprobó por unanimidad reformas al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, que permitirá establecer un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país, así como contar con los mismos estándares de investigación y fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
El documento presentado por el Ejecutivo fue avalado por 109 sufragios y remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, luego de un debate en el que la oposición pidió que la reforma sea acompañada de suficientes recursos, pues de lo contrario sería letra muerta.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, resaltó que este no es un cambio menor ni una reforma más, sino una decisión de Estado para enfrentar este delito.
Explicó que la modificación legislativa es necesaria debido a que el diseño actual presenta dispersión normativa y criterios heterogéneos que impiden una actuación uniforme y coordinada frente al feminicidio.
Recordó que en México hay 33 códigos penales, uno en cada entidad y el federal, lo que implica la existencia de criterios dispares y agravantes que no coinciden de un estado a otro, ya que no están homologados. Por esa causa, en algunos lugares la justicia es expedita y en otros, dilatada o incierta.
Inzunza añadió que esta fragmentación normativa no solo conlleva desigualdad, sino también impunidad y, en este tema, “la impunidad genera dolor”.
Explicó que la modificación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como propósito establecer las bases para una legislación general que unifique criterios, homologue tipos penales y punibilidades, defina estándares de investigación con perspectiva de género y fortalezca la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. De lo que se trata es de garantizar que, en cualquier lugar de México, las mujeres tengan el mismo derecho a la justicia; que el lugar donde ocurre el delito no determine la calidad de la investigación ni la posibilidad de sanción, y que el Estado mexicano responda con la misma firmeza a la violencia feminicida.
El morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que con esta reforma se da un paso firme para que el Estado mexicano actúe como un solo frente y se construya el muro más fuerte y sólido posible contra la violencia. Apuntó que se busca castigar con todo el rigor de la ley a quienes agreden a mujeres, niñas y adolescentes.
El también morenista Juan Carlos Loera de la Rosa llevó a la tribuna el caso de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, localidad que —dijo— es el epicentro de una herida nacional que sigue abierta. Recordó que ahí se documentaron los primeros patrones de lo que hoy se reconoce como feminicidio: cuerpos abandonados, investigaciones negligentes y justicia tardía. Desde entonces, el país entero ha replicado esa tragedia, subrayó.
A propuesta del legislador, los senadores gritaron “presente” cuando enlistó algunos nombres de víctimas de feminicidio, como Digna Ochoa y Miroslava Breach, reportera de esta casa editorial, como recordatorio de la deuda del Estado con las mujeres, sus familias y la sociedad.
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