QUINTANA ROO.-Francisco Vicente Cetina Novelo, beneficiario del predio de 262.5 hectáreas, ubicado frente al mar sobre la carretera Cancún-Tulum que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) le vendió 20 veces menos que su valor real en 2016, también fue beneficiado por la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo con la titulación de un predio en la Región 235 de este destino turístico.
El predio, que al parecer eran terrenos nacionales y que fue autonombrado Rancho Los Parajitos, fue valuado en mil 240 millones de pesos y le fue vendido en apenas 61.4 millones de pesos, es decir, mil 178.6 millones de pesos menos, a razón de 23 pesos el metro cuadrado en lugar de los 472.2 pesos de su valor real.
El predio fue adquirido en 2015 y fue hasta el 19 de febrero de 2016 que se paga un derecho por cuatro mil 748 pesos para incluir el terreno en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del estado en Playa del Carmen.
Después de este movimiento, Cetina Novelo, lo revende a José Antonio Chapur Zahoul, empresario que pretende construir un desarrollo comercial, inmobiliario y turístico en el predio. La información de la transacción no está a disposición pública.
El director de Propiedad Rural de la Sedatu, Luis Bastarrachea Sosa, fue el responsable de tramitar la operación por la parte vendedora. Se menciona que todos los trámites, tanto en esta dependencia como en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes de Desincorporación de Bienes (Indaabin), se realizaron en tres meses.
Información nacional destaca que el precio de 61 millones de pesos fue fijado en 2016 por el Indaabin, que es el organismo del Gobierno Federal al que le corresponde determinar el monto de los bienes que son desincorporados.
Los documentos destacan que, en un día, Cetina Novelo compró el predio, se hizo del título de propiedad, lo registró y formuló el anuncio de su venta a una inmobiliaria.
Todas las operaciones ocurrieron el 19 de febrero de 2016 y contaron con la extrema diligencia de Luis Armando Bastarrachea Sosa, quien entonces se desempeñaba como director de la Propiedad Rural de la Sedatu y que personalmente gestionó algunos de los trámites.
Ese mismo día, Cetina Novelo, un ejidatario de Isla Mujeres, supuestamente recibió el título de propiedad en la Sedatu, en la Ciudad de México, viajó a Playa del Carmen, Quintana Roo, e hizo la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
La hora marcada en los trámites evidencia la premura con la que se realizaron y la presunta colusión de algunos funcionarios, pues el pago de derechos quedó registrado a las 10:56 horas, mientras que la inscripción en el registro se hizo a las 10:20 horas, es decir, media hora antes.
Bastarrachea Sosa ya había manifestado un interés especial en la operación. En esos días, el delegado de Sedetus, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, el exfuncionario viajó a Quintana Roo a “efecto de atender atribuciones inherentes a su cargo”. Curiosamente en esas fechas se encontraba en la verificación del posible despojo de los predios denominados San Francisco, fracción, I, II, denominados, Gran Xelha y San Francisco, ubicado en el kilómetro 142 + 50 enfrente del cenote “Dos Ojos”.
El 18 de febrero de 2016, el entonces director de la Propiedad Rural se dio por notificado, por comparecencia, de la inscripción solicitada por la Sedatu al Registro Agrario Nacional (RAN) del título de propiedad, bajo el número 116016.
Al día siguiente, luego de que Cetina supuestamente había recibido el título de propiedad, había pagado los derechos y el predio había quedado inscrito, hizo un avisado de venta.
A las 13:53 horas, tres horas después de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, quedó asentado un primero aviso preventivo de acto traslativo de dominio a favor de IHC Inmobiliaria, S.A. de C.V., propiedad de José Antonio Chapur Zahoul, presentado por la Notaría 62 de Quintana Roo.
La premura con la que se cerró esa operación, que fue precedida por un proceso récord de tres meses en los que manifestó la intención de compra y se llevaron a cabo un avalúo y los distintos trámites administrativos, era evitar que los alcanzara una suspensión definitiva de un juicio de amparo, lo que consiguieron, pero no sin dejar huella de las presuntas irregularidades incurridas.Redacción
