Mientras Morena realiza un intenso trabajo de campo en Quintana Roo, sumando simpatizantes que eventualmente podrían convertirse en afiliados y votantes, en el ámbito nacional parece complicarse la tarea de conservar la confianza ciudadana. La discusión de una propuesta en materia electoral abrió un debate sobre los límites entre la regulación de la propaganda y la libertad de expresión, justo cuando se aproxima la contienda de 2027.
En la Cámara de Diputados, un predictamen de la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral contempla criterios para determinar cuándo una cobertura informativa podría considerarse indebida y derivar en la nulidad de una elección.
El planteamiento abre la posibilidad de presumir esa irregularidad cuando la programación o los espacios informativos y noticiosos constituyan, por su carácter reiterado y sistemático, una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales, en lugar de responder al ejercicio periodístico.
El diputado de Morena Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, quedó en el centro de la controversia. La preocupación no es menor: ¿quién determinaría cuándo una cobertura periodística deja de ser un ejercicio informativo y se convierte en propaganda? Una frontera imprecisa podría abrir la puerta a interpretaciones que comprometan la libertad de expresión.
El predictamen circuló cuando el proceso electoral 2026-2027 ya había comenzado. Ante las dudas sobre sus alcances y su aplicación, la discusión se aplazó para el próximo año. La decisión pospone el debate, pero no resuelve la pregunta de fondo: ¿cómo garantizar la equidad electoral sin poner en riesgo el trabajo periodístico?
Morena, un partido que ha cosechado importantes triunfos en las urnas, enfrenta ahora el reto de demostrar que también sabe convivir con la crítica y respetar las reglas que protegen la pluralidad democrática. Ganar elecciones exige construir mayorías; conservar la legitimidad requiere, además, escuchar y respetar las voces que incomodan.
Porque una cosa es defender la equidad en las contiendas y otra muy distinta es generar incertidumbre sobre el ejercicio periodístico. En democracia, la crítica no debería convertirse en una amenaza ni la cobertura incómoda en motivo de sospecha automática.
EN EL OJO DEL HURACÁN
Comparecencias: entre los números y la rendición de cuentas
Las comparecencias de funcionarios públicos corren el riesgo de convertirse en una pasarela de egos, donde la rendición de cuentas cede terreno ante el lucimiento personal, los discursos ensayados y el aplauso fácil. Concebidas para evaluar la gestión pública mediante información verificable y respuestas claras, pueden terminar convertidas en escaparates políticos que ofrecen más visibilidad a sus protagonistas que certidumbre a la ciudadanía.
En las recientes comparecencias ante el Congreso de Quintana Roo, las intervenciones de Alma Gabriela Arroyo Angulo, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, y de Omega Istar Ponce Palomeque, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, abren una discusión sobre la diferencia entre presentar cifras y rendir cuentas de manera efectiva.
Los números, por sí solos, no bastan. Es necesario conocer qué resultados representan, qué problemas persisten y qué acciones concretas se emprenden para atenderlos. En materia anticorrupción, la exposición de avances tendría que acompañarse de respuestas claras sobre los pendientes y los obstáculos que aún enfrenta el sistema.
La comparecencia de Arroyo Angulo dejó, según la observación de esta columna, una impresión marcada por los altercados y las prolongadas llamadas telefónicas en las afueras del Congreso. Sin embargo, más allá de esas escenas, la pregunta sustantiva sigue siendo qué tan eficaces son los mecanismos de prevención, detección y sanción de la corrupción, así como de qué manera pueden evaluarse sus resultados.
En el caso de Omega Ponce, el acceso a la información y la atención ciudadana merecen especial atención. Si para ejercer un derecho es necesario solicitar una cita y el procedimiento termina convirtiéndose en una barrera, resulta legítimo preguntarse si los mecanismos de atención facilitan realmente el acceso o, por el contrario, lo complican.
Al final, una comparecencia no debería medirse por la cantidad de diapositivas, la elocuencia del discurso o la capacidad de ocupar los reflectores. Su valor está en las respuestas que ofrece, los resultados que acredita y los compromisos que permite exigir.
En la alfombra roja de la política, algunos dominan la puesta en escena. La ciudadanía, sin embargo, necesita algo más que una buena presentación: necesita cuentas claras.
