Redacción/Grupo Cantón
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que la renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA se realizó conforme a la ley mediante el pago de derechos por uso del espacio.
-Ciudad de México.- La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, defendió la renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA para la realización de una cena de gala, por un monto de 1 millón 300 mil pesos, y aseguró que la operación se realizó conforme a la ley como parte de una estrategia de diplomacia cultural rumbo a la Copa Mundial de Futbol.
La funcionaria explicó que el uso del recinto histórico representó una oportunidad para proyectar a México como anfitrión cultural del Mundial, al reunir a más de 200 representantes internacionales vinculados con el máximo organismo del futbol.
“Lo que se hizo fue bajo la norma, como tiene que ser; se trata de un pago por uso de derechos en el marco de una actividad de visibilidad para México y de diplomacia cultural”, afirmó.
Curiel de Icaza también rechazó que tenga fundamento la denuncia presentada por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ante la Fiscalía General de la República (FGR), quienes cuestionaron el uso del inmueble para un evento privado.
La secretaria señaló que el director del INAH ya dialogó con los inconformes y sostuvo que no existe ninguna violación a la legislación, ya que el evento se llevó a cabo mediante el pago correspondiente por el uso del espacio.
Asimismo, recordó que la FIFA cubrió un pago de 1.3 millones de pesos por la utilización del Castillo de Chapultepec durante la cena de gala.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones derivadas de la denuncia, aunque puntualizó que cualquier aspecto administrativo deberá resolverse por una vía distinta.
La polémica surgió luego de que investigadores del INAH manifestaran su inconformidad por considerar que el recinto histórico no debía utilizarse para eventos de carácter privado, mientras que el Gobierno federal sostiene que la actividad se realizó dentro del marco legal y con fines de promoción internacional para México.
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