Liquidar un crédito hipotecario representa uno de los mayores logros financieros para cualquier familia. Sin embargo, muchas personas creen que al realizar el último pago automáticamente se convierten en propietarios absolutos de su vivienda. La realidad es distinta: aún queda un paso fundamental para obtener plena certeza jurídica sobre el inmueble.
Cuando un banco o el Infonavit otorgan un crédito, la propiedad queda gravada como garantía del financiamiento. Aunque la deuda haya sido liquidada, ese gravamen permanece inscrito hasta que se realiza el trámite formal de cancelación ante el Registro Público de la Propiedad.
Omitir este procedimiento puede generar complicaciones al vender la vivienda, heredarla, donarla o utilizarla como garantía para un nuevo financiamiento. En otras palabras, haber terminado de pagar no significa que el proceso haya concluido.
Si el crédito fue con Infonavit, el propietario debe verificar que el financiamiento aparezca como liquidado, obtener la carta de instrucción para la cancelación de la hipoteca y realizar el trámite correspondiente mediante una notaría o, según la legislación estatal, directamente en el Registro Público de la Propiedad.
En el caso de los créditos bancarios, la institución financiera emite la carta finiquito o de cancelación de hipoteca, documento indispensable para que un notario formalice la liberación del gravamen y ésta quede inscrita legalmente.
En el sector inmobiliario solemos hablar de la importancia de comprar bien, invertir bien y financiar bien. Pero también es indispensable cerrar correctamente el ciclo de una operación. La verdadera tranquilidad no llega con el último pago, sino cuando la propiedad queda legalmente libre de cargas.
La certeza jurídica es uno de los activos más valiosos de cualquier patrimonio. Y en materia inmobiliaria, los detalles legales pueden marcar la diferencia entre una inversión segura y un problema futuro.
