Una pareja puede terminar. El amor puede acabarse. La vida puede tomar caminos distintos. Pero hay algo de lo que nadie se divorcia: de sus hijos.
Esta semana Quintana Roo volvió visible una realidad familiar.
En Benito Juárez, un padre de tres menores fue sentenciado a cinco años de prisión y al pago de 1 millón 13 mil 950 pesos como reparación del daño, después de incumplir parcialmente desde 2019 una pensión de 32 mil pesos mensuales.
No se trata de celebrar una cárcel, sino de entender que detrás de cada pensión incumplida hay derechos de niñas y niños.
Un hijo come todos los días. Necesita zapatos, medicinas, educación y un techo aunque sus padres estén separados.
Por eso la pensión no es dinero para la expareja: es dinero de los hijos.
La ley de Quintana Roo es clara. Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación, salud y educación. Y el Código Penal contempla de uno a cinco años de prisión, reparación de las cantidades no suministradas y sanciones mayores cuando alguien se coloca deliberadamente en insolvencia para evadir su responsabilidad.
Los tribunales ya están aplicando esa norma. En marzo de 2026, otro padre de tres menores recibió tres años de prisión y 233 mil 200 pesos de reparación del daño.
En octubre de 2025, la Fiscalía reportó 12 vinculaciones a proceso en un solo mes por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
Y Quintana Roo cerró 2025 con más de 200 hombres y mujeres inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.
No estamos frente a un conflicto privado sin consecuencias, ni ante una guerra entre hombres y mujeres.
Los hijos no pueden convertirse en moneda de cambio, ni el dinero utilizarse para controlar o someter a quien tiene a su cargo la crianza. Hoy existen padres que cuidan a sus hijos y madres obligadas a pagar alimentos.
La responsabilidad parental no tiene género. La justicia tampoco debería tenerlo.
Y la justicia no sólo puede castigar: también debe reparar. En 2022, el Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía recuperó 81.1 millones de pesos para víctimas de distintos delitos. En 2025 fueron 161.6 millones: prácticamente el doble.
No todo ese dinero corresponde a pensiones alimenticias, pero durante 2025 se documentaron de manera recurrente acuerdos reparatorios por incumplimiento de obligaciones familiares; sólo en siete meses reportados sumaron al menos 69 asuntos.
El objetivo no es llenar las cárceles, sino lograr que los derechos se cumplan y que niñas y niños no paguen el conflicto de los adultos.
Hay que reconocer el rumbo que ha marcado la gobernadora Mara Lezama al colocar a la niñez en el centro de una política de justicia social. Las sentencias corresponden al Poder Judicial y las investigaciones a una Fiscalía autónoma; pero durante su administración vemos registros, vinculaciones, reparaciones y sentencias que hacen visible que abandonar económicamente a un hijo tiene consecuencias.
Falta camino.
Esconder ingresos, abandonar un empleo o aparentar insolvencia no convierte a nadie en más listo que su expareja. Sólo traslada la carga a quien no eligió la separación: los hijos.
Si tuvimos la madurez para traer una vida al mundo, debemos tenerla también para alimentarla, vestirla, educarla, protegerla y darle un hogar.
No celebremos que una madre o un padre termine en prisión. Celebremos que los derechos de sus hijos están dejando de ser opcionales.
Porque los adultos podemos separarnos, reconstruir nuestra vida e incluso volver a enamorarnos.
De nuestros hijos no nos divorciamos.
