Las mejores leyes no nacen después de una tragedia. Nacen antes.
Durante décadas, el Congreso ha reaccionado a los problemas. Ocurre un delito, una crisis o un caso que conmueve al país y entonces llega una reforma para intentar evitar que vuelva a suceder.
Pero el verdadero reto del siglo XXI es distinto: legislar utilizando evidencia científica para prevenir los problemas antes de que aparezcan.
En Quintana Roo existen razones para comenzar por la infancia.
Durante 2024 se registraron 2 mil 959 divorcios en el estado. La tasa alcanzó 2.20 divorcios por cada mil personas mayores de 18 años, superior al promedio nacional de 1.79, lo que ubica a Quintana Roo entre las entidades con mayor incidencia de divorcios del país.
A nivel nacional, 44.2 por ciento de los divorcios judiciales involucran al menos a una niña, niño o adolescente. Si ese comportamiento es similar en nuestra entidad, hablamos de alrededor de mil 170 procedimientos judiciales relacionados con menores de edad cada año.
Sin embargo, existe un dato todavía más preocupante.
Sabemos cuántas parejas se divorcian.
Pero no sabemos cuántos niños desarrollan ansiedad, depresión u otras afectaciones emocionales derivadas de esos procesos. No existe una estadística pública consolidada que permita conocer cuántos litigios de custodia incluyen evaluaciones psicológicas, cuántos menores terminan en convivencias supervisadas o cuántos presentan daños emocionales asociados a conflictos prolongados entre adultos.
Lo que no se mide, difícilmente puede prevenirse.
Y aquí surge una pregunta incómoda:
Si hoy contamos con mejores herramientas para conocer el entorno familiar de una niña o un niño, ¿por qué no fortalecer expresamente su utilización cuando está en juego su futuro?
Durante muchos años, la discusión sobre la guarda y custodia se concentró en aspectos indispensables, pero insuficientes: quién tiene una vivienda, quién cuenta con mayores ingresos o quién puede demostrar mejores condiciones materiales.
Todo eso importa.
Pero hoy la ciencia nos demuestra que no es suficiente.
La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada siete adolescentes entre 10 y 19 años vive con algún trastorno de salud mental, y la ansiedad y la depresión representan una parte importante de esa carga. Además, la exposición prolongada a conflictos familiares, violencia o estrés constituye uno de los factores de riesgo reconocidos para el deterioro del bienestar emocional infantil.
Las condiciones materiales siguen siendo importantes. Nadie lo discute.
Pero una vivienda adecuada, por sí sola, no revela la calidad de los vínculos familiares, la estabilidad emocional del entorno ni la capacidad de proteger el desarrollo integral de una niña o un niño.
Hoy sabemos que existen factores que no pueden apreciarse a simple vista y que también deben formar parte del análisis cuando está en juego el interés superior de la niñez.
Actualmente existen herramientas desarrolladas por la psicología, el trabajo social, la psiquiatría y otras disciplinas capaces de evaluar capacidades de crianza, estabilidad emocional, vínculos afectivos, corresponsabilidad parental, factores de riesgo y dinámicas de manipulación o violencia que muchas veces permanecen invisibles dentro de un expediente tradicional.
Si utilizamos tecnología para diagnosticar enfermedades, ingeniería para construir puentes y ciencia para diseñar políticas públicas, ¿por qué no utilizar conocimiento especializado cuando se trata de decidir el futuro de una niña o un niño?
Con esa visión preventiva, presenté una iniciativa para incorporar la idoneidad parental al Código Civil de Quintana Roo, con el propósito de que, cuando existan indicios de riesgo para niñas, niños y adolescentes, las personas juzgadoras puedan ordenar valoraciones especializadas que les permitan tomar decisiones con mayores elementos técnicos.
La propuesta no sustituye el criterio judicial, no presume que una madre o un padre sean mejores por su género y tampoco convierte un dictamen en una sentencia automática.
Lo que busca es fortalecer las herramientas con las que cuenta la autoridad para proteger el interés superior de la niñez, incorporando expresamente la seguridad psicoemocional y la posibilidad de ordenar valoraciones psicológicas, sociofamiliares, interdisciplinarias y de idoneidad parental cuando existan elementos que adviertan posibles afectaciones al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Ese es, quizá, el cambio más importante:
Pasar de una justicia que reacciona cuando el daño ya ocurrió a una justicia que intenta evitarlo.
Porque proteger a la infancia ya no consiste únicamente en garantizar alimento, vestido y educación.
También significa proteger su salud mental, sus vínculos afectivos y su derecho a crecer en un entorno libre de manipulación, miedo y violencia.
Las mejores leyes no castigan únicamente los errores del pasado.
Las mejores leyes llegan antes que las tragedias.
