La historia de instituciones del estado permitiendo que se tuerza la ley a favor de ecocidas es larga de contar. Uno de los últimos capítulos en Quintana Roo es la carretera cínicamente llamada “sacacosechas” encima del gran sistema de cuevas subterráneas Sac Aktún en Tulum, cuando la SEMARNAT otorgó una exención de Manifestación de Impacto Ambiental a la SEDENA, después de haber sido doblegada por intereses poderosos. Una ilegalidad que pagará la naturaleza y nosotros.
Aún más reciente es la negación a información pública acerca de uno de dos proyectos hoteleros que amenazan a Punta Venado y con ello el último corredor biológico que tenemos en Playa del Carmen, justamente entre el puerto de lo que antes era CALICA, y el hotel Hard Rock Riviera Maya.
Unos ciudadanos preocupados por la noticia en varios medios informativos enviaron una solicitud de información pública a la Plataforma Nacional de Transparencia preguntando si en dicho predio había alguna autorización para un proyecto. La respuesta fue que no tenían información. Después se les envió una segunda solicitud de información con la misma pregunta, añadiendo un artículo de periódico que refería directamente a ese proyecto. La respuesta fue -otra vez- la negativa.
Esto no parece ser un simple error de una institución cuya vocación es la transparencia, sino más bien una retención deliberada de una información que deben compartir al ser solicitado por la ciudadanía porque es pública. Están los artículos de prensa, y ya está la manifestación de impacto ambiental. Se sabe que se planea un proyecto allí. Pero los ciudadanos necesitan la respuesta del instituto de transparencia para confirmar si fue autorizado o no, para que en el probable caso que si, poder informar bien y despertar una conversación sobre si se necesita otro hotel allí y dar a la sociedad la posibilidad de actuar. En este caso lo que pareció hacer la dependencia del gobierno fue, en vez de cumplir su función de dar información, obstruirla, al mentir que no sabe de ningún proyecto, lo que podría beneficiar a los hoteleros al darles más tiempo.
Está ha sido una de las estrategias para convertir toda la costa norte de Quintana Roo en un resort todo incluido cometiendo todo tipo de crímenes ambientales, empezando por destrucción de manglar, excederse de hectáreas autorizadas, etc. Esto no es solo un debate ambiental, sino se trata del ejercicio de la democracia misma. Una democracia que tenemos que exigir como ciudadanía para que las autoridades la ejerzan. De otra manera los intereses privados siempre serán los únicos tomados en cuenta, y seguiremos viviendo en un estado sin equilibrio social ni ecológico.
