Rafael del Pozo Dergal, titular de la Contraloría del estado, comentó que en el caso de los 700 millones de pesos que fueron gastados por parte del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por un convenio de Sedesol, ya finalizaron las auditorías y se han fincado responsabilidades, así como denuncias en contra de ex funcionarios de dichos organismos.
Previamente se utilizó al SQCS, ya que firmó “un convenio general de colaboración y dos convenios específicos” con la Sedatu, lo que le permitió recibir 450 millones de pesos que serían destinados a temas de promoción, publicidad y producción de “piezas de comunicación”.
Aunque el SQCS no tenía la capacidad humana y técnica para prestar los servicios, por lo que “subcontrató a 25 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la secretaría, integrados por 23 personas morales y dos personas físicas”, a los que entregó 420 millones.
Esa primera triangulación le dejó a la televisora quintanarroense un remanente de casi 30 millones de pesos.
Al momento de realizar la auditoria se detectó que la SQCS no tenía la documentación que comprobara que los servicios subcontratados se realizaron, pues los convenios se firmaron con el equipo que operó en la administración de Roberto Borge y con el cambio de gobierno la documentación fue sustraída por el “ex director jurídico del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, quien al momento de serle solicitada por la Directora General, entregó únicamente los contratos”.
La auditoría también muestra que la presunta responsable del seguimiento de los convenios y el cumplimiento de los mismos por parte de la Sedatu fue la Directora General de Comunicación Social, Luz María Orozco Quiroz.
En este sentido del Pozo Dergal comentó que son 700 millones de pesos los que se detectaron con irregularidades y que derivo en diversas denuncias que se han fincado por esta situación, ahora será la Fiscalía General quién tenga que realizar el seguimiento de este caso.
Pero advirtió que se cuenta con la documentación y las pruebas para que se realizaran estas denuncias y procedimientos en contra de ex funcionarios que no acreditaron las pruebas a su favor por esta situación de los 700 millones de pesos en irregularidades.
