Redacción/Grupo Cantón
El caso de una mujer trans identificada como Karime ‘N’ puso en el centro de la polémica a la Patrulla Espiritual, luego de denuncias por presuntas terapias de conversión en Baja California.
Baja California.- A finales de mayo pasado, miles de personas marcharon en Tijuana, Baja California, a favor del internamiento involuntario de personas con problemas de consumo de sustancias. Bajo consignas como “a favor de la vida y la familia”, estos grupos conservadores arroparon a la llamada “Patrulla Espiritual”, nombre con el que se conoce popularmente y en redes sociales al Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh, dedicado a atender adicciones.
La marcha fue una respuesta a las denuncias y movilizaciones de personas de la diversidad sexual que señalaron presuntos abusos del Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh en contra de la identidad de género de una mujer trans identificada como Karime ‘N’.
El caso se viralizó luego de que, el pasado 9 de mayo, la Patrulla Espiritual difundiera un video en el que integrantes del grupo interceptaron y se llevaron por la fuerza a Karime, en la colonia Durango de Tijuana, para trasladarla al anexo.
Tras la difusión de las imágenes del supuesto rescate, colectivos LGBTIQ+ denunciaron que Karime fue víctima de humillaciones y malos tratos. Una vez dentro del centro, fue obligada a vestir ropa masculina y a cortarse el cabello, pese a que se identifica como mujer trans.
Más de 150 organizaciones de la diversidad sexual acusaron a la Patrulla Espiritual de realizar Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidos como terapias de conversión, disfrazadas de rescates, y solicitaron al gobierno de Baja California, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, intervenir en el caso.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ECOSIG son todas aquellas prácticas que buscan “cambiar, suprimir, reprimir o alterar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona para forzarla a un modelo heterosexual o cisgénero”.
“Se basan en la noción errónea y nociva de que la diversidad sexual y de género son un trastorno que debe corregirse. En realidad, producen profundos daños físicos y psicológicos en las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso de todas las edades y regiones del mundo”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, entonces representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En ese contexto, la Ciudad de México fue la primera entidad en tipificar los ECOSIG en 2020 y, hasta ahora, ya suman 22 estados que han incluido este delito en sus códigos penales. A nivel federal, la prohibición fue aprobada por el Senado de la República el 26 de abril de 2024.
“Aquí, en Baja California, los ECOSIG están prohibidos y tipificados como delito desde 2022”, explicó Paola Pereira, presidenta del Comité Orgullo Mexicali, uno de los colectivos que se pronunciaron sobre el caso de Karime.
La presión de la comunidad LGBTIQ+ dio resultado. El 13 de mayo, la Fiscalía General de Baja California abrió la carpeta de investigación NUC 2026-14466 por posibles delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad en contra del Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California abrió un expediente para investigar al centro asociado con la Patrulla Espiritual. Además, periodistas y activistas que denunciaron al anexo reportaron haber sufrido acoso en redes sociales y amenazas.
Pereira explicó que los colectivos no están en contra de la rehabilitación de personas con problemas de consumo de sustancias que viven en situación de calle, sino de las posibles violaciones a los derechos humanos en los llamados anexos.
No es para menos. En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la existencia de establecimientos para el tratamiento de adicciones que operan sin reconocimiento del Estado.
Según el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales Reconocidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), actualizado al 4 de mayo de 2026, en México solo existen 105 centros de rehabilitación para personas con adicciones que cumplen con la normatividad vigente.
En Baja California únicamente operan cinco establecimientos con servicios profesionales de salud mental para personas con consumo problemático de sustancias y uno más con un programa de enfoque de ayuda mutua.
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