Benito Juárez ocupa casi 930 kilómetros cuadrados. En 2020 tenía 911,503 habitantes y el propio programa municipal estima 1,026,725 para 2025. Crecimos rápido; nuestras vialidades, transporte y seguridad no siempre al mismo ritmo.
El Programa de Desarrollo Urbano contabiliza 276.51 kilómetros de vialidades primarias y 169.48 de secundarias: 445.99 kilómetros de red estructurante. Al cierre de 2024 había 167 cruces semaforizados y, entre 2023 y 2024, Cruces Seguros intervino 40, con 494 semáforos vehiculares y 236 peatonales. Aun así, el traslado promedio de casa al trabajo es de 38.4 minutos.
El artículo 175 Bis del Reglamento de Tránsito de Benito Juárez establece que para colocar reductores de velocidad, pasos peatonales, señales de tránsito o cualquier infraestructura vial se necesita una Anuencia de Impacto Vial de la Dirección General de Transporte y Vialidad. Y establece también que, con base en diagnósticos viales, podrá retirarse infraestructura que no haya sido previamente autorizada para mejorar la circulación de peatones y vehículos.
No es burocracia. Es seguridad.
La evidencia mundial explica por qué La Federal Highway Administration de Estados Unidos advierte que un speed hump puede añadir entre 6 y 11 segundos de retraso a vehículos de emergencia. El International Transport Forum de la OCDE señala que el riesgo de que un peatón muera atropellado es casi cinco veces mayor a 50 km/h que a 30 km/h, y estima que disminuir 5% la velocidad promedio puede reducir alrededor de 20% las fatalidades. La OMS recomienda precisamente 30 km/h donde peatones, ciclistas y vehículos comparten el espacio.
El mundo ya entendió algo que nosotros debemos terminar de entender: la seguridad vial no se construye a topetazos.
Benito Juárez necesita una Estrategia Integral de Seguridad Vial y Movilidad: mapa público de puntos de riesgo y siniestros; inventario georreferenciado de semáforos, reductores y anuencias; auditorías viales; zonas 30 en escuelas, parques y áreas habitacionales; cruces seguros; iluminación y señalización; radares y control de velocidad; semaforización inteligente y sincronizada; educación vial y civismo; y alternativas técnicas obligatorias antes de autorizar un nuevo tope.
Y hay que ponerle números.
El presupuesto municipal de Benito Juárez para 2026 asciende a 8,253 millones de pesos. Una primera bolsa de 200 millones de pesos para esta estrategia representaría aproximadamente 2.4% del presupuesto anual. No sería una cantidad fuera de escala: Cancún ya destinó aproximadamente 100 millones a la modernización de 167 cruces semaforizados y en 2025 reportó una inversión de 111 millones en 10 Cruces Seguros, dos ordenamientos viales y mantenimiento de la red semafórica.
Una primera envolvente de 200 millones, sujeta naturalmente a estudios y proyectos ejecutivos, podría orientar aproximadamente 110 millones a cruces y corredores prioritarios; 35 millones a zonas escolares y entornos 30; 25 millones a inteligencia semafórica, datos y monitoreo; 20 millones a señalización, control de velocidad y educación vial; y 10 millones a auditorías, evaluación e indicadores públicos.
Pero el objetivo no es gastar 200 millones. El objetivo es devolver seguridad y tiempo.
Si lográramos reducir apenas 5% la velocidad promedio en los puntos críticos, la experiencia internacional permite plantear como referencia una disminución cercana a 20% en fatalidades. Y si sincronización semafórica, tecnología y gestión de corredores redujeran entre 5% y 10% los tiempos en las zonas intervenidas —una meta que tendría que medirse corredor por corredor—, un recorrido promedio de 38.4 minutos podría ahorrar entre dos y cuatro minutos por trayecto. La tecnología de prioridad y coordinación semafórica ha conseguido reducciones de alrededor de 10% en tiempos de paso en experiencias documentadas por el Departamento de Transporte estadounidense.
Parece poco hasta que lo convertimos en vida: para alguien que va y vuelve del trabajo 250 días al año, significaría recuperar aproximadamente 16 a 32 horas anuales. Hasta cuatro jornadas laborales que hoy dejamos atrapadas en el tráfico.
Eso es lo que una política pública debe hacer sentir: menos frenazos, menos miedo al cruzar una avenida, menos estrés, ambulancias que pueden avanzar, padres que llevan a sus hijos con tranquilidad y personas que saben que tienen mayores posibilidades de llegar seguras a casa.
Hay además un terreno favorable que debemos reconocer. La presidenta Claudia Sheinbaum ha llevado la movilidad segura, accesible y eficiente a la planeación nacional. Y la gobernadora Mara Lezama está impulsando el PIMUS Metropolitano Cancún-Isla Mujeres con visión 2026-2040. Son pasos correctos que merecen reconocerse. Tenemos una ruta nacional y estatal; ahora hay que convertirla en resultados cotidianos en Benito Juárez.
No necesitamos escoger entre topes o velocidad. Necesitamos una ciudad donde el tope sea la excepción y la seguridad vial sea la regla.
Un tope puede frenar un automóvil. Una estrategia bien diseñada puede salvar vidas, devolvernos tiempo y hacer que Cancún se sienta más seguro para todos.
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