Dra. Dileri Olmedo / Grupo Cantón
rectoradileriolmedo@ipj.edu.mx
Rectora del Instituto Pericial Judicial
”Hablando Derecho”.
La extorsión constituye, en la actualidad, uno de los delitos que más vulnera la dignidad y la estabilidad de las familias mexicanas. No se trata únicamente de una afectación patrimonial; se trata de la pérdida de la tranquilidad para emprender, para ejercer un oficio, para contestar una llamada telefónica o para regresar a casa con certeza de seguridad. En nuestro estado, esta realidad se manifiesta de manera cotidiana en comerciantes, prestadores de servicios de transporte y pequeños empresarios, quienes enfrentan el cobro de piso como una amenaza sistemática que condiciona su permanencia y su derecho al trabajo. Es un delito que, por su naturaleza silenciosa y coactiva, fractura el tejido social y normaliza el miedo. La gravedad del fenómeno radica en su estructura de impunidad. Durante años, la extorsión se ha ejercido con la certeza de que la víctima no denunciará y de que, incluso cuando lo hace, el responsable puede seguir operando desde el interior de un centro penitenciario. Se genera así una doble victimización: la del ciudadano que sufre la amenaza y la del sistema que no logra garantizarle protección efectiva.
De acuerdo con el INEGI, el 97.4% de las extorsiones no se denuncian por temor a represalias, y de las que sí se denuncian, 7 de cada 10 llamadas salían de centros penitenciarios. La propuesta establece de 15 a 25 años de prisión y hasta 42 años si hay agravantes como el cobro de piso. Incluye anonimato para quien denuncia, bloqueo de celulares en penales y reparación integral del daño.
Queremos hacer una breve pausa para invitarlos al Instituto Pericial Judicial a conocer nuestra amplia oferta educativa en ciencias humanas, contamos con Preparatoria, Licenciaturas y Maestrías, ofreciendo también diplomados. Pueden visitarnos en Avenida José López Portillo casi esquina con Uxmal, a unos minutos del Crucero o pueden enviarnos un WhatsApp al (998) 303 6670.
Esta medida no solo castiga, pone en el centro a la persona. Pone fin a la impunidad de delinquir desde la cárcel y le devuelve a la ciudadanía la confianza para denunciar.
”Devolverle al pueblo la tranquilidad de contestar el teléfono sin miedo.”
